Una vez que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, se revive de nuevo la deuda con el pasado. Hemos visto que los representantes de los partidos políticos – de izquierda y derecha – siguen pensando que el pasado debe olvidarse porque, si se mantiene vivo en la memoria actual, impediría el proceso de reconciliación iniciado por con los acuerdos de paz. Para asegurarse la muerte de la memoria, se aferran a la Ley de Amnistía aplicada a los graves hechos de violencia ocurridos desde 1980.