Un acto de violencia no equivale a una manifestación violenta y, por lo tanto, gobiernos y fuerzas policiales deben garantizar derechos aunque ocurran disturbios. Esa reivindicación parte de un documento firmado por 15 entidades de derechos humanos, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), de Argentina, y Conectas, de Brasil.