Durante su estancia en la Universidad de Harvard, Aaron Swartz usó los privilegios de acceso a JSTOR, un prestigioso sistema de publicaciones académicas, para descargar millones de artículos y regalarlos en Internet. Por supuesto, Harvard no se lo permitiría. Entonces, se dispuso a bajarlos manualmente desde el campus del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), otra prestigiosa universidad de Estados Unidos.

Esos actos -“de buena voluntad”-, lo condujeron, sin otras mediaciones, al arresto por crimen informático, violación de los términos de uso de JSTOR y por entrar a un área restringida. La “obra” le costaría al joven más que unos cargos judiciales. Los acusadores sabían, al parecer, el significado de liberar más de cuatro millones de artículos académicos.

Aun cuando investigadores y políticos se jactan en definiciones como Sociedad de la Información, o su contraparte Sociedad del Conocimiento, no existe suficiente claridad teórica ni ideológica en cuanto a lo que designan.

Por un lado, podríamos adjudicar que mucha de esa información-conocimiento continua en grandes bases de datos como privilegios de unos pocos, aunque exista un cúmulo accesible desde Internet. Valdría bien preguntarse qué acceso, y a qué información, requerimos para desempeñarnos en un mundo cada vez más interconectado y plural.

La privatización de buscadores, librerías electrónicas, plataformas y repositorios, choca una y otra vez contra el espíritu horizontal, de participación y comunicación de un supuesto escenario de conexión entre máquinas y –sobre todo- entre seres humanos.

Específicamente, la noción de Sociedad de la Información enfatiza más en el artefacto que en los usos –posibles y probables- de las personas para transformar su realidad.  No es fortuito, ahí se cobija la legitimación de políticas oficiales de países desarrollados, como si extender cables y computadoras fuese una carrera de fondo o un par de zapatos de moda. La fascinación tecnológica por el aparato, por el instrumento, limita la orientación en torno a ¿qué hacer con la información?, ¿para qué el conocimiento?

Algunos autores atribuyen la ambigüedad de la expresión Sociedad de la Información, a su trasfondo en la llamada globalización neoliberal, cuya principal meta ha sido acelerar la instauración de un mercado mundial abierto y “autorregulado”.  Tampoco resulta sensato albergar la diversidad de realidades del siglo XXI bajo el singular de “sociedad”.

Lo que es particular de este momento histórico es que el uso de la tecnología, que supone acceso a la información, se convierte en recurso estratégico de producción, organización y desarrollo social. En síntesis: la información se torna objeto de trabajo en la generación de riquezas materiales y valores intangibles. Digamos, Sociedad de la Información es un traje elegante pero mal cortado, no nos identifica en nuestra naturaleza plural.

Entra en escena entonces, Sociedad(es) del Conocimiento, personaje que encarna una concepción más holística en torno al acceso al saber. Un acceso que supone en sí mismo transformaciones de orden cultural y económico, no solo para la sociedad como sumatoria, sino también para cada uno de sus ciudadanos. Pareciera que esta prenda acierta mejor a nuestras figuras y temperamentos.

Aunque algunos organismos internacionales se sirven de estos conceptos para definir el mundo en que vivimos, que no es el del motor de combustión ni la bombilla eléctrica, sino el de la información y la comunicación, aun pareciera no haber certezas en cómo nombrar las sociedades de nuestro tiempo.

El profesor e investigador cubano Pedro Urra, propone la alternativa de “sociedad de la dignidad”, no en tono de consiga, sino como tinta remarcable de que es el ser humano quien se ubica al centro de todo proceso socio-tecnológico.

El 28 de septiembre, mientras conmemoramos el día mundial de acceso a la información, probablemente hayamos recordado las intenciones de aquel joven estadounidense que chocó contra el conglomerado de la casi ilógica privatización de la información, no porque su decisión haya sido una proeza, sino porque legitima la necesidad de que la información (pública) merece ser de acceso colectivo.