O asilo a Assange - O Equador dá lição de dignidade e firmeza
Agosto 17, 2012 21:00 - no comments yetO governo do Equador deu ao mundo uma lição de firmeza e dignidade ao conceder «asilo diplomático» ao jornalista australiano Julian Assange, fundador da Wikileaks, refugiado na sua embaixada em Londres desde o dia 19 de Junho.
A nota do Ministério das Relações Exteriores concedendo o asilo foi emitida horas depois de ter recebido um «memorial» do governo britânico informando que este concluíra ter o direito de invadir pela força as instalações da embaixada equatoriana se Assange não lhe fosse entregue a fim de ser extraditado para a Suécia.
Minutos depois, um forte dispositivo policial cercou o edifício da embaixada.
A manobra de chantagem produziu um efeito oposto ao visado pelo Foreign Office. O governo de Rafael Correa já deu provas que não se submete a ameaças do imperialismo.
A manobra de chantagem produziu um efeito oposto ao visado pelo Foreign Office. O governo de Rafael Correa já deu provas que não se submete a ameaças do imperialismo.
A iniciativa britânica foi obviamente recebida com espanto a nível mundial. Não há precedentes na história das relações diplomáticas entre estados soberanos de uma violação da total imunidade de que gozam as embaixadas comparável à sugerida na nota do governo de Sua Majestade.
Nem Hitler durante a guerra mundial ousou invadir embaixadas de países que haviam acolhido refugiados judeus. Nem Pinochet no Chile forçou a entrada em qualquer embaixada para retirar gente perseguida pelo exército.
O único caso conhecido de desrespeito frontal da inviolabilidade de sedes de missões diplomáticas, garantida pela Convenção de Viena de 1949 e pela Convenção de Genebra de 1996 (e pela Carta da ONU, Declaração Universal dos Direitos do Homem, etc.) ocorreu no Afeganistão em 1969 quando uma horda talibã invadiu a embaixada da ONU em Kabul e retirou dali o presidente Muhamad Najibullah para o enforcar numa praça da cidade.
A ameaça britânica é esclarecedora do nível ético dos atuais responsáveis pela política exterior do Reino Unido.
A reação do governo de Cameron à concessão do asilo a Julian Assange veio aliás confirmar o servilismo de Londres, empenhado em atender pressões dos EUA.
O ministro dos Estrangeiros, William Haggue, apressou-se a declarar que a decisão equatoriana «não altera nada». O Reino Unido – disse – não reconhece o direito de asilo. Afirmou que não será entregue um salvo-conduto a Assange, que «será extraditado para a Suécia».
O processo contra o jornalista australiano tem aspectos folhetinescos. Foi acusado pela justiça de Estocolmo de ter mantido relações sexuais sem protecção com uma rapariga sueca.
Isso aconteceu quando corriam pelo mundo, entregues pela Wikileaks a influentes jornais, milhares de documentos trocados entre as embaixadas dos EUA e o Departamento de Estado, reveladores da existência de uma rede de espionagem secreta altamente comprometedora para o imperialismo norte-americano.
A Nota equatoriana sobre a concessão do asilo a Assange é uma peça diplomática solidamente fundamentada no direito internacional. A exposição de motivos que justifica a decisão tomada pelo Presidente sublinha os vícios do processo jurídico iniciado na Suécia contra Assange e invoca a forte possibilidade de Assange ser extraditado para os EUA onde «não teria um julgamento justo e poderia ser julgado por tribunais especiais ou militares», não sendo de excluir que o condenassem «a prisão perpétua ou na pena capital».
É imprevisível no momento o desfecho da situação criada pela recusa britânica de respeitar a decisão soberana do governo do Equador.
Julian Assange vai provavelmente permanecer muito tempo na embaixada onde se encontra.
Mas enquanto o governo de Cameron projeta nestes dias no mundo uma imagem desprestigiante ao tripudiar sobre princípios do Direito Internacional estabelecidos por Convenções por ele assinadas, o Presidente Rafael Correa torna-se credor da admiração da humanidade democrática e progressista.
Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración
Agosto 17, 2012 21:00 - no comments yet
Declaración del Gobierno de la República del Ecuador sobre la solicitud de asilo de Julian Assange
El 19 de junio de 2012, el ciudadano de nacionalidad australiana Julian Assange, se presentó en el local de la Embajada del Ecuador en Londres, a fin de solicitar la protección diplomática del Estado ecuatoriano, acogiéndose a las normas sobre Asilo Diplomático vigentes. El requirente ha basado su pedido en el temor que le produce la eventual persecución política que podría sufrir en un tercer Estado, el mismo que podría valerse de su extradición al Reino de Suecia para obtener a su vez la extradición ulterior a aquel país.
El Gobierno del Ecuador, fiel al procedimiento del Asilo, y atribuyendo la máxima seriedad a este caso, ha examinado y evaluado todos los aspectos implicados en el mismo, particularmente los argumentos presentados por el señor Assange para respaldar el temor que siente ante una situación que esta persona percibe como un peligro para su vida, su seguridad personal y su libertad.
Es importante señalar que el señor Assange ha tomado la decisión de solicitar el asilo y protección del Ecuador por las acusaciones que, según manifiesta, le han sido formuladas por supuesto “espionaje y traición”, con lo cual este ciudadano expone el temor que le infunde la posibilidad de ser entregado a las autoridades de los Estados Unidos de América por las autoridades británicas, suecas o australianas, pues aquel es un país, señala el señor Assange, que lo persigue debido a la desclasificación de información comprometedora para el Gobierno estadounidense. Manifiesta, asimismo, el solicitante, que “es víctima de una persecución en distintos países, la cual deriva no solo de sus ideas y sus acciones, sino de su trabajo al publicar información que compromete a los poderosos, de publicar la verdad y, con ello, desenmascarar la corrupción y graves abusos a los derechos humanos de ciudadanos alrededor del mundo”.
Por lo tanto, para el solicitante, la imputación de delitos de carácter político es lo que fundamenta su pedido de asilo, pues en su criterio, se encuentra ante una situación que supone para él un peligro inminente que no puede resistir. A fin de explicar el temor que le infunde una posible persecución política, y que esta posibilidad termine convirtiéndose en una situación de menoscabo y violación de sus derechos, con riesgo para su integridad y seguridad personal, y su libertad, el Gobierno del Ecuador consideró lo siguiente:
- Que Julian Assange es un profesional de la comunicación galardonado internacionalmente por su lucha a favor de la libertad de expresión, la libertad de prensa y de los derechos humanos en general;
- Que el señor Assange compartió con el público global información documental privilegiada que fue generada por diversas fuentes, y que afectó a funcionarios, países y organizaciones;
- Que existen serios indicios de retaliación por parte del país o los países que produjeron la información divulgada por el señor Assange, represalia que puede poner en riesgo su seguridad, integridad, e incluso su vida;
- Que, a pesar de las gestiones diplomáticas realizadas por el Estado ecuatoriano, los países de los cuales se han requerido garantías suficientes para proteger la seguridad y la vida del señor Assange, se han negado a facilitarlas;
- Que, existe la certeza de las autoridades ecuatorianas de que es factible la extradición del señor Assange a un tercer país fuera de la Unión Europea sin las debidas garantías para su seguridad e integridad personal;
- Que la evidencia jurídica muestra claramente que, de darse una extradición a los Estados Unidos de América, el señor Assange no tendría un juicio justo, podría ser juzgado por tribunales especiales o militares, y no es inverosímil que se le aplique un trato cruel y degradante, y se le condene a cadena perpetua o a la pena capital, con lo cual no serían respetados sus derechos humanos;
- Que, si bien el señor Assange debe responder por la investigación abierta en Suecia, el Ecuador está consciente que la fiscalía sueca ha tenido una actitud contradictoria que impidió al señor Assange el total ejercicio del legítimo derecho a la defensa;
- Que el Ecuador está convencido de que se han menoscabado los derechos procesales del señor Assange durante dicha investigación;
- Que el Ecuador ha constatado que el señor Assange se encuentra sin la debida protección y auxilio que debía recibir de parte del Estado del cual es ciudadano;
- Que, al tenor de varias declaraciones públicas y comunicaciones diplomáticas realizadas por funcionarios de Gran Bretaña, Suecia y Estados Unidos de América, se infiere que dichos gobiernos no respetarían las convenciones y tratados internacionales, y darían prioridad a leyes internas de jerarquía secundaria, contraviniendo normas expresas de aplicación universal; y,
- Que, si el señor Assange es reducido a prisión preventiva en Suecia (tal y como es costumbre en este país), se iniciaría una cadena de sucesos que impediría que se tomen medidas de protección ulterior para evitar la posible extradición a un tercer país.
De esta forma, el Gobierno del Ecuador considera que estos argumentos dan sustento a los temores de Julian Assange, en tanto este puede ser víctima de una persecución política, como consecuencia de su defensa decidida a favor de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, así como de su posición de repudio a los abusos en que suele incurrir el poder en determinados países, aspectos que hacen pensar al señor Assange que, en cualquier momento, puede presentarse una situación susceptible de poner en peligro su vida, seguridad o integridad personal. Este temor le ha conminado a ejercer su derecho humano de buscar y recibir asilo en la Embajada del Ecuador en el Reino Unido.
El Artículo 41 de la Constitución de la República del Ecuador define claramente el derecho de asilar. En virtud de esta disposición, en el Ecuador están plenamente reconocidos los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Según dicha norma constitucional:
“las personas que se encuentran en situación de asilo y refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia”.
Asimismo, el derecho de asilo se encuentra reconocido en el Artículo 4.7 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior de 2006, que determina la facultad del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador para conocer los casos de asilo diplomático, de acuerdo con las leyes, los tratados, el derecho y la práctica internacional.
Cabe subrayar que nuestro país se ha destacado en los últimos años por acoger a un gran número de personas que han solicitado asilo territorial o refugio, habiendo respetado irrestrictamente el principio de no devolución y de no discriminación, al tiempo que ha adoptado medidas encaminadas a otorgar el estatuto de refugiado de una manera expedita, teniendo en cuenta las circunstancias de los solicitantes, en su gran mayoría colombianos que huyen del conflicto armado en su país. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha elogiado la política de refugio del Ecuador, y ha resaltado el hecho significativo de que en el país no se haya confinado en campamentos a estas personas, sino que han sido integradas a la sociedad, en pleno goce de sus derechos humanos y garantías.
El Ecuador sitúa el derecho de asilo en el catálogo universal de los derechos humanos y cree, por tanto, que la aplicación efectiva de este derecho requiere de la cooperación internacional que puedan prestarse nuestros países, sin la cual resultaría infructuoso su enunciado, y la institución sería del todo ineficaz. Por estos motivos, y recordando la obligación que han asumido todos los Estados para colaborar en la protección y promoción de los Derechos Humanos, tal como lo dispone la Carta de las Naciones Unidas, invita al Gobierno británico a brindar su contingente para alcanzar este propósito.
Para estos efectos, el Ecuador ha podido constatar, en el transcurso del análisis de las instituciones jurídicas vinculadas al asilo, que a la conformación de este derecho concurren principios fundamentales del derecho internacional general, los mismos que por su importancia tienen valor y alcance universal, por cuanto guardan consonancia con el interés general de la comunidad internacional en su conjunto, y cuentan con el pleno reconocimiento por parte de todos los Estados. Dichos principios, que se encuentran contemplados en diversos instrumentos internacionales, son los siguientes:
a) El asilo, en todas sus modalidades, es un derecho humano fundamental que crea obligaciones erga omnes, es decir, “para todos” los Estados.b) El asilo diplomático, el refugio (o asilo territorial), y los derechos a no ser extraditado, expulsado, entregado o transferido, son derechos humanos equiparables, ya que se basan en los mismos principios de protección humana: no devolución y no discriminación sin ninguna distinción de carácter desfavorable por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión o creencia, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra condición o cualquier otro criterio análogo.c) Todas estas formas de protección están regidas por los principios pro homine (es decir, más favorable a la persona humana), igualdad, universalidad, indivisibilidad, complementariedad e interdependencia.d) La protección se produce cuando el Estado asilante, de refugio o requerido, o la potencia protectora, consideran que existe el riesgo o el temor de que la persona protegida pueda ser víctima de persecución política, o se le imputan delitos políticos.e) Corresponde al Estado asilante calificar las causas del asilo, y en caso de extradición, valorar las pruebas.f) Sin importar en cuál de sus modalidades o formas se presente, el asilo tiene siempre la misma causa y el mismo objeto lícitos, es decir, la persecución política, que es su causa lícita; y salvaguardar la vida, seguridad personal y libertad de la persona protegida, que es el objeto lícito.g) El derecho de asilo es un derecho humano fundamental, por tanto, pertenece al ius cogens, es decir, al sistema de normas imperativas de derecho reconocidas por la comunidad internacional en su conjunto, que no admiten acuerdo en contrario, siendo nulos los tratados y disposiciones del derecho internacional que se les opongan.h) En los casos no previstos en el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública, o están bajo la protección y el imperio de los principios del derecho de gentes derivados de los usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública.i) La falta de convención internacional o de legislación interna de los Estados no puede alegarse legítimamente para limitar, menoscabar o denegar el derecho al asilo.j) Las normas y principios que rigen los derechos de asilo, refugio, no extradición, no entrega, no expulsión y no transferencia son convergentes, en la medida que sea necesario para perfeccionar la protección y dotarle de la máxima eficiencia. En este sentido, son complementarios el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho de asilo y de los refugiados, y el derecho humanitario.k) Los derechos de protección de la persona humana se basan en principios y valores éticos universalmente admitidos y, por tanto, tienen un carácter humanístico, social, solidario, asistencial, pacífico y humanitario.l) Todos los Estados tienen el deber de promover el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos mediante acciones nacionales e internacionales efectivas.
El Ecuador considera que el derecho aplicable al caso de asilo del señor Julian Assange está integrado por todo el conjunto de principios, normas, mecanismos y procedimientos previstos en los instrumentos internacionales de derechos humanos (sean de carácter regional o universal), que contemplan entre sus disposiciones el derecho de buscar, recibir y disfrutar del asilo por motivos políticos; las Convenciones que regulan el derecho de asilo y el derecho de los refugiados, y que reconocen el derecho a no ser entregado, devuelto, o expulsado cuando hay fundados temores de persecución política; las Convenciones que regulan el derecho de extradición y que reconocen el derecho a no ser extraditado cuando esta medida pueda encubrir persecución política; y las Convenciones que regulan el derecho humanitario, y que reconocen el derecho a no ser transferido cuando exista riesgo de persecución política. Todas estas modalidades de asilo y de protección internacional están justificadas por la necesidad de proteger a esta persona de una eventual persecución política, o de una posible imputación de delitos políticos y/o delitos conexos a estos últimos, lo cual, a juicio del Ecuador, no solamente pondría en peligro al señor Assange, sino que además representaría una grave injusticia cometida en su contra.
Es innegable que los Estados, al haber contraído en tan numerosos y sustantivos instrumentos internacionales -muchos de ellos jurídicamente vinculantes- la obligación de brindar protección o asilo a las personas perseguidas por motivos políticos, han expresado su voluntad de establecer una institución jurídica de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, fundada en una práctica generalmente aceptada como derecho, lo que atribuye a dichas obligaciones un carácter imperativo, erga omnes que, por estar vinculadas al respeto, protección y desarrollo progresivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, forman parte del ius cogens. Algunos de dichos instrumentos se mencionan a continuación:
a) Carta de las Naciones Unidas de 1945, Propósitos y Principios de las Naciones Unidas: obligación de todos los miembros de cooperar en la promoción y protección de los derechos humanos;b) Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: derecho de buscar y disfrutar del asilo en cualquier país, por motivos políticos (Artículo 14);c) Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948: derecho de buscar y recibir asilo, por motivos políticos (Artículo 27);d) Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempos de Guerra: en ningún caso se puede transferir a la persona protegida a un país donde pueda temer persecuciones a causa de sus opiniones políticas (Artículo 45);e) Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, y su Protocolo de Nueva York de 1967: prohíbe devolver o expulsar a los refugiados a países donde su vida y libertad peligren (Artículo. 33.1);f) Convención sobre Asilo Diplomático de 1954: el Estado tiene derecho de conceder asilo y calificar la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución (Artículo 4);g) Convención sobre Asilo Territorial de 1954: el Estado tiene derecho a admitir en su territorio a las personas que juzgue conveniente (Artículo 1), cuando sean perseguidas por sus creencias, opiniones o filiación política, o por actos que puedan considerarse delitos políticos (Artículo 2), no pudiendo el Estado asilante devolver o expulsar al asilado que es perseguido por motivos o delitos políticos (Artículo 3); asimismo, la extradición no procede cuando se trata de personas que, según el Estado requerido, sean perseguidas por delitos políticos, o por delitos comunes cometidos con fines políticos, ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles políticos (Artículo 4);h) Convenio Europeo de Extradición de 1957: prohíbe la extradición si la Parte requerida considera que el delito imputado es de carácter político (Artículo 3.1);i) Declaración 2312 sobre Asilo Territorial de 1967: establece la concesión de asilo a las personas que tengan ese derecho en virtud del Artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, incluidas las personas que luchan contra el colonialismo (Artículo 1.1). Se prohíbe la negativa de admisión, la expulsión y devolución a cualquier Estado donde pueda ser objeto de persecución (Artículo 3.1);j) Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969: establece que las normas y principios imperativos de derecho internacional general no admiten acuerdo en contrario, siendo nulo el tratado que al momento de su conclusión entra en conflicto con una de estas normas (Artículo 53), y si surge una nueva norma perentoria de este mismo carácter, todo tratado existente que entre en conflicto con dicha norma es nulo y se da por terminado (Artículo 64). En cuanto a la aplicación de estos artículos, la Convención autoriza a los Estados a demandar su cumplimiento ante la Corte Internacional de Justicia, sin que se requiera la conformidad del Estado demandado, aceptando la jurisdicción del tribunal (Artículo 66.b). Los derechos humanos son normas del ius cogens.k) Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969: derecho de buscar y recibir asilo, por motivos políticos (Artículo 22.7);l) Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo de 1977: el Estado requerido está facultado para negar la extradición cuando existan el peligro de que la persona sea perseguida o castigada por sus opiniones políticas (Artículo 5);m) Convención Interamericana sobre Extradición de 1981: la extradición no es procedente cuando el reclamado haya sido juzgado o condenado, o vaya a ser juzgado ante un tribunal de excepción o ad hoc en el Estado requirente (Artículo 4.3); cuando, con arreglo a la calificación del Estado requerido, se trate de delitos políticos, o de delitos conexos o de delitos comunes perseguidos con una finalidad política; cuando, de las circunstancias del caso, pueda inferirse que media propósito persecutorio por consideraciones de raza, religión o nacionalidad, o que la situación de la persona corra el riesgo de verse agravada por alguno de tales motivos (Artículo 4.5). El Artículo 6 dispone, en referencia al Derecho de Asilo, que “nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como limitación del derecho de asilo, cuando éste proceda”.n) Carta Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos de 1981: derecho del individuo perseguido a buscar y obtener asilo en otros países (Artículo 12.3);o) Declaración de Cartagena de 1984: reconoce el derecho a refugiarse, a no ser rechazado en frontera y a no ser devuelto.p) Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000: establece el derecho de protección diplomática y consular. Todo ciudadano de la Unión podrá acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales de este Estado (Artículo 46).
El Gobierno del Ecuador considera importante destacar que las normas y principios reconocidos en los instrumentos internacionales citados, y en otros acuerdos multilaterales, tienen preeminencia sobre el derecho interno de los Estados, pues dichos tratados se basan en una normativa universalizadora orientada por principios intangibles, de lo cual se deriva un mayor respeto, garantía y protección de los derechos humanos en contra de actitudes unilaterales de los mismos Estados. Esto restaría eficacia al derecho internacional, el cual debe más bien ser fortalecido, de tal manera que el respeto de los derechos fundamentales se consolide en función de su integración y carácter ecuménico.
Por otro lado, desde que Julian Assange solicitó asilo político al Ecuador, se han mantenido diálogos de alto nivel diplomático, con Reino Unido, Suecia y Estados Unidos.
En el trascurso de estas conversaciones, nuestro país ha apelado a obtener de Reino Unido las garantías más estrictas para que Julian Assange enfrente, sin obstáculos, el proceso jurídico abierto en Suecia. Dichas garantías incluyen que, una vez ventiladas sus responsabilidades legales en Suecia, no sea extraditado a un tercer país; esto es, la garantía de que no se aplique la figura de la especialidad. Por desgracia, y a pesar de los repetidos intercambios de textos, el Reino Unido en ningún momento dio muestras de querer alcanzar compromisos políticos, limitándose a repetir el contenido de los textos legales.
Los abogados de Julian Assange solicitaron a la justicia sueca que tome las declaraciones de Julian Assange en el local de la Embajada de Ecuador en Londres. El Ecuador trasladó oficialmente a las autoridades suecas su voluntad de facilitar esta entrevista con la intención de no interferir ni obstaculizar el proceso jurídico que se sigue en Suecia. Esta medida es perfecta y legalmente posible. Suecia no lo aceptó.
Por otro lado, el Ecuador auscultó la posibilidad de que el Gobierno sueco estableciera garantías para que no se extraditara en secuencia a Assange a los Estados Unidos. De nuevo, el Gobierno sueco rechazó cualquier compromiso en este sentido.
Finalmente, el Ecuador dirigió una comunicación al Gobierno de Estados Unidos para conocer oficialmente su posición sobre el caso Assange. Las consultas se referían a lo siguiente:
- Si existe un proceso legal en curso o la intención de llevar a cabo tal proceso en contra de Julian Assange y/o los fundadores de la organización Wikileaks;
- En caso de ser cierto lo anterior, qué tipo de legislación, en qué condiciones y bajo qué penas máximas estarían sujetas tales personas;
- Si existe la intención de solicitar la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos.
La respuesta de los Estados Unidos ha consistido en que no puede ofrecer información al respecto del caso Assange, alegando que es un asunto bilateral entre Ecuador y Reino Unido.
Con estos antecedentes, el Gobierno del Ecuador, fiel a su tradición de proteger a quienes buscan amparo en su territorio o en los locales de sus misiones diplomáticas, ha decidido conceder asilo diplomático al ciudadano Julian Assange, en base a la solicitud presentada al señor Presidente de la República, mediante comunicación escrita, fechada en Londres, el 19 de junio de 2012, y complementada mediante comunicación fechada en Londres, el 25 de junio de 2012, para lo cual el Gobierno ecuatoriano, tras realizar una justa y objetiva valoración de la situación expuesta por el señor Assange, atendiendo a sus propios dichos y argumentaciones, hace suyos los temores del recurrente, y asume que existen indicios que permiten presumir que puede haber persecución política, o podría producirse tal persecución si no se toman las medidas oportunas y necesarias para evitarla.
El Gobierno del Ecuador tiene la certeza de que el Gobierno Británico sabrá valorar la justicia y rectitud de la posición ecuatoriana, y en consonancia con estos argumentos, confía en que el Reino Unido ofrecerá lo antes posible las garantías o el salvoconducto necesarios y pertinentes a la situación del asilado, de tal manera que sus Gobiernos puedan honrar con sus actos la fidelidad que le deben al derecho y a las instituciones internacionales que ambas naciones han contribuido a forjar a lo largo de su historia común.
También confía en mantener inalterables los excelentes lazos de amistad y respeto mutuo que unen al Ecuador y al Reino Unido y a sus respectivos pueblos, empeñados como están en la promoción y defensa de los mismos principios y valores, y por cuanto comparten similares preocupaciones acerca de la democracia, la paz, el Buen Vivir, que sólo son posibles si se respetan los derechos fundamentales de todos.
Rogério Correia: PSDB-MG usou a polícia e a mídia para tentar cassar meu mandato
Agosto 17, 2012 21:00 - no comments yet![]() |
Rogério Correia ao lado da presidente Dilma em evento do Programa Minha Casa Minha Vida, em Betim (foto do site do deputado) |
Em dezembro de 2011 a revista Veja publicou uma denúncia, A Trama dos Falsários, de Gustavo Ribeiro e Rodrigo Rangel, sugerindo que o deputado petista era um dos mentores da falsificação, pelo lobista Nilton Monteiro, da chamada Lista de Furnas, um documento que traz o nome de supostos beneficiários de esquema de caixa dois tucano nas eleições de 2002.
A reportagem de Veja foi rebatida na blogosfera, à época, com o argumento de que o texto mais parecia uma novela, recheado de adjetivos e ilações. Obviamente, a resposta não teve a mesma repercussão, mas apontou ao menos uma importante omissão da revista:
A “Veja” omitiu que existe sentença judicial, proferida pela juíza Maria Luiza Marilac Alvarenga de Araújo, inocentando Nilton Monteiro (processo 024.06.029.163-0, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 11/2009), em processo no qual é acusado por José Carlos Aleluia (ex-deputado do PFL) de falsificação da tal lista. Dentre outros motivos, a absolvição se deu pela existência de um “Laudo de Exame Documentoscópico (Mecanográfico e Grafotécnico)” do Instituto Nacional de Criminalística, do Departamento de Polícia Federal, do Ministério da Justiça, de nº 1097/2006, assinado pelos peritos Marcus de Jesus de Morais e Narumi Pereira Lima, apontando: que a versão original da “lista” não apresentava indícios de montagem; que a assinatura convergia para a de Dimas Toledo; que a empunhadura da caneta indicava forte convergência entre a assinatura e as rubricas postas nas diversas páginas; que a impressão das suas cinco páginas apontavam que foram confeccionadas pela mesma impressora; que a tinta da caneta, usada para a assinatura e para as rubricas indicavam fortes semelhanças etc.
Na semana seguinte, Veja voltou ao assunto, dizendo que a Lista teria sido forjada para aliviar a situação do ex-presidente Lula durante a crise do mensalão.
Em seguida, o jornal O Estado de Minas publicou reportagens, dentre as quais O esquema do fraudador, sugerindo que Nilton Monteiro teria cobrado dívida “por supostos serviços prestados” a Rogério Correia. Em editorial, o jornal pediu a cassação do petista.
Foi a deixa para que o PSDB formalizasse o pedido à Assembleia Legislativa, onde o grupo governista ligado ao senador Aécio Neves tem ampla maioria.
Na mesma época, a direção do PSDB pagou R$ 200 mil reais a um perito estadunidense, que concluiu que a lista era uma fraude grosseira – segundo Rogério Correia, a perícia no Exterior foi feita em uma cópia xerox.
“Isso [a cassação] só não se efetivou porque a tramoia foi desmascarada. O documento periciado pela Polícia Federal mostrava veracidade [da lista]. O Tribunal de Justiça [de Minas Gerais] já tinha julgado aqui também uma ação contra o Nilton Monteiro por falsificação da lista e tinha dado razão à veracidade da lista. E também pela reação aqui do PT, do PCdoB, do PMDB e do movimento social”, afirma hoje o petista.
Em retrospectiva, ele identifica como teria se dado a armação política:
1. Um delegado do Departamento de Operações Especiais (DEOESP) — que Correia identifica como “braço político” da polícia de Minas Gerais — teria obtido degravações de interceptações telefônicas do lobista Nilton Monteiro. As gravações, feitas com autorização da Justiça, constavam do inquérito que apurou o esquema de financiamento de campanhas cujo resumo consta da Lista de Furnas.
2. Estas degravações teriam sido tiradas de contexto nas reportagens da revista Veja, para se encaixarem na suposta trama petista, que teria Rogério Correia como um dos mentores da falsificação.
3. A repercussão na mídia mineira, especialmente em O Estado de Minas, criou o clima na opinião pública local para justificar o pedido de cassação.
O timing da movimentação dos tucanos leva o deputado a especular, hoje, que o objetivo deles era pressionar a procuradora da República Andrea Bayão Ferreira, que se preparava para fazer a denúncia relativa à Lista de Furnas no Rio de Janeiro — denúncia enfim apresentada no início deste ano, como revelou o repórter Amaury Ribeiro Jr., no jornal mineiro Hoje em Dia.
Desde as denúncias da Veja em dezembro de 2011, no entanto, a situação do deputado Rogério Correia experimentou uma reviravolta.
A demolição da quadrilha do bicheiro Carlinhos Cachoeira, em Goiás e no Distrito Federal, revelou os “métodos investigativos” da revista Veja.
A denúncia do Ministério Público Federal sobre a Lista de Furnas trouxe duas informações especialmente relevantes:
1) A perícia oficial — segundo Rogério Correia, a única feita no original da Lista de Furnas — diz que não há montagens no documento e confirma a assinatura de Dimas Fabiano Toledo, o ex-diretor de Engenharia de Furnas acusado de ser o organizador do sistema de arrecadação de recursos junto a fornecedores da empresa;
2) Contrariando o que foi divulgado pela revista Veja, o conjunto de interceptações telefônicas, na apreciação do MPF, reforça a tese de que o lobista Nilton Monteiro acreditava na autenticidade da lista. Segundo o deputado, não há nada ali que corrobore as acusações feitas contra ele pela revista. Segundo Amaury Ribeiro Jr., a procuradora escreveu que “durante a intercepção das linhas telefônicas usadas por Nilton Monteiro, nada foi captado que indicasse a falsidade da lista, ao revés, em suas conversas telefônicas, inclusive com sua esposa, sustenta que a lista é autêntica”.

Além disso, o deputado petista obteve na Justiça direito de resposta no jornal O Estado de Minas. Porém, passados quase quatro meses (a publicação do Acórdão se deu no dia 23.04.2012), o jornal ainda não fez a publicação. Em vez disso, pagou multa de 10 mil reais.
Na sentença, o TJ mineiro destacou expressões dos textos publicados no jornal, sobre Correia, que seriam “injusta imputação de crimes ao agravante, bem como injuriando o e difamando” (f. 11-TJ): “desrespeito e desfaçatez”; “ridícula demonstração de desfaçatez na Assembléia”; “desrespeitando aquela Casa e a inteligência do povo mineiro”; “encenação”; “deformada noção de compromisso com a ética e com o interesse público”; “prática de denúncia irresponsável”; “método de ação eleitoral próprio dos despreparados para vida parlamentar e o exercício do poder político”; “despudor de articular sórdida montagem”; “farsa petista”; “montagem de fraude”; “Rogério Correia (PT), patrono da iniciativa”; “O deputado (…) tentou mais uma vez enganar de boa-fé de seus colegas” (f. 06 e 09-TJ).
Rogério Correia agora estuda pedir a prisão de diretores do jornal por descumprimento de decisão judicial.
Ele também processa o jornal e a revista Veja por danos morais.
Sobre o conteúdo da Lista de Furnas, Correia diz que há dois fortes indícios de que os números que constam dela correspondem a doações que de fato aconteceram:
1) O ex-deputado Roberto Jefferson confirmou que recebeu os 75 mil reais atribuídos a ele. ”O Roberto Jefferson, que aliás para os tucanos serve para denunciar o PT, mas quando ele próprio diz que recebeu o dinheiro que está na lista, eles querem desconsiderar”, afirma o petista.
2) O deputado estadual mineiro Antonio Julio, do PMDB, que aparece na lista como recebedor de 200 mil reais, confirma que pediu a Furnas o investimento da quantia na reforma de um hospital, o que de fato aconteceu.
Pela lista, a campanha do então candidato do PSDB à Presidência, José Serra, teria recebido R$ 7 milhões; a campanha de Aécio Neves, candidato a governador de Minas, R$ 5,5 milhões.
A certa altura do relato perguntei ao deputado mineiro:
“O sr. quase foi cassado em nome de uma falsidade?”
Ele: “Uma falsidade. Feita entre o braço político [do PSDB] na Polícia Civil, através do [delegado Márcio Simões] Nabak, publicando falsidade na revista Veja em conluio com O Estado de Minas e o PSDB então pede a cassação na Assembleia Legislativa. Tudo armado!”.
Teria sido parte da armação a prisão do lobista Nilton Monteiro pela polícia civil mineira, sob a acusação de falsificar documentos não relacionados à Lista de Furnas. No período, a polícia divulgou a existência de um documento registrado em cartório mostrando que Nilton cobrava uma dívida do deputado Rogerio Correia.
O petista admite que conhece Nilton e que recebeu dele denúncias sobre esquemas de caixa dois do PSDB mineiro em 1998 e 2002. Mas afirma que nunca teve qualquer dívida com o lobista e supõe que a ação policial tinha como objetivo dar base ao pedido de cassação de seu mandato.
“Ao prender o Nilton, eles fizeram questão de desviar o assunto da prisão para a Lista de Furnas, cometendo portanto, evidentemente, uma aberração jurídica e policial. Fizeram do Nilton Monteiro, neste caso, um preso político. Passaram a averiguar algo que não era da competência deles”, afirma Rogério Correia.
Nilton Monteiro, que já está solto, nega todas as acusações feitas contra ele pela polícia. O lobista enviou carta à Assembleia Legislativa denunciando que, enquanto esteve preso, foi levado à sede da DEOESP, a do delegado Nabak, onde teria tido um encontro com três deputados federais do PSDB. Eles teriam pressionado Nilton Monteiro a negar a veracidade da Lista de Furnas e a incriminar Rogério Correia.
“Para você ver a gravidade que é! Isso que o Nilton relatou ainda não está provado. Mas o Nilton disse que esteve no gabinete do Nabak com três deputados federais do PSDB”, relata o líder do PT.
O pior, segundo Rogério Correia, passou, mas alegações contra o deputado petista continuam sendo feitas pelo PSDB, agora de forma velada.
A edição de agosto da revista Piauí traz uma reportagem sobre o mensalão mineiro, o esquema de financiamento de campanha de 1998 que tinha como um dos envolvidos o publicitário Marcos Valério.
Atenção: favor não confundir o esquema do valerioduto tucano, de 1998, com o esquema da Lista de Furnas, de 2002.
Os dois casos tem alguns personagens em comum: Rogério Correia denunciou ambos.
Nilton Monteiro, de longa atuação nos bastidores da política, atuou nos dois.
Em 1998, no caso do valerioduto mineiro, Cláudio Mourão foi o tesoureiro da campanha de reeleição de Eduardo Azeredo ao governo de Minas. Azeredo perdeu e deixou pendências em aberto, inclusive com Mourão. Em 2005, Mourão foi ao STF cobrar a conta: segundo ele, R$ 3,5 milhões. Nasceu daí a “Lista Cláudio Mourão”, que chegou à Polícia Federal pelas mãos de Nilton Monteiro.
Grosseiramente, o esquema do valerioduto funcionava assim: Marcos Valério, o publicitário, misturava em contas de sua agência dinheiro de empréstimos do Banco Rural e de aportes milionários de empresas públicas mineiras para promover o Enduro da Independência — uma prova de motocross — e repassava dinheiro para a campanha de Azeredo. Da mineradora Comig, da empresa de saneamento Copasa, do banco Bemge e da companhia de energia Cemig as empresas de Valério receberam R$ 5,1 milhões. Segundo perícia, menos de R$ 100 mil foram de fato repassados aos organizadores do Enduro.
O esquema todo teria movimentado R$ 100 milhões para financiar campanhas nacionais e estaduais do PSDB e de aliados. O ano, 1998, foi o da reeleição de Fernando Henrique Cardoso.
Valério teria feito pagamentos a 179 pessoas e empresas prestadoras de serviço da campanha de Azeredo, cujos nomes foram registrados na Lista de Cláudio Mourão.
Por conta do valerioduto tucano, o hoje senador Eduardo Azeredo foi acusado de peculato e lavagem de dinheiro no Supremo Tribunal Federal. A denúncia foi aceita por 5 votos a 3.
Em entrevista à repórter Daniela Pinheiro, da Piauí, Azeredo disse, sobre o pedido de cassação feito contra ele pelo PSOL — que não vingou — e o apoio que recebeu na época: “Não foi aquele apooooio, mas foi importante. Dentro do partido, também tive. O Sérgio Guerra, o Serra, esses me apoiaram. Mas faltou uma pessoa”.
Azeredo não disse quem lhe faltou na hora agá. Teria sido FHC, que na época afirmou “quem tiver culpa no cartório, que pague”? Ou Aécio Neves?
A frase cifrada pode não ser um bom sinal para o PSDB. Faz sentido um esforço conjunto do partido para tentar salvar Azeredo. A defesa dele se sustenta, em parte, na tese dos documentos falsificados.
À Piauí, Azeredo afirmou que a Lista de Cláudio Mourão é uma “peça espúria fabricada por um conhecido lobista mineiro a mando de um deputado do PT”.
Rogério Correia admite que Azeredo possivelmente se referiu a ele.
Nega ser o mentor desta outra lista, mas admite que investigou o caso, especialmente o envolvimento da Cemig no financiamento da campanha de 1998.
O petista diz que obteve informações concretas sobre o fluxo de dinheiro da Cemig, que entrava na conta da agência SMP&B, de Marcos Valério, e em seguida fluia para a conta de políticos: segundo Rogério Correia, há comprovantes de depósitos, por exemplo, para o ex-presidente do PSDB mineiro e atual prefeito de Juiz de Fora, Custódio Mattos.
Segundo o petista, não existe esse tipo de comprovação no caso de Aécio Neves, que em 1998 era deputado federal disputando reeleição e aparece na Lista de Cláudio Mourão como recebedor de R$ 110 mil.
Aécio é candidato potencial ao Planalto em 2014.
Quanto ao hoje senador tucano, o petista não tem dúvida: “O Aécio Neves está por trás de toda essa jogada”, ou seja, da desqualificação dos documentos e das pessoas que denunciam os esquemas de caixa dois do PSDB em Minas.
Rogério Correia resume:
“Olha, é grave a situação aqui em Minas Gerais, aqui em Minas nós não vivemos um estado de direito democrático da maneira como se deve, na plenitude democrática. Aqui nós temos um caso onde a imprensa é praticamente dominada pelo tucanato, em especial pelo grupo de Aécio Neves; O Estado de Minas é a faceta mais clara disso, só é possível que seja publicado aquilo que passa pela censura deles, o que se agrava nos períodos eleitorais; há uma censura à imprensa enorme e um conluio, agora, onde a própria Polícia Civil foi utilizada para fazer fatos políticos em favor do PSDB, utilizando a sua estrutura, transformando um setor da Polícia Civil em polícia política. Isso é de uma gravidade enorme. Utilizando então um jornal local, com respaldo da revista Veja, para se tentar cassar um mandato legitimamente democrático, que faz o que tem de fazer, que é exatamente verificar denúncias de caixa dois tanto na eleição de 1998 quanto na eleição de 2002″.
No Viomundo
Botecos
Agosto 17, 2012 21:00 - no comments yetTinha uma mania: colecionava botecos. Não os frequentava, apenas. Era um estudioso. Gostava de descobrir botecos e recomendar para os amigos. Ultimamente, vinha se especializando — um refinamento da sua paixão — no que chamava de botecos asquerosos. Daqueles que nenhum fiscal da Saúde Pública incomoda porque não passa pela porta sem desmaiar.
Seu rosto se iluminava na frente de um boteco asqueroso recém-descoberto. Não resistia e entrava. Depois contava para os amigos.
— Uma glória. Sabe ovo boiando em garrafão com água?
— Repelente, não é?
— As galinhas não os receberiam de volta. A própria mãe! Descrevia o boteco com carinhoso entusiasmo.
— E que moscas. Mas que moscas!
Só não tinha paciência com o falso sórdido. Alguns botecos assumiam suas privações como uma declaração de falta de princípios. Ele preferia o sórdido inconsciente, o sórdido autêntico. Principalmente, o sórdido pretensioso. Uma vez contara, extasiado, uma cena. Terminara de comer uma inominável almôndega, pedira um palito para o dono do boteco e desencadeara uma busca barulhenta e mal-humorada, com o dono procurando por toda parte e gritando para a mulher:
— Cadê o palito?
Finalmente o dono encontrara o palito atrás da orelha e o oferecera. Ele se emocionava só de contar.
Os amigos, sabendo da sua paixão, mantinham-se atentos para botecos sórdidos que pudessem interessá-lo. Muitos ele já conhecia.
— Um que tem uma Virgem Maria pintada num espelho com uma barata esmigalhada de tapa-olho? Vou seguido lá. A cachaça é tão braba que tem bula com contra- indicação.
Outro dia lhe trouxeram a notícia do pior dos botecos. Não era um boteco de quinta categoria. Era um boteco de última categoria. Ficava no limite entre a vida inteligente e a vida orgânica. Ele precisava ir lá verificar. Foi no mesmo dia. Ficou estudando o boteco de longe, antes de se aproximar. Tinha um garoto na porta do boteco. A função do garoto era atacar cachorros sarnentos. Quando passava um cachorro sarnento o garoto o enxotava — para dentro do boteco!
Ele atravessou a rua na direção do boteco com aquele brilho no olhar que tem o pesquisador no limiar da grande revelação, ou o santo antes do doce martírio.
E tem a história do Nascimento, que um dia quase brigou com o garçom porque chegou na mesa, cumprimentou a turma, sentou, pediu um chope e depois disse:
— E trás aí uns piriris.
— O que? – disse o garçom.
— Uns piriris.
— Não tem.
— Como, não tem?
— “Piriris” que o senhor diz é...
— Por amor de Deus. O nome está dizendo. Piriris.
— Você quer dizer – sugeriu alguém, para acabar com o impasse – uns queijinhos, uns salaminhos...
— Coisas pra beliscar – completou o outro, mais científico.
Mas o Nascimento, emburrado não disse mais nada. O garçom que entendesse como quisesse. O garçom, também emburrado, foi e voltou trazendo o chope e três pires. Com queijinhos, salaminhos e azeitonas. Durante alguns segundos, Nascimento e o garçom se olharam nos olhos. Finalmente o Nascimento deu um tapa na mesa e gritou:
— Você chama isso de piriris?
E o garçom, no mesmo tom:
— Não. Você chama isso de piriris!
Tiveram que acalmar os ânimos dos dois, a gerência trocou o garçom de mesa e o Nascimento ficou lamentando a incapacidade das pessoas de compreender as palavras mais claras. Por exemplo, “flunfa”. Não estava claro o que era flunfa? Todos na mesa se entreolharam. Não, não estava claro o que era flunfa.
— A palavra está dizendo – impacientou-se Nascimento. – Flunfa. Aquela sujeirinha que fica no umbigo. Pelo amor de Deus!
Luís Fernando Veríssimo