El Gobierno de Bangladesh está decidido a poner fin a los logros del Acuerdo de Bangladesh, que se alcanzó como consecuencia del derrumbe del edifico del Rana Plaza en 2013, en el que murieron más de 1.000 personas.

En lugar de negociar un traspaso de la responsabilidad de las funciones del Acuerdo, el Gobierno de Bangladesh se muestra intransigente, insistiendo en que el Acuerdo finalice en Bangladesh en una fecha determinada, con independencia de que haya una autoridad de seguridad competente para sustituirlo.