El presidente de la administración española, Mariano Rajoy, un “demócrata” de probadas preocupaciones y exigencias contra “el régimen” encabezado por las autoridades bolivarianas de Venezuela, y “promotor activo de transformaciones políticas” en otras naciones ajenas, acaba de arremeter contra los poderes públicos catalanes, justo porque intentaban materializar el derecho de los ciudadanos locales a decidir si siguen siendo o no parte del espacio nacional actual.

En efecto, según la más recientes informaciones, destacamentos policiales, en amplias redadas, se encargaron de incautar propaganda y documentos relacionados con el referendo planeado en Cataluña para el cercano primero de octubre, operaciones que incluso no hicieron excepción en el caso de oficinas y despachos de figuras del gobierno regional.

Las propias fuentes indicaron textualmente que “efectivos de la Guardia Civil arrestaron al secretario general de Economía, Josep Maria Jové, en su primer allanamiento a un inmueble gubernamental”, y que “la operación policial se llevó a cabo en varios departamentos de la administración local".

Añadieron que al menos “una docena de altos funcionarios fueron arrestados”, y que los “agentes del orden” indicaron que se trata de requisas contra imprentas, redacciones de periódicos y empresas privadas de entrega de mensajería “buscando folletos de la campaña soberanista, además de manuales con instrucciones para gestionar los puestos de votación y las urnas”.

Como dijeran respectivamente el consejero de Exteriores de la Generalitat, Raúl Romeva, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se tata de la imposición de un “verdadero estado de excepción” y de un “escándalo antidemocrático, toda vez que se violan instituciones y se apresa a cargos públicos por motivos políticos”.

De hecho, los actuales dirigentes catalanes se comprometieron en julio último a declarar “inmediatamente” la independencia de esa región española en caso de que el “si” ganase el referendo que el Gobierno autonómico esperaba realizar el venidero primero de octubre.

 La confirmación de tales aspiraciones facilitaba que el Parlamento local, en los dos días siguientes a la publicación de los resultados que determinaran la victoria del sí, actuase en consecuencia con lo establecido en la ley de referendo presentada conjuntamente por todos los partidos independentistas.

“El día primero de octubre habrá un voto decisivo y respetaremos el deseo de todos los ciudadanos de Cataluña”, insistió entonces el presidente autonómico, Carles Puigdemont, en un acto para explicar la citada ley y la organización de la planeada consulta.

El texto sobre el referendo en Cataluña “establece un régimen jurídico excepcional” por el que “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto”.

Así pues, afirman analistas, los independentistas ignorarían la Constitución Española, que consagra la unidad nacional del país, y las resoluciones del Tribunal Constitucional, que ha anulado todos los pasos hacia el referendo en esa controvertida región.

Por lo pronto, las manifestaciones públicas contrarias a las acciones policiales que Rajoy ha llamado “una vuelta a la normalidad en Cataluña” ya comienzan a aparecer en grado creciente, y para no pocos observadores el conflicto apenas comienza, amén de que, con este acto de fuerza, Madrid puede provocar un mayor auge de la idea separatista entre los catalanes.