La Sentencia 156 del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) no constituye una ruptura del orden constitucional ni un golpe de Estado.

Para comprender con precisión el espíritu de esta sentencia es necesario previamente conocer los precedentes. La Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, desconoció y desconoce la institucionalidad vigente situándose por fuera del cauce legal al desacatar en repetidas oportunidades las sentencias del TSJ, máximo garante del Estado de Derecho.

Desde su entrada en funciones en enero de 2017, la AN no se ha dedicado a legislar, sino que ha dirigido todas sus energías y recursos a desestabilizar al gobierno que preside Nicolás Maduro, elegido democráticamente por el pueblo venezolano en los comicios celebrados en abril de 2013.

Entre estas acciones de desestabilización figuran la acusación de Golpe Judicial del 23 diciembre de 2015; el veto a la Ley de Emergencia; el Juicio Político al presidente…