Al pueblo lo que es del pueblo 

Por Pastor Guzmán / La potestad soberana de los estados para asumir entidades de capital nativo o foráneo por medio de compra o apropiación forzada, —con indemnización o sin ella, de acuerdo con el interés nacional— es algo internacionalmente aceptado, solo que cada vez que un proceso de esta índole tuvo lugar en nuestro continente, antes y después de la Revolución cubana, enfrentó la oposición violenta de las oligarquías nativas y monopolios extranjeros.

En el caso de Cuba se dio la particularidad de que una parte de los capitalistas del patio estaba vinculada económicamente con la dictadura recién derrocada de Fulgencio Batista, por lo que a partir de la estampida de los testaferros del sátrapa, iniciada en la madrugada del Primero de Enero de 1959, sus propiedades pasaron como regla al control estatal, incrementando el hasta entonces mínimo sector público de la economía isleña.

Tan numerosas eran las pertenencias dejadas atrás por esos tránsfugas, que el Gobierno revolucionario creó el Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados y puso al frente al comandante Faustino Pérez Hernández con la misión de devolver al país las posesiones y fortunas mal habidas, acaparadas por los citados individuos y por otros elementos cubanos y forasteros.

En las investigaciones preliminares llevadas a cabo por ese ministerio, quedó claro que existían numerosos dominios y entidades con orígenes más oscuros que las manos de un carbonero, cuyo comienzo databa de los años iníciales de la república neocolonial, pero cuya nacionalización hubiese requerido de un largo y engorroso proceso de pesquisas que rebasaba el tiempo disponible y las atribuciones del flamante cuerpo oficial.

Sin embargo, la misma dinámica de la Revolución triunfante dio respuesta al problema, cuando el 17 de mayo de 1959 se suscribió la Ley de Reforma Agraria, que devolvió a los cubanos millones de hectáreas de haciendas propiedad de empresas extranjeras y capitales nativos, con lo cual se eliminó el latifundio, se proscribió la tenencia extranjera de la tierra y se le entregó en buena parte a los humildes hombres de campo que la trabajaban, en cumplimiento del Programa del Moncada.

En todo este período no hubo tregua contra el joven Gobierno, contra el cual llovían acciones hostiles que iban desde los sabotajes, las conspiraciones internas, la quema de cañaverales por aviones procedentes de Estados Unidos y el fomento de grupos armados, hasta las primeras medidas de estrangulamiento económico, como la supresión parcial de la cuota azucarera de Cuba —luego total— en el mercado americano y el cese de créditos, entre otras.

Así, en abril de 1960, las compañías petroleras transnacionales que hasta ese momento surtían el mercado cubano de hidrocarburos se negaron a venderle petróleo y sus derivados y, cuando tras una tensa y crispante espera se anunció que la Unión Soviética estaba dispuesta a abastecernos de combustibles fósiles, las refinerías de capital inglés y norteamericano que operaban en Cuba se negaron a procesar el crudo procedente de allí.

Pero se equivocaron. En aplicación de la Ley cubana de Minerales y Combustibles, que entró en vigor en mayo de 1938 y que disponía la obligación de esas entidades de procesar el carburante que el Estado le suministrara, la Revolución ordenó su nacionalización inmediata, con lo que todo quedaba listo para el paso trascendental que se daría semanas después.

LAS NACIONALIZACIONES DE 1960

Curiosamente, y a pesar de que el 6 de julio de 1960 el Estado cubano aprobó la Ley No. 851 que estableció formas y modos para indemnizar a las personas jurídicas o naturales de procedencia americana cuyas propiedades hubiesen sido nacionalizadas en Cuba, EE.UU. lo ignoró y redobló sus agresiones contra la isla.

Ante esta situación, el 17 de septiembre de 1960 la banca norteamericana en Cuba pasó a manos del pueblo y el 13 de octubre del propio año, por medio del Decreto-Ley 890 fueron nacionalizadas 382 grandes empresas de capital privado, entre las cuales 105 centrales azucareros, así como industrias de jabonería y perfumería, textiles, productos lácteos, cines y almacenes mayoristas, entre otros.

Junto con el Decreto-Ley 890 fue promulgado el 891, que instrumentó la intervención de 37 grandes bancos de capital nativo y sus cerca de 300 sucursales y dependencias a lo largo y ancho del país.

El 15 de octubre, en un discurso ante la televisión cubana, el Comandante en Jefe Fidel Castro, expresaba: “El poder económico y político de los grandes privilegios en Cuba ha sido liquidado. La Revolución entra en una segunda etapa, cuyos métodos de la transformación económica serán distintos”.

Y el proceso no había terminado, pues el 24 de octubre de ese propio año pasaban a manos del Estado revolucionario otras 166 empresas estadounidenses que todavía quedaban en el país.

INTERVENCIONES EN SANCTI SPÍRITUS

En la jurisdicción de Sancti Spíritus, fueron nacionalizados los ingenios Tuinucú, hoy Melanio Hernández, y La Vega, luego Reemberto Abad Alemán, ambos pertenecientes a la Cuban Trading Co. También los centrales Fomento, más tarde Ramón Ponciano, y Trinidad, rebautizado FNTA —años más tarde los tres últimos fueron desactivados— los cuales pertenecían a capitalistas locales asociados a inversores yanquis.

Igual suerte corrieron las fábricas Amazonas, de Mapos, luego demolida; el central Jatibonico, hoy Uruguay, y los tres ingenios del norte espirituano: Narcisa, luego Obdulio Morales; Vitoria, después Simón Bolívar, y Nela, renombrado Aracelio Iglesias, de Yaguajay.

La propiedad estatal se incrementó en el territorio con la Papelera Pulpa Cuba y la fábrica de cigarros Eva, ambas en Trinidad; las fábricas de derivados lácteos Nela y Nestlé, y la Pasteurizadora Modelo, así como la industria productora de jugos Libbys, esta última de un inversionista norteamericano, todas en Sancti Spíritus.

Igualmente ocurrió en Cabaiguán con la refinería de petróleo RECA y la tabaquería Bauzá.

Pero también fueron afectados los intereses de pulpos petroleros estadounidenses como la Esso Standard Oil Co. y la Sinclair Cuba Oil Co., además de la Texaco, pues las dos primeras poseían establecimientos e inversiones en la refinación, distribución, almacenaje y venta de combustibles, solas, o con socios cubanos.

En cuanto a la nacionalización bancaria, esta tocó de lleno a filiales y bancos de capital nativo y foráneo, a casas de seguros y prestamistas, prácticamente en todo el territorio espirituano, y es un hecho histórico que no pocos exdueños y administradores participaron más o menos directamente en las campañas de descrédito contra la Revolución y su sistema bancario, y en el financiamiento de actividades desestabilizadoras.

El proceso de nacionalizaciones quitó a los enemigos de la Revolución los medios y recursos con los cuales se proponían hacer colapsar el primer gobierno de raíz verdaderamente popular en 60 años de vida republicana, una verdadera afrenta para los intereses hegemónicos en estas tierras de América.