Disidencia y dólares

Por: ALEJANDRO ARMENGOL

Washington debe interrumpir la entrega de fondos para la disidencia cubana. No como parte de un plan de mejor relaciones con La Habana ni mucho menos para congraciarse con el gobernante cubano Raúl Castro. Debe hacerlo por un hecho simple: está botando el dinero.

Si alguien en el exilio considera que los opositores deben ser mantenidos, debido a que el gobierno de la isla no les da trabajo —explicación que en estos momento ha perdido vigencia a partir de la posibilidad de empleo por cuenta propia—, la respuesta es simple: echar mano al bolsillo.

Hay decenas de trabajos a realizar —desde costureras y peluqueras hasta fontaneros y albañiles— que pueden ser desempeñados sin convertir la tarea opositora en un empleo. En primer lugar porque estas actividades no se realizan a tiempo completo, como se ha demostrado a través de los años. En segundo porque, de existir la categoría de disidente profesional, al menos se debería exigir cierta efectividad, como ocurre con cualquier trabajador en cualquier sistema social, salvo en la sociedad comunista que nunca surgió. De lo contrario, estamos ante la paradoja de un grupo de abanderados del capitalismo que se comportan como mantenidos al estilo socialista.

Si bien es cierto que no toda la oposición cubana y tampoco buen número de activistas de lo que podría ser un embrión de sociedad civil caen bajo el mismo criterio, y hay quien se sostiene con diversas tareas, la parte más visible —o al menos locuaz— del grupo ejemplifica esa actitud de recibir dinero (mucho o poco) a cambio de casi nada.

Creados durante la administración de Bill Clinton, los programas denominados Cuba Democracy Assistance se ampliaron bajo la presidencia de George W. Bush y han continuado durante el mandato del presidente Barack Obama.

No se trata de establecer mejores controles administrativos. En este sentido han ocurrido mejoras y la situación no es tan caótica como en otros tiempos. A partir del 2004 se establecieron mecanismos de “competencia oficial para seleccionar a quienes reciben las donaciones” y entraron en vigor medidas adecuadas para mejorar la supervisión de los programas. Pero ello no ha evitado la continuación de una práctica a la que hay que poner fin, ya que se trata de una política caduca y fracasada. Las cifras son elocuentes.

Por ejemplo, de los $65 millones otorgados por la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), para ayudar a un cambio democrático en la isla, empleados en la financiación de 40 programas entre 1996 y el 2005, $62 millones fueron otorgados en “respuesta a propuestas no solicitadas”, lo que quiere decir que se dieron sin la existencia de proyectos compitiendo para recibir las donaciones.

En el 2008 el Congreso aprobó $40 millones para los dos años siguientes. Luego continuó aprobando fondos con este objetivo. Entre los años fiscales del 2009 al 2011 se destinaron $55 millones al respecto. De ellos, la USAID administró cerca de $31 millones, mientras el Departamento de Estado se hizo cargo del resto. A su vez, $20 millones se destinaron para el año fiscal del 2012. Para el 2013 se entregaron $15 millones y en el 2014 $20 millones.

La USAID fue por años la agencia encargada de entregar la mayor parte de los fondos destinados a lograr un cambio democrático en Cuba, aunque en febrero de 2014 quedó excluida de los $17.5 millones consignados para programas por la democracia en Cuba, en medio de quejas de disputas políticas partidistas y de que la agencia ha manejado esos programas de modo erróneo.

En total, $232.5 millones sin resultados visibles.

La USAID no es la única que otorgaba dinero de los contribuyentes para actividades destinadas a promover cambios.

La Fundación Nacional para la Democracia (NED) es otro importante receptor de fondos del gobierno de Estados Unidos para sostener programas con este objetivo, aunque por definición es una organización no gubernamental. (Vale señalar que la NED, con sede en Washington, D.C., hace un trabajo mejor que la mayoría de las otras organizaciones en la divulgación al público de cómo se gasta su dinero.)

Una propuesta de ley de gastos del Departamento de Estado en el año fiscal 2016, presentada a comienzos de junio en el Congreso, aumentaría el financiamiento para la promoción de la democracia y el fortalecimiento de la sociedad civil en Cuba hasta los $30 millones, al tiempo que prohibiría el empleo de fondos para expandir la misión diplomática en Cuba más allá de las instalaciones existentes antes del 17 de diciembre.

Por supuesto que no todo este dinero ha sido entregado a la disidencia o a las organizaciones en Miami que representan a los diferentes grupos, sino que también ha servido para el financiamiento de rotundos y notables fracasos, desde la encarcelación delex subcontratista Alan Gross hasta programas como ZunZuneo y la promoción del hip-hop. Sin embargo, los cientos de millones mal empleados deberían servir por sí solos para poner fin a este disparate. Sin más demora.

http://www.cubano1erplano.com/2015/08/disidencia-y-dolares.html