El memorando fue enviado al entonces secretario de Estado Henry Kissinger por dos altos funcionarios de esa agencia que evaluaron las acusaciones hechas por Fidel Castro sobre el supuesto involucramiento de Estados Unidos en el derribo de un avión de pasajeros de Cubana de Aviación que salía de Barbados el 6 de octubre de 1976 y en el que fallecieron 73 personas por dos artefactos explosivos colocados en él por Hernán Ricardo Lozano y Freddy Lugo, informa este jueves el diario Nuevo Herald, que se edita en Miami.

“Hemos investigado en detalle con la CIA (1) lo que sabemos sobre la responsabilidad por el sabotaje al avión de Cuba y (2) cómo se vinculan las acciones de la CIA, el FBI o el Agregado de Defensa [un brazo de la Agencia de Inteligencia para la Defensa, DIA, por sus siglas en inglés] con los individuos o grupos a los que supuestamente se les adjudica responsabilidad”, explica el reporte.

El memorando concluye que la CIA había tenido en el pasado vínculos con tres de las personas “supuestamente” implicadas en el derribo del avión de Cubana, “pero cualquier participación que esas personas pudieran haber tenido con el derribo ocurrió sin el conocimiento de la CIA”.

El texto aborda en detalle los vínculos de la CIA con “individuos supuestamente involucrados” con el sabotaje al avión—y citan directamente a Hernán Ricardo Lozano, Freddy Lugo, Luis Posada Carriles, Orlando Bosch, Frank Castro, Orlando García, Ricardo Morales Navarrete y Félix Martínez Suárez—aunque concluyen que la CIA solo había establecido contacto en el pasado con Posada Carriles, Bosch y Martínez Suárez, en distintas circunstancias y roles. Este último no estuvo involucrado en el hecho, según consideran los autores del reporte.

El documento está firmado por Harold H. Saunders, director del Buró de Inteligencia e Investigaciones del Departamento de Estado, INR por sus siglas en inglés, y el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Harry W. Shlaudeman, y fue desclasificado por la Oficina del Historiador del Departamento de Estado dentro de un volumen de documentos referidos a América Central y México, entre 1973 y 1976.

EL PAPEL DE POSADA CARRILES

El documento,  que ya formaba parte de la colecciòn del Archivo Nacional de Seguridad, pero en una versión censurada, confirma lo que el Miami Herald reportó en el 2007: que Posada Carriles fue informante pagado de la CIA y comunicó planes de sabotaje a un avión de Cubana que volaría entre Panamá y La Habana el 21 de junio de ese año. En aquella ocasión, su abogado, Arturo Hernández, dijo que Posada alertó a la CIA para que detuviera tal complot.

En el Archivo de Seguridad Nacional consta otro documento en el que la CIA comunicó a otras agencias esta información, sin mencionar el nombre de la fuente. Estados Unidos no informó a a Cuba de esos planes, según explica Peter Kornbluh–coautor del libro Black Channel to Cuba sobre diplomacia secreta entre EEUU y Cuba–pues el intercambio de información de inteligencia no se reanudó hasta el gobierno de James Carter.

Pero la evaluación enviada a Kissinger también indica que en ese momento, el Departamento de Estado consideraba a Posada Carriles como el autor probable del plan de poner una bomba en el avión cubano:

“La relación de la CIA con Posada, quien cada vez más parece ser la persona que planeó el sabotaje, podría posiblemente llevar a alguna mala interpretación y bochorno, en cuanto él proveyó información no solicitada sobre planes extremistas significativos, más recientemente en febrero y junio de este año”, dice el documento, refiriéndose a información sobre planes para asesinar a un sobrino de Salvador Allende en Costa Rica y para sabotear un avión cubano en junio de 1976.

El reporte indica que el Buró de Inteligencia desconocía las razones por las cuales Posada Carriles habría ofrecido voluntariamente ese tipo de información, pese a que ya su contrato como informante de la CIA había concluido. “Puede haber querido mantenerse en buenas relaciones con la CIA, con la esperanza de usar la relación para pedir visas o algo similar”, indica el documento.

“Sin embargo, sería al menos una posibilidad que él podría haber estado probando la reacción de la CIA a los esfuerzos de CORU [Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas, una organización anticastrista (terrorista. NR) creada por Posada Carriles y Bosch] para acosar al gobierno cubano. En este contexto, hemos considerado la posibilidad de que Posada podría haber malinterpretado la respuesta a sus acercamientos, pero la CIA nos aseguró que éste no podría haber sido el caso”.

El documento no explica en qué se basa el Buró para emitir su juicio sobre la posible responsabilidad de Posada más allá de mencionar que él fue acusado y arrestado en Venezuela por el derribo del avión, era “vehementemente anti-Castro” y colaborador cercano de Bosch, y había sido jefe de la contrainteligencia en la DISIP, el represivo servicio de inteligencia venezolano.

El informe tampoco presenta pruebas que vinculen directamente a Posada Carriles con el caso y en general, los documentos oficiales de Estados Unidos desclasificados hasta ahora no contienen evidencias o relatos de testigos directos sobre cómo supuestamente Posada Carriles planificó o dio la orden para hacer estallar en el aire el avión de Cubana de Aviación.

Pero eso podría cambiar con la desclasificación de más documentos, sobre todo de la CIA, según afirma Kornbluh, investigador del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad de George Washington, que ha intentado por décadas probar la responsabilidad directa de Posada Carriles.

“La CIA nunca ha publicado su reporte interno sobre la reunión con Posada Carriles. La historia de este acto internacional de terrorismo está incompleta sin esos documentos”, dijo a el Nuevo Herald.

Aunque los documentos internos de la CIA no están sujetos a la desclasificación periódica, “la administración de Obama podría ordenarlo para clarificar lo que sucedió, en el espíritu de relaciones más normales con Cuba y de dejar atrás el pasado”, opina Kornbluh, quien agrega que el actual documento “de nuevo saca a relucir el tema de cómo un terrorista internacional como Luis Posada Carriles puede vivir felizmente en Miami”.

Cuba y Venezuela, por su parte, han sostenido la culpabilidad de Posada Carriles. El abogado de origen cubano José Pertierra, que representa a Venezuela en el caso sobre su extradición, dijo en el 2007 que “la combinación de documentos de la CIA, el FBI y aquellos de Trinidad y Tobago, muestran más que causa probable de que Posada Carriles fue responsable de la voladura del avión, o al menos, que era co-conspirador”.

Hernández, que sigue representando a Posada Carriles, comentó el jueves a el Nuevo Herald que su cliente “pasó el polígrafo, él no tiene nada que ver con eso”, en referencia al avión de Barbados, y reiteró que este individuo de 87 años “había informado a la CIA de planes de poner bombas en aviones”.

LOS JUICIOS

Bosch y Posada Carriles fueron detenidos en Venezuela luego del atentado y juzgados junto con Ricardo y Lugo. Los cuatro fueron absueltos en un primer juicio, en una corte militar, que luego fue anulado. Posada escapó de la cárcel en Venezuela, gracias a la complicidad de la Disip, antes de que concluyera el segundo juicio en un tribunal civil, en el que Bosch fue absuelto. Solo Ricardo y Lugo fueron encontrados culpables. Bosch falleció en Miami en el 2011.

Posada nunca ha sido acusado en Estados Unidos del ataque contra el avión en 1976 y el gobierno federal no ha respondido formalmente a la solicitud de extradición de Venezuela contra el militante, aunque sí fue procesado penalmente por presuntas violaciones de la ley de inmigración y en un caso en que fue acusado de haber planificado los atentados con bombas contra hoteles y sitios turísticos en Cuba en 1997.

En ambos casos salió libre. En el 2007, una jueza federal en Texas desechó el caso de inmigración en su contra y en el 2011, un jurado federal lo absolvió de culpabilidad en un caso relacionado con las bombas en los hoteles cubanos.

No obstante, sí encaró un proceso de deportación en El Paso, Texas, en el 2005. El Departamento de Seguridad Interna lo declaró un “riesgo a la seguridad nacional de Estados Unidos” y un juez de inmigración ordenó que no se le deportara a Cuba o Venezuela, pero sí a cualquier otro país dispuesto a recibirlo. Hasta ahora no ha habido ningún otro país que le dé la bienvenida.

Aunque la decisión del juez de inmigración se ha respetado, las opiniones de los jueces de inmigración—que son empleados del Departamento de Justicia y no son parte de la rama judicial—pueden ser modificadas o incluso revocadas por la Fiscalía General de la nación.