El franquismo encerró en manicomios a republicanos que encontraba por la calle

El psiquiatra Juan Sánchez revela que en el psiquiátrico sevillano de Miraflores muchos carecían de ficha y "no menos de un 10 por ciento" ingresaban con el diagnóstico en blanco: no estaban locos, eran sencillamente republicanos

Por Rafael Guerrero

La asistencia psiquiátrica durante el franquismo era "pervertida y deshumanizada" y estuvo marcada por una "sordidez extrema", en palabras de Juan Sánchez Vallejo, médico psiquiatra que ha escrito el libro ‘La locura y su memoria histórica' (Ediciones Atlantis), en el que analiza la evolución de la especialidad en España desde el franquismo hasta hoy, al tiempo que recuerda a los enfermos mentales a quienes la dictadura arrinconó en manicomios como desechos humanos desprovistos de derechos. El autor se formó como médico y psiquiatra en los años 60 y 70 en la Universidad de Sevilla y en el manicomio de Miraflores, donde comprobó cómo el régimen utilizó también estos hospitales para encerrar de por vida a muchos republicanos que podían causarle molestias.

Juan Sánchez recuerda la enorme influencia académica y profesional entonces de Antonio Vallejo Nájera, director de los servicios psiquiátricos del Ejército, el "psiquiatra del régimen" que importó de Alemania las demenciales técnicas nazis para detectar y desactivar el inexistente "gen rojo" sobre mujeres republicanas. El Mengele español promovió la separación de los hijos de sus madres, su ingreso en orfelinatos y su posterior adopción por "familias de orden" para evitar así la propagación generacional de una "ideología contaminada". Vallejo Nájera -según Sánchez Vallejo, a quien no le une ningún parentesco- abrió la puerta así a las tramas de bebés robados que tanto han conmovido a la sociedad española hasta el día de hoy.

La psiquiatría evolucionó poco en España por culpa del franquismo, que impidió a través de su estructura de poder universitario que penetraran las modernas corrientes internacionales que entroncaban la enfermedad mental con el contexto social, frente al biologismo imperante que se apoyaba en los hospitales psiquiátricos para aparcar a los enfermos, tranquilizarlos y desactivarlos como personas a base de cruentos tratamientos -lobotomía, electroshock, coma insulínico, abscesos de trementina, etc.- y de atiborrarlos con potentes fármacos.

"El sistema manicomial era lo más parecido a una condena de por vida por no hablar de una muerte en vida", afirma Juan Sánchez, precisando que "era peor que la cárcel, ya que de esta se acaba saliendo y no se pierden los derechos". En ese contexto, no resulta extraño que el régimen se aprovechara de ese oscuro túnel del sistema manicomial como instrumento complementario de represión política. Otro más, pero con la ventaja de dejar a los elementos molestos desactivados para siempre hasta su muerte, convirtiendo a opositores marginales en locos irrecuperables.

No estaban locos, eran sencillamente republicanos, pero los encerraban en el manicomio 

Durante su dura experiencia como médico alumno en prácticas de psiquiatría en el manicomio sevillano de Miraflores -un inmenso edificio donde en los años sesenta vegetaban entre 1.200 y 1.500 enfermos mentales-, Juan Sánchez Vallejo pudo comprobar no sólo que muchos internos carecían de ficha, "como si no existieran", sino que había un "nada despreciable porcentaje nunca inferior al 10 por ciento" de fichas con la casilla del diagnóstico en blanco.

"Mosqueado por este hecho -escribe textualmente en el libro-, le pregunté a uno de nuestros profesores adjuntos de cátedra por aquel detalle aparentemente menor y que, inicialmente, achaqué ingenuamente a algún descuido en la transcripción de la historia clínica. Pero la respuesta que me dio, me dejó helado. El profesor me vino a decir queno tenían diagnóstico porque no entraron al manicomio como enfermos, sino como medio delincuentes y medio vagabundos del otro banco de la guerra civil y que les habían metido allí por no saber a dónde llevarles".

No estaban locos, eran sencillamente republicanos, pero los encerraban en el manicomio. "Te lo decían ellos", dice Sánchez Vallejo que recuerda a uno que le comentó: "Mire usted, yo estaba vagabundeando porque no tenía donde caerme muerto. Un día la Guardia Civil me recogió, se enteró de quien era, de cuál era mi ideología y me trajo aquí. Y aquí llevo veintitantos años".

La paradoja es que la dictadura se sirvió de la legislación republicana para encerrar de por vida a esos opositores en situación personal marginal y para desactivarlos como personas. Concretamente, del decreto sobre asistencia a enfermos mentales de 1931 -"que permitía internamientos manicomiales involuntarios de personas locas o cuerdas, mediante una simple orden judicial o gubernativa, un mandato de un alcalde o comisario, o simplemente por indicación médica o familiar"- y de la tristemente famosa ley de vagos y maleantes de 1933. Es decir, normas que fomentaron la discrecionalidad y el abuso, arruinando la vida a miles y miles de españoles.

Muchos de ellos acabaron sus días en el manicomio tras décadas de internamiento, adaptados a la fuerza a aquella sórdida vida, colaborando en labores de limpieza y otros menesteres. "Diríase que habían conseguido galones y un extraño estatus al que ya no querían renunciar".

El autor de ‘La locura y su memoria histórica', Juan Sánchez Vallejo, se vio forzado a emigrar y tuvo que buscarse trabajo fuera de Andalucía hasta que se estableció a comienzos de los años setenta en el País Vasco. ¿El motivo? Porque fue represaliado - junto a otros compañeros- por las autoridades académicas de la Universidad de Sevilla tras haberse atrevido a fotografiar -con la discreta complicidad de algunas monjas enfermeras- y a denunciar públicamente el trato inhumano y vejatorio que padecían los enfermos mentales del manicomio de Miraflores.

La devaluación salarial ha agravado la crisis y retrasado la recuperación"

Entrevista con Bruno Estrada: “La crisis permite aplicar el programa de máximos del empresariado que basa sus márgenes en la sobreexplotación laboral”

Qué Hacemos

Según la versión oficial, la crisis sufrida por España y otros países periféricos tiene relación con una pérdida de competitividad, debida en gran medida a un excesivo crecimiento de los salarios en el pasado. Frente a eso, la receta es obvia: ganar competitividad, mediante una política de ajustes y devaluación salarial. Así lo viene defendiendo el gobierno español, que ha situado la competitividad en el centro de su política –incluso nominalmente, con un Ministerio de Economía y Competitividad-.

Pero frente a esa insistencia en la competitividad –o más bien una forma de entender la competitividad-, hay cada vez más voces críticas: economistas heterodoxos como Bruno Estrada, director de Estudios de la Fundación 1º de Mayo y coordinador del libro Qué hacemos con la competitividad, escrito junto a María José Paz, Antonio Sanabria y Jorge Uxó.

Conversamos con Estrada días antes del debate que sobre competitividad y devaluación salarial se celebrará en Madrid, y que será el primero de un ciclo de debates públicos donde economistas, investigadores y activistas sociales debatirán análisis y propuestas. El primero será el próximo jueves 30 de enero, a las 18.30h, en el Centro Abogados de Atocha (C/ Sebastián Herrera, 12, Madrid), organizado de forma conjunta con la Fundación 1º de Mayo, y la colaboración de eldiario.es que lo emitirá en streaming. En el debate, titulado “Mejorar la competitividad sin bajar los salarios”, participarán Bruno Estrada, Carlos Berzosa (catedrático de Economía Aplicada), Fernando Luengo (investigador del ICEI) y Jorge Uxó (profesor de Economía de la Universidad Castilla-La Mancha).

¿Estamos saliendo de la crisis, como sostiene el gobierno?

Estamos en lo que parece el inicio de una recuperación, que en todo caso durante el próximo año será débil, frágil y sujeta a numerosas incertidumbres, como han puesto en evidencia los efectos del derrumbe del peso argentino en la bolsa española. En esta incipiente recuperación está jugando un papel fundamental el gasto público, gracias al aplazamiento, por dos años, de los objetivos de déficit público impuestos por la UE. El incremento del techo de gasto público, unos 20.000 millones de más sobre lo contemplado en los presupuestos aprobados para 2013, y el esfuerzo de desendeudamiento que han llevado a cabo los particulares y las empresas por sus propios medios, es lo que está haciendo que la demanda nacional (vía consumo e inversión privada, y consumo público) tire unas décimas del PIB, frente al falso y erróneo discurso gubernamental sobre la competitividad exterior. La mejora, en unas décimas, de esas variables macroeconómicas no va a suponer una mejora sustancial del mercado de trabajo a corto plazo, como han puesto en evidencia los datos de empleo del cuarto trimestre de la EPA.

¿Tiene que ver esta mejora de indicadores con que la economía española es hoy más competitiva tras las reformas, como defienden los partidarios del ajuste?

La devaluación salarial impulsada por el gobierno, además de dolorosa en términos sociales, ha agravado la crisis y ha retrasado la recuperación, ya que ha deprimido el conjunto de la actividad económica. El principal elemento para un crecimiento económico estable y vigoroso es el incremento del consumo y la inversión nacional. En una economía del tamaño de la española, que no es comparable con otros países exportadores mucho más pequeños, el impulso de las exportaciones vía devaluación salarial nunca podrá compensar la caída de la demanda nacional que provoca esa misma devaluación salarial. Esto sin tener en cuenta que los costes laborales son una parte cada vez menor de los costes de producción, como afirma la propia Comisión Europea. Los productos de los países desarrollados solo pueden ser competitivos en los mercados mundiales (productos, no olvidemos, en los que los derechos sociales de los que disfrutamos están incluidos en el precio de venta) si las empresas que los fabrican son intensivas en capital o basan su estrategia competitiva en detentar una situación de monopolio en alguna fase del proceso de producción (como la innovación y la diferenciación de producto).

¿Está mejorando el sector exterior?

El aumento de las exportaciones ha sido debido fundamentalmente a una reorientación geográfica de nuestras exportaciones hacia los países emergentes, en la actualidad con mercados más dinámicos. Los nueves países emergentes que mayor volumen de exportaciones españolas absorben han pasado de representar el 11% de las exportaciones españolas en 2008 al 14,1% en 2013. La ralentización del crecimiento de las exportaciones españolas en el tercer trimestre, cuando se inicia la tímida recuperación del PIB, pone en cuestión la línea de flotación de la argumentación, y de las políticas, del gobierno en el sentido de que la devaluación salarial supondría una mejora de la competitividad exterior capaz de tirar del crecimiento económico.

¿Tenía España un problema de competitividad?

Las empresas españolas no: entre 1994 y 2007 la cuota de las exportaciones españolas sobre el total de exportaciones mundiales se mantuvo más o menos constante en torno al 1,8%. En términos comparativos nuestra cuota exportadora a escala global se ha reducido en los últimos doce años tan sólo en un 8,9%, mientras que las de las principales naciones industrializadas, excepto Alemania, lo hacían en una franja del 20% (Francia y EEUU) al 40% (Italia), según el Banco de España. Sí tiene un problema de competitividad estructural en relación con el sector energético. En la actualidad la balanza comercial española, sin considerar los productos energéticos, tiene superávit. El tradicional déficit de nuestra balanza por cuenta corriente ha estado ocasionado fundamentalmente por las importaciones de combustibles y lubricantes, que en 2012 representaron el 6% del PIB y suponen en la actualidad el 23% del total de importaciones. La fuerte dependencia energética exterior de las actividades industriales y de servicios, particularmente del transporte, y no la evolución de los salarios, es lo que ha determinado el desequilibrio estructural exterior de nuestra economía y, por tanto, es clave en la capacidad de reducción de nuestro endeudamiento exterior, tal como indica el propio Banco Central Europeo. Una política orientada a reducir la alta dependencia energética, impulsando las energías renovables (en algunos de cuyos segmentos como la energía eólica somos altamente competitivos) y sistemas de transporte de mercancías menos contaminantes que el transporte por carretera, es imprescindible para reducir las necesidades de financiación exterior de nuestra economía, para mejorar su competitividad estructural.

¿Es la devaluación salarial el precio a pagar por salir de la crisis?

No, ha sido la incapacidad política de los gobiernos de actuar eficazmente sobre el sector financiero y energético lo que ha hecho que finalmente el esfuerzo de reducción de costes haya recaído sobre los costes laborales. Los sobrecostes que actualmente tienen que pagar las empresas españolas por la energía y la financiación son debidos a la influencia que las principales empresas de estos sectores tienen sobre el poder político. La crisis ha sido la excusa para aplicar un programa de máximos del empresariado español menos abierto a la competencia internacional, el que depende en gran medida de los presupuestos públicos, el que menos invierte en modernizar su empresa, el que basa sus márgenes empresariales en la sobrexplotación de los trabajadores. Ha sido el shock externo que los neoliberales españoles esperaban para modificar radicalmente las reglas del juego en el mercado laboral, incrementando exponencialmente el poder del empresario en las relaciones laborales y despreciando las consecuencias demoledoras de la devaluación salarial sobre el tamaño y sofisticación de la demanda nacional. La devaluación salarial descuelga a España de la senda de las sociedades desarrolladas basadas en el conocimiento, en las cuales la implicación de los trabajadores es fundamental para generar valor en la empresa.

Sois críticos con los análisis que se basan en los Costes Laborales Unitarios (CLU). ¿Por qué desconfiáis de este indicador?

El hecho de que la cuota exportadora de España a escala mundial apenas se hubiera visto perjudicada por el aumento de los Costes Laborales Unitarios (CLU) en nuestro país antes de la crisis, pone en evidencia que en la competitividad de las exportaciones españoles entran en juego otros factores además de los precios. El economista Nicholas Kaldor evidenció, ya en 1978, que no existía una relación entre la evolución de los CLU y la cuota de mercado. Los CLU sólo informan sobre la competitividad-precio de productos estandarizados, pero no aportan ninguna información sobre las mejoras que se hayan producido en otros aspectos como la calidad y diferenciación del producto, las estrategias de internacionalización, la calidad de los servicios de distribución y venta. No es que nosotros desconfiemos de ese indicador, es que son numerosos los estudios, del Servicio de Estudios del BBVA, del Banco de España, de economistas como Vicente Salas, o Jesus Felipe y Utsav Kumar del Banco de Desarrollo de Asia que ponen de manifiesto que los CLU agregados a escala sectorial o nacional no son un indicador correcto para medir la competitividad de un país. En España la burbuja inmobiliaria hizo que el mix tecnológico de producción evolucionara hacia sectores, vinculados a la construcción, poco intensivos en tecnología y de baja productividad, elevando los CLU agregados a escala nacional, pero sin que esto supusiera un empeoramiento real de la capacidad competitiva de las empresas exportadoras de nuestro país.

La incapacidad de los gobiernos de actuar sobre el sector financiero y energético hace que la reducción de costes recaiga sobre los trabajadores

Apostáis por el concepto de “competitividad estructural”, ¿en qué consiste?

La competitividad estructural de una economía parte de la consideración de que, además de a factores internos de gestión empresarial, la capacidad competitiva de las empresas depende de la estructura económica de la que forman parte: 1)del tamaño y sofisticación de la demanda nacional; 2)de las estructuras de las relaciones de producción nacionales entre diferentes sectores; 3)del tamaño y poder de mercado de proveedores y clientes; y 4)de la capacidad de difusión de tecnología. La competitividad estructural de una economía depende de su grado de capitalización, en términos de infraestructuras, capital humano, e innovación tecnológica. Elementos sobre los que la actuación de los poderes públicos es fundamental. Si analizamos la competitividad desde este punto de vista, la reducción de salarios es contraproducente, no solo reduce la demanda agregada, y su nivel de sofisticación (aumenta el consumo de productos de menor calidad y se venden menos productos de marca y tecnológicamente avanzados, que son los que tienen un mayor valor añadido y, por tanto, los que permiten disputar mayores salarios), y también genera un efecto de fuga de los trabajadores más capacitados y cualificados, aquellos que más incrementan el valor para las empresas que apuestan por la innovación y el conocimiento.

Reproducís en el libro las palabras del socialdemócrata alemán Helmut Schmidt: “Los superávits de Alemania son, en realidad, los déficits de otros países”. ¿Es Europa una suma cero, donde unos países se equilibran con el desequilibrio de otros? ¿Se ha beneficiado Alemania del modelo económico español?

A lo ya comentado sobre las verdaderas causas de los desequilibrios comerciales hay que añadir, tras la entrada en el euro, los efectos financieros del neomercantilismo depredador desarrollado por Alemania y otros pequeños países del centro y norte de Europa. El conjunto de la UEM mantiene una posición próxima al equilibro con el resto del mundo, pero desde 1999, Alemania y otras economías más pequeñas como Holanda, Austria y Finlandia, han registrado grandes superávits. Los países con superávit gastan menos de lo que producen, lo que se refleja en términos macroeconómicos en un exceso de ahorro, que se canaliza hacia el exterior en forma de adquisición neta de activos. En este sentido, parte importante de la inflación de activos inmobiliarios, de la burbuja, que ha sufrido la economía española ha sido debido a ese exceso de ahorro centroeuropeo que hasta el inicio de la crisis venía obteniendo mayores rentabilidades en el ladrillo español que en las empresas de alta productividad de su país.

Habláis de mejorar la productividad, pero también el gobierno y la patronal insisten en la productividad. ¿Habláis el mismo idioma?

Una mejora de la productividad del trabajo, que es a la que se nos referimos cuando hablamos de productividad coloquialmente, puede lograrse a través de tres vías: 1)incrementando la explotación de los trabajadores. Si tomamos el ejemplo de una empresa de mensajería estaríamos hablando de la rebaja de sus sueldos o del incremento de su jornada y ritmo de trabajo; 2)incrementando la relación de capital por trabajador. En el mismo ejemplo, si la empresa compra una moto a sus carteros les permite repartir más cartas en menos tiempo; y 3)imponiendo los precios de sus productos sobre los clientes, o los precios de los bienes intermedios o materias primas sobre sus proveedores, esto es, si las empresas son capaces de lograr derechos de monopolio sobre alguno de estos cinco activos intangibles específicos: el acceso a la tecnología, los conocimientos de gestión en equipo, las economías de escala en los centros de producción, las mejores ideas de comercialización y disponer de marcas bien conocidas. En general, las grandes empresas están mejor posicionadas para lograr dichos derechos de monopolio. Nosotros nos referimos, evidentemente, a lograr mejoras de la productividad mediante los dos últimos caminos.

Criticáis el “decreciente compromiso de los accionistas con sus empresas”, ¿en qué sentido?

El incremento de los beneficios empresariales distribuidos a los accionistas y de los intereses financieros pagados por los prestamos solicitados, la parte del beneficio que no se reinvierte en la empresa, que no incrementa su productividad pasó del 39% en 1995 al 60% en 2008. El resultado del escaso volumen de beneficios reinvertidos ha hecho que el stock, la cantidad, de capital productivo, excluidas las viviendas, en los últimos 15 años creciera a una tasa tan solo del 1%, mientras que en los años sesenta y setenta creció a una tasa anual del 10%. El stock de capital en la economía española en 2009 representaba tan sólo un 161% del PIB, un peso muy inferior al que tiene en otras economías desarrolladas como Alemania, un 184% y EEUU, un 209%. La tradicional escasez de capital productivo es un elemento básico a la hora de explicar la baja productividad de las empresas pequeñas y mediadas empresas de nuestro país. El decreciente compromiso de los accionistas con sus empresas es un elemento muy preocupante en una economía, ya que conduce a que las ganancias de productividad solo pueden alcanzarse mediante una mayor explotación de los trabajadores.

Proponéis actuar sobre los beneficios empresariales, para su reinversión, y con más participación de los trabajadores. ¿Cómo se hace algo así?

Incentivar la reinversión productiva de los beneficios de las empresas no reduce la riqueza de los accionistas, aunque sí su renta disponible. La reinversión de beneficios incrementa su patrimonio a largo plazo, por la revalorización de sus acciones (si la empresa cotiza en bolsa) o por el mayor valor de sus activos (edificios, maquinaria, patentes). En 1975 el economista sueco Meidner, miembro del sindicato sueco LO, propuso la creación de “fondos colectivos de asalariados” como una forma de enfrentarse a los tres principales problemas de la economía sueca en ese momento: que se consumía más que se producía, que las inversiones eran muy bajas y que había un exceso de capacidad productiva, problemas que actualmente tienen la economía española. Según Meidner parte de la remuneración a los trabajadores debería hacerse mediante la cesión de acciones de las empresas, que debían de ser gestionadas conjuntamente por organismos de representación colectiva de los trabajadores. El sindicato LO consiguió que en 1984 el gobierno de Olof Palme, dos años antes de ser asesinado, aprobara una ley que si bien no tenía en cuenta todas las propuestas de Meidner si recogía su filosofía. Aunque la victoria del “bloque burgués” en 1991 supuso el desmantelamiento de los fondos, que habían alcanzado un volumen total de 2.000 millones de euros, reconvirtiéndolos en fondos de pensiones.

Más información y propuestas en el libro Qué hacemos con la competitividad, y en la web de la colección Qué hacemos.

Os invitamos al debate Mejorar la competitividad sin bajar los salarios, el jueves 30 de enero, a las 18.30h, en el Centro Abogados de Atocha (C/ Sebastián Herrera, 12, Madrid).

Próximos debates:

Qué hacemos con los bancos. Por una banca pública y democrática.

Con Bibiana Medialdea (colectivo Qué hacemos), Lourdes Lucía (coordinadora del libro), Alberto Garzón (portavoz de IU en la Comisión de Economía del Congreso) y Carlos Sánchez Mato (presidente de ATTAC-Madrid y portavoz de la Plataforma por una Banca Pública.

Martes 4 de febrero, 19h. Teatro del Barrio. C/ Zurita, 20 (Madrid).

Qué hacemos por la vivienda. Por una política pública de vivienda y contra los desahucios.

Con Alejandro Inurrieta (coordinador del libro), Nacho Murgui (presidente de la Federación de AAVV de Madrid) y Carlos Huerga (activista de la PAH).

Jueves 13 de febrero, 19h. Librería Muga, Avda. Pablo Neruda, 89 (Madrid).

Qué hacemos con la literatura. Escribir en tiempos de crisis.

Con Isaac Rosa (colectivo Qué hacemos), David Becerra (coordinador del libro), Rafael Reig (escritor) y José Ovejero (escritor).

Lunes 24 de febrero, 19h. Librería La Central, C/ Postigo de San Martín, 8 (Madrid).  

Más información sobre los debates, en la web.