4 de Maio de 2015, 12:01, por Tânia Mandarino
La Policía que responde a la gobernación del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y del DEM (Demócratas) utilizó bombas de gas lacrimógeno, pelotas de goma y agua para dispersar a los profesores que se manifestaron pacíficamente contra la modificación del sistema jubilatorio vigente.
En el momento de los brutales incidentes, la Asamblea Legislativa regional debatía enmiendas a un proyecto de ley enviado por el gobernador de Paraná, Beto Richa, y que fue aprobado a pesar de ser rechazado por los sindicatos de los profesores universitarios, de educación primaria y secundaria.
Mas de 200 personas resultaron heridas en la ciudad brasileña de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, después de la salvaje intervención de la Policía que nos recuerda la dictadura militar que por lo visto no se fue.
El gobierno de Paraná violó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, El Art, 20 prevé: “Toda persona tiene la libertad de reunión y de asociación pacifica". El articulo 23, expresa textualmente: (inc.3) "Toda persona tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana…” También se violaron la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Además violaron la Resolución sobre la situación del Personal Docente, Convenio OIT/UNESCO y la Resolución del Congreso Mundial de la Internacional de la Educacion, Washington 25/29 de julio de 1998 (http://www.ei.ei.org)
Es evidente que el Gobernador de Paraná procedió conforme a la conocida receta del TERRORISMO DE ESTADO, esencia de la OPERACIÓN CONDOR, UNA CONSPIRACION CONTRA LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO entre los países dictatoriales de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay que dejó mas de 100.000 victimas en el Cono Sur.
El próximo 25 de noviembre del 2015 se cumplirá 40 años de la creación del monstruo Cóndor en Santiago de Chile, siendo su ideólogo el entonces secretario de estado norteamericano Henry Kissinger.
A mas de expresar nuestra solidaridad con la lucha de los colegas paranaenses sugerimos, se solicite de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Ginebra, el envío URGENTE a Curitiba al RELATOR ESPECIAL SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACION para que in situ constate las denuncias formuladas y exija al Gobierno del Brasil respetar los acuerdos internacionales firmados oficialmente, es decir, la declaración de nulidad de la enmienda del Gobernador Richa.
PROTESTAR ES UN DERECHO, REPRIMIR ES UN DELITO.
Asuncion, mayo del 2015.
MARTIN ALMADA
PREMIO NOBEL ALTERNATIVO y MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS (AAJ)
