La Fundación 1º de Mayo, integrada en la Secretaría de Estudios de CCOO, ha salido al paso de la nota difundida ayer por el Instituto de Estudios Económicos de la CEOE, sobre la afiliación sindical en España, apoyándose en datos de la OCDE, y ha creído oportuno ofrecer algunas referencias documentales al respecto para participar en el debate sobre la afiliación y representación del sindicalismo en nuestro país.

12-09-2013 - CCOO considera que la fuente más rigurosa para la determinación de la afiliación es la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECVT), que desde 1999 realizaba el Ministerio de Empleo, y cuya última edición, febrero de 2011 (lamentamos que el Ministerio haya interrumpido esta serie de encuestas), cifraba la afiliación en 2.824.000 trabajadores, equivalente al 18,9 del total de la población asalariada, frente al 15,9% que difunde la CEOE.

La Fundación 1º de Mayo recuerda que el sistema español de relaciones laborales se basa, como bien sabe la CEOE, en la representatividad de los agentes sociales, que en el caso de los sindicatos se acredita cada cuatro años a través de las elecciones a delegados/as y comités de empresa en los centros de trabajo con plantilla superior a 10 personas. Se trata de un modelo consagrado en la Constitución y posteriormente regulado por el Estatuto de los Trabajadores y la LOLS y que en los últimos 30 años ha experimentado una expansión sostenida en términos de participación y representatividad, hasta alcanzar a más de 100.000 empresas y 7 millones de trabajadoras y trabajadores participantes con la elección de 300.000 delegados/as, de los que tres cuartas partes corresponden a CCOO y UGT. De esta manera, la representatividad del sindicalismo de clase en España (CCOO y UGT) se sitúa por encima del 70%, en la franja medio/alta de la Unión Europea.

El tercer indicador cuantificable, concluye CCOO, es el de la negociación colectiva. Según el último informe de la Comisión Industrial Relations in Europe 2012, la cobertura media de la negociación colectiva en la UE-27 alcanzaría a 122 millones de trabajadores, dos tercios del total de los 184 millones de asalariados, situándose la cobertura española en torno al 90%, sensiblemente superior a la media comunitaria, si bien la última reforma laboral amenaza con quebrar dicho modelo garantista.