Por Derek Perrotte

Los no-firmantes quieren presionar a los diputados y hacer campaña ante la opinión pública.

«El partido no ha acabado», explicó Laurent Berger (CFDT), usando la metáfora deportiva, al término de la última sesión de negociación sobre la protección del empleo. Empiezan las prórrogas, le responden CGT y FO, decididas a seguir la lucha contra el acuerdo firmado por la central reformista.

Al igual que el texto, la batalla se desplaza hacia el terreno parlamentario, donde los dos sindicatos no firmantes esperan convencer a los diputados para revertir las «regresiones sociales» que implicaría el acuerdo, aunque le pese al Ministerio de Trabajo, que promete una transcripción fiel. «Vamos a dar a conocer nuestras posiciones sobre el contenido de este acuerdo a todos los grupos parlamentarios. Asumirán sus responsabilidades, pero es lógico que antes de pronunciarse conozcan nuestros análisis», explica Jean-Claude Mailly (FO).

Recibido el viernes por Jean-Marc Ayrault, Bernard Thibault (CGT) ha prometido una «explicación del texto» a los parlamentarios para invitarles a «apreciar mejor el alcance político de este acuerdo…» Y el líder cegetista deslizó la afirmación de que «los sindicatos no firmantes representan a más asalariados que los firmantes».

En una batalla, también, ante la opinión pública y los trabajadores, cada uno de los dos sindicatos promete una intensa campaña sobre el acuerdo y sus consecuencias. Un trabajo previo necesario para aumentar la presión porque la tecnicidad y la complejidad del acuerdo mantienen la ambigüedad del gran público en cuanto a su contenido e impacto real. En esta gestión, se beneficiarán del apoyo del Frente de izquierda, cuyo folleto contra el acuerdo cita la CGT, pero también, y eso es más raro, FO. No obstante, ninguno de los dos sindicatos prevé todavía una jornada de acción contra el acuerdo, conscientes de que sería una acción prematura y probablemente destinada al fracaso.

Los abogados en acción

Batalla, finalmente, en el terreno jurídico, sobre el que basan la mayoría de las esperanzas, en tanto que la transcripción legislativa del texto se anuncia delicada. « ¿Quién puede garantizar que todos los puntos del acuerdo puedan ser retranscritos?», señaló Jean-Claude Mailly el miércoles pasado, avanzando que ciertas medidas no conseguirán luz verde en el Consejo de Estado, como la homologación por parte de la administración de un plan social antes de la apertura de consultas con los representantes de personal. Los abogados de la CGT y de FO desmenuzarán el texto que salga de los debates parlamentarios. Una manera de preparar un eventual partido de vuelta.