Por Antonio Baylos , Catedrático de Derecho del Trabajo. Universidad de Castilla La Mancha, en nuevatribuna.es

Siguen las movilizaciones sociales. El último ejemplo, el de Gamonal en Burgos, ha sido el ejemplo más repetido de cómo una lucha social y ciudadana puede conseguir éxitos muy señalados. Aunque en algunos comentarios lo más destacado fuera la capacidad de rebelarse de un barrio popular, más incluso que esa movilización hubiera logrado una importante victoria frente al autoritarismo y la corrupción municipal. A propósito de ello, surge una reflexión objeto de este comentario.

El (neo) liberalismo niega al trabajo capacidad de interlocución política. Lo cosifica, considerándolo una mercancía, y a los portadores del mismo, los trabajadores, los esconde tras imágenes deformantes. Son individuos libres que pactan entregar sus energías a cambio de un salario. Es el salario el elemento decisivo para su calificación como sujetos de derechos. Expectativas que se deducen de un contrato sobre el valor de su trabajo medido en términos de salario y conceptuado como coste del proceso productivo. El sindicato es un mediador – aceptado o impuesto – en la determinación salarial y del tiempo de trabajo. Anclado en el mercado laboral y en la relación contractual que consagra la libertad del intercambio salarial, el trabajo no puede ingresar en la esfera de lo público, de la determinación del interés general, como interlocutor político. No tiene voz porque no es un sujeto político ni sus representantes –los sindicatos de trabajadores- alcanzan la condición de generalidad necesaria. Son siempre “particulares”, “profesionales”, “laborales”. Y las determinaciones que se producen en las relaciones materiales de la existencia de las personas que trabajan – los conflictos que las atraviesan, las reglas que las disciplinan – son siempre privadas, de carácter esencialmente económico, no políticas. Es un mundo aparte que se mantiene opaco ante las perspectivas de emancipación derivadas de la consideración democrática y ciudadana. El trabajo asalariado se desarrolla en un espacio de autoridad incontestada a la que no puede exigírsele que se adecue a las formas democráticas. A ello se ha unido en los últimos tiempos una perspectiva que enlaza el trabajo con el empleo, relacionando la cantidad de éste con la devaluación del valor económico de aquel. Cuanto menos valga el trabajo, más empleo habrá.

Frente a ello, todos los esfuerzos del discurso antiliberal han ido dirigidos a la politización del espacio del trabajo y a considerarlo como un terreno decisivo para la configuración del status de ciudadanía. El paralelismo entre la lucha de la burguesía por el reconocimiento de sus libertades y la necesidad de una trayectoria paralela de los trabajadores por la conquista de la democracia en la empresa y en los lugares de la producción no ha tenido la continuidad histórica ni cultural que habría sido precisa para afirmarse en el discurso político común de las fuerzas reformistas.

El ciudadano es por el contrario una figura aceptada por la escisión liberal como un sujeto abstracto, no cualificado por su posición subalterna social y económicamente, que coopera a la conformación del interés general y que goza por tanto de la aceptación condicionada a su empleo funcional al desarrollo de la riqueza de todos y a la preservación de las libertades económicas que la encuadran. El discurso antiliberal se ha beneficiado de esta figura abstracta y universal y la ha completado con otro contenido activo y exigente que requiere prestaciones públicas que nivelen las desigualdades sociales, sitúen fuera de la lógica del mercado determinadas exigencias de vida e involucren el espacio público en los intereses de la mayoría, en los bienes comunes de la población. En ese mismo discurso el trabajo se presenta como la condición necesaria de esa ciudadanía social, pero es muy difícil aproximar el espacio de la ciudadanía al de un trabajo fragmentado, dislocado y precario que progresivamente se afianza como el único horizonte real posible de empleo. Inestable y devaluado.

Esta apreciación diferente se comprueba en el discurso actual frente a las políticas de austeridad frente a la crisis. La narrativa de contestación de estas políticas que se basa sobre la reivindicación de una ciudadanía activa, participativa, es mucho más fuerte que la que incorpora a este discurso el elemento de la subalternidad del trabajo, la erosión de los derechos laborales y la devaluación progresiva del salario. Y ello con independencia de que esa narración la efectúen los movimientos sociales o el sindicalismo de clase.

La debilidad del argumentario que reposa sobre la centralidad del trabajo y la remoción de las situaciones de autoritarismo y explotación es algo detectable también en el discurso sindical, mucho más compacto en la reivindicación de la ciudadanía social, como si se diera por descontado que el dogma liberal de la opacidad del trabajo a la democracia tuviera tal carga de realidad que fuera improbable su remoción en la acción política de los sujetos sociales. Como también se manifiesta en la actividad cultural de los juristas críticos que actúan en este marco antiliberal y democrático, mucho más interesados en el desarrollo de las técnicas de garantía y de los contenidos de los derechos sociales ciudadanos que en la disciplina jurídica del trabajo, que cuenta con técnicas e instrumentos ya consolidados dogmáticamente que sin embargo son reconfigurados y devaluados en las últimas reformas laborales.

La opacidad democrática del trabajo se expresa asimismo en las formas de conflicto que adoptan las movilizaciones sociales. La sublevación de la ciudadanía en cuanto partícipe de un territorio y de unas necesidades de vida en la ciudad, o de unos servicios públicos son los elementos más subrayados como modelos para la acción. Por mencionar los ejemplos más relevantes, la actuación de la PAH por el derecho a la vivienda se mueve en esa dimensión, aunque hace referencia más precisa al desarrollo y garantía de un derecho social que está construyendo en gran medida la propia presión popular y las formas especiales de dar visibilidad al conflicto, como los “escraches” emprendidos con tanto éxito y participación. Las “mareas ciudadanas” y fundamentalmente la de sanidad y enseñanza, gestionan y expresan un descontento en relación con la prestación de un servicio público y saben estar presentes en las calles con una vistosidad muy notable. La referencia a la posición social de estos ciudadanos marcada por el desarrollo de una actividad laboral asalariada o de cuidados, por la prestación de un trabajo, se coloca en un lugar muy residual. Los ejemplos que podrían insertarse en ese proceso de rechazo y resistencia, como la lucha victoriosa de los trabajadores de la limpieza de Madrid a través del ejercicio de su derecho de huelga, no se mantienen en el discurso explícito que alimenta la contestación a las políticas de austeridad en la mayoría de sus exponentes más cualificados. La huelga es un modo de acción lejano de las pautas preponderantes de la movilización ciudadana e incluso no se considera que forme parte de ésta.

Parecería que el propio sindicato se aparta de los moldes clásicos que canalizan y expresan el disenso frente a las políticas públicas de recortes y de reformas estructurales a través de la huelga general. Por un lado el sindicato español tiene dificultad en expandir el conflicto más allá de la empresa – aunque sea muy eficaz en dirigir y gobernar el conflicto en la misma – pero además sabe que la huelga que subvierte la normalidad productiva de los trabajadores y sólo de éstos no alcanza el grado de presión social necesario para involucrar a la ciudadanía como categoría popular, política. Dejando de lado el problema de la eficacia de la huelga y por tanto de su percepción como instrumento central de la participación de los trabajadores en un proyecto de reforma social – tema al que posiblemente se dedicará una reflexión específica en breve – la huelga general ha dejado de ser un acto de resistencia general que expresa el rechazo del trabajo prestado en régimen de explotación y de autoridad incontestada. Se considera más bien un trabajoso momento en el que se hace presente la representación colectiva del trabajo y su capacidad de influencia entre un amplio número de trabajadores, una reivindicación del sujeto colectivo que representa el trabajo y que se exhibe como interlocutor político. Pero ese proceso de exteriorización es penoso y agotador, gasta muchas energías personales y medios materiales y no obtiene un éxito ciudadano entendido como afectación del consumo y de la cotidianeidad de la vida de las personas.

Posiblemente es esa convicción la que ha llevado a los sindicatos españoles a compartir sus formas de movilización con las que se expresan desde la esfera de la ciudadanía social, a fundir sus reivindicaciones con las que manifiestan los movimientos ciudadanos, a los que por cierto el sindicato da organización y estructura. Exhaustos ante la movilización “particular” frente a la degradación del trabajo, las últimas huelgas que reivindican un tratamiento garantista del derecho al  trabajo se detienen ante la Ley 3/2012 de reforma laboral. Las últimas medidas en esta materia  – el RDL 16/2013 – han sido criticadas de forma contundente pero sin arbitrar una respuesta en el campo del conflicto. Tampoco han sido muy consideradas en el discurso alternativo de la movilización social contra las medidas de austeridad.

Aunque lo importante para los sujetos que reciben y resisten las consecuencias de las políticas de austeridad es percibir las formas a través de las cuales se expresa un claro rechazo a las mismas, es también conveniente prestar atención no sólo a los hechos o a las prácticas llevadas a cabo colectivamente, sino a la manera en que se produce la deslegitimación de la actuación de los poderes públicos y privados, la repulsa a la corrupción y al autoritarismo, en definitiva, la narrativa que emerge de estos sujetos frente a la sucesión brutal de acontecimientos y su imposición violenta por las autoridades de gobierno y el poder empresarial.

Y el discurso es diferente en uno y otro supuesto, el de los recortes sociales y el de la degradación de los derechos derivados del trabajo. En este último caso, se ha actuado desde las sucesivas reformas legislativas favoreciendo la fragmentación, la variabilidad y la atomización de los intereses de los trabajadores para romper la capacidad de agregación de la forma sindicato y difuminar su poder contractual. Con el poder público el diálogo social ha quedado prácticamente desactivado ante una política definida de manera unilateral frente a la que solo cabe una intervención adhesiva por parte de los sujetos que representan el trabajo en una sociedad determinada. El trabajo sigue siendo considerado como un espacio opaco a la consideración democrática, un territorio donde la autoridad del poder privado no puede ser contestada ni colectiva ni individualmente, un momento secundario en la movilización social y política de los proyectos reformistas.

Recomponer esa asimetría es importante. Ante todo para el propio sindicato, que necesita seguir construyendo un modo de estar en el trabajo que no implique la anulación de los derechos del trabajador y del ciudadano y que por tanto debe repolitizar democráticamente ese espacio de actuación. También servirá para reformular la relación con los movimientos sociales recuperando el lado oculto del trabajo como eje de explicación de la desigualdad social y la remercantilización de la existencia. Ayudará en fin a que la izquierda política supere las demasiadas inseguridades que denota respecto del proyecto de reforma que encarna, tanto en el nivel europeo como en el plano nacional.