Desde 2011, las empresas de más de 100 trabajadores que han hecho un despido colectivo saben que tienen pendiente pagar el seguro de paro y las cotizaciones de los mayores de 50 años afectados, los llamados prejubilados. Es la conocida como enmienda Telefónica, que se coló en la última reforma de pensiones. Pero hasta este martes faltaba el reglamento que detallara a las compañías cómo y dónde tenían que pagar. Ahora ya lo saben.

Según el reglamento publicado este martes, a partir de hoy las empresas que hayan hecho prejubilaciones recibirán todos los años un requerimiento de los Servicios Públicos de Empleo con el dinero que tendrán que abonar por los despidos efectuados. A partir de entonces se abrirá un plazo de alegaciones de 15 días. Finalizado el proceso, la compañía tendrá que abonar la cantidad correspondiente en la ventanilla de Hacienda.

En la memoria financiera que acompañaba al reglamento, el Ministerio de Empleo calculaba que esta norma le permitiría ingresar al año unos 350 millones. No obstante, durante este año la recaudación será superior ya que las empresas no han pagado todavía nada por las prejubilaciones hechas desde que se aprobó la medida en julio de 2011.

Los planes de recolocación

La reforma laboral allanó mucho el camino de los despidos colectivos. Para atenuar sus previsibles efectos, la misma norma contempla que cuando una empresa haga un ERE que afecte a más de 50 trabajadores tendrá que contratar con una compañía especializada un plan de recolocación de los despedidos.

El reglamento de las regulaciones de empleo publicado detalla cómo tienen que ser estos planes y qué contenido que deben tener. Entre las obligaciones del programa, que deberá tener una duración mínima de seis meses, está la de prestar una especial atención a los trabajadores de ?mayor edad?

Además de la duración del plan, el reglamento también determina que la empresa especialista debe procurar poner en contacto al nuevo parado con ofertas de empleo. Otras obligaciones del plan son la de asesorar al afectado para reciclarse, poner algún negocio por su cuenta o preparar las entrevistas de empleo.

Con esta medida, España se homologa con muchos países europeos. En ellos, los planes de recolocación desarrollados por compañías especializadas son una obligación para las empresas que llevan adelante los despidos colectivos.

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