Jordi Évole

Cuando Franco murió, yo tenía un año. Y no paraba de llorar. Igual porque había visto a Sergio y Estíbaliz en Eurovisión, cantando Tú volverás. Mis padres insistieron en que el Generalísimo no volvería, y quizá por eso me tranquilicé. Por aquel entonces nadie sabía nada de un tal Wert.

Tres años más tarde, en 1978, se aprobó la Constitución. Como tenía 4 años, ni me enteré. Y tampoco me enteré de que ese año, meses antes de aprobarse la Carta Magna, retuvieron a la hija de Franco en Barajas por contrabando. Llevaba relojes, brillantes y monedas de oro no declarados con destino Suiza. Iba sin Artur Mas y, aunque llevaba oro, no era Gerardo Díaz Ferrán disfrazado.

Seguro que a Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE, jamás se le ha ocurrido llevar fuera de España ese lingote de oro que tenía en su casa. Porque este hombre confía en la Constitución, en cuyo preámbulo se defiende el «imperio de la ley». Y, como es sabido, el oro de ley vale un imperio. Además, si tiene un poco de suerte, y pilla un defecto de forma (a lo Gao Ping, el de la operación Emperador), supongo que denunciará al Estado por daños y perjuicios. Y todo gracias a la ley.

Corrupción legal

Pero toda ley es mejorable, incluida la Constitución. Sin ir más lejos, ya que los políticos aprueban las leyes, ¿por qué no legalizan la corrupción política? Así, se evitarían casos Gürtel, Mercuri, etcétera. Teniendo en cuenta que el asunto es delicado, yo encargaría a algún experto un informe sobre cómo incorporar esta novedad a la Carta Magna. Que lo escriba Urdangarín.

Y también incorporaría el derecho de los partidos a incumplir sus promesas electorales. De esta manera, el ciudadano no se haría ilusiones, y podría dedicar más tiempo a ilusionarse por otras cosas que tengan más sentido y sensibilidad, como leer el libro de memorias de Aznar. Por cierto, qué raro que la presentación de este libro no se haya hecho en la sala Bagdad...

Por otro lado, y en algunos casos, aplicaría recortes a la Constitución. Por ejemplo, en el artículo 40 se indica que «los poderes públicos realizarán una política orientada al pleno empleo». Pues yo eliminaría esto para que nadie pueda confundir la Carta Magna con una obra de ficción.

En otros casos, en cambio, ampliaría artículos, como el 47, donde se dice que «los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Puestos a tener derecho a algo que nadie está obligado a garantizar, me inclino por esta redacción: «Los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, con cocina equipada, armarios empotrados, muy soleada y cerca del Mercadona». Total, queda más preciso y es igual de inútil.

Sin embargo, no tocaría ni una palabra del artículo 128 cuando se afirma que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad estará subordinada al interés general». Por eso, estoy seguro de que si un día los españoles sufrimos una crisis económica, los bancos nos ayudarán.