La asitencia sanitaria debe mantenerse a las personas que han agotado prestaciones o subsidios de desempleo que están fuera de España
16 de Janeiro de 2014, 7:34 - sem comentários aindaEl Secretario Confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, reitera la necesidad de retomar el camino hacia la universalidad del derecho a la protección a la salud y la asistencia sanitaria y revisar la norma que desde diciembre de 2013 deja a las personas desempleadas que han agotado prestaciones o subsidios por desempleo, y hayan superado 90 días de estancia en el extranjero a lo largo de un año natural, sin cobertura sanitaria mientras estén fuera de España.
Considera, asimismo, que habría que revertir la decisión de excluir a 873.000 inmigrantes sin permiso de residencia, que ven ahora limitado su derecho a la asistencia sanitaria a las situaciones de urgencia, atención a las mujeres embarazadas y menores de 18 años.
Según CCOO, no puede hablarse de un verdadero sistema universal de atención sanitaria mientras se vincule el derecho con la condición de asegurado o beneficiario, limitado por tanto a la condición de persona incluida en el ámbito de la acción protectora de la Seguridad Social. Esto debía haberse resuelto ya definiendo con claridad un SNS universal al que acceden todos los españoles, los extranjeros empadronados, los nacionales de los Estados miembros de la UE, y los nacionales de otros Estados con derechos reconocidos por leyes, tratados y convenios suscritos, tal y como se hizo hace ya más de diez años.
El modelo de aseguramiento frente al sistema universal conlleva requisitos y trámites que complican la aplicación efectiva del derecho a la protección a la salud y la asistencia sanitaria. Permite exclusiones que no deberían darse y surgen problemas por falta de información o por carencias de automatización de procesos y de coordinación entre Administraciones.
Ahora, según el INSS, las personas que se encuentren fuera de España, en un país del Espacio Económico Europeo, una vez agotado el período de validez del Certificado Provisional Sustitutorio de acuerdo con la Directiva 2004/38 del Parlamento Europeo, se encuentran encuadrados en el artículo 7 de la citada Directiva, por lo que deberán contar con un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida. La cobertura de Tarjeta Sanitaria Europea no cubre todos los riesgos. El CPS no se renueva en estos casos porque el hecho causante del aseguramiento en España ? la residencia ? ha decaído.
No obstante, cuando vuelvan a España mantendrán el derecho a asistencia sanitaria con cargo a España, si continúan cumpliendo los requisitos exigidos por la legislación interna española.
La reforma que permitió que las personas que hubieran agotado prestaciones o subsidios por desempleo pudieran acceder a la asistencia sanitaria pública a partir de enero de 2012, fue ampliada con la reforma de abril de ese mismo año, al incorporar el derecho sin límite de fechas y sin la exigencia de residencia en España. Esto ha dado lugar a que desde abril de 2012 pueda haber personas residiendo fuera de España por periodos prolongados sin que su condición de asegurado y su correspondiente cobertura sanitaria se viera alterada, lo que estaba ocasionando importantes cargas al Sistema Nacional de Salud y provocando serias críticas, según el INSS.
La última reforma del Gobierno, de diciembre de 2013, incluyendo para este colectivo el requisito de residencia en España -definiendo por tal el no superar los 90 días fuera de España a lo largo de un año natural- deja de nuevo sin derecho a estas personas cuando no cumplan esta condición de residencia. Sin embargo, es contradictorio que el titular de un derecho lo pierda al haber transcurrido 90 días fuera de España y no se le renueve el Certificado Provisional Sustitutorio, y sin embargo esta renovación sí sea posible en el caso de los beneficiarios de un titular residente en España, aunque se haya superado el plazo de los 90 días.
Para CCOO el derecho a la cobertura de la asistencia sanitaria fuera de España para aquellas personas desempleadas que han agotado prestación o subsidio, debería tener un periodo de cobertura que permitiera superar los 90 días, en términos similares a otros colectivos que pueden obtener la Tarjeta Sanitaria Europea o que pueden renovar sin dificultad el Certificado Provisional Sustitutorio.
La falta de democracia en los medios de información
13 de Janeiro de 2014, 15:16 - sem comentários aindaPor Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Pascual Serrano, uno de los mejores periodistas de este país, acaba de publicar un artículo (“Conflicto en Intereconomía o Canal 9, ¿dónde se coloca la izquierda?”) en Público 26.12.13, que debería hacer reflexionar a todas las personas con sensibilidad y vocación democrática, pues toca uno de los temas más importantes existentes en la limitadísima democracia española, es decir, la falta de diversidad ideológica de los medios de información de España y de sus comunidades autónomas. En realidad, el mayor problema de la democracia española es, precisamente, esta falta de diversidad tanto en los medios escritos como orales, y tanto en los medios públicos como en los privados.
El artículo surge a partir del conflicto laboral existente en el canal de televisión Intereconomía, junto con el cierre de Canal 9 y del resto de la radiotelevisión pública valenciana. Estos conflictos y cierres han movilizado a las izquierdas del país en defensa de los profesionales y trabajadores de esos medios, afectados negativamente por tales medidas, pues ellas implican pérdidas de puestos de trabajo. Como bien señala Pascual Serrano, la defensa de puestos de trabajo ha movilizado siempre a las izquierdas (que, por regla general, lideran las reivindicaciones laborales), siendo estas las que se han movilizado para protestar y denunciar dicha destrucción de puestos de trabajo, independientemente del lugar e institución en los que ello tomara lugar.
Ahora bien –tal como indica Pascual Serrano–, esta política lleva a situaciones paradójicas e incoherentes, pues esta protesta puede ser antidemocrática cuando sus beneficiarios son profesionales o trabajadores de instrumentos antidemocráticos como lo han sido Intereconomía y Canal 9. Estos medios de información han carecido del mínimo de conciencia democrática que debería exigírsele a un medio de información que use un bien público como son las ondas radiofónicas. En realidad, su comportamiento ha sido profundamente antidemocrático, marginando, cuando no insultando, a las izquierdas y a las fuerzas democráticas, con un servilismo a las ultraderechas gobernantes del país que ha dañado a las clases populares de este país. Su limitado profesionalismo, puesto al servicio de la propaganda política, se ha traducido en el descaro y desvergüenza que caracterizan a las derechas (en realidad ultraderechas) del país. Canal 9 jugó un papel clave en ocultar las causas del enorme daño provocado a las víctimas del accidente de metro de Valencia y a sus familiares. E Intereconomía ha intoxicado la cultura democrática del país, con una manipulación grosera que ha alcanzado un nivel de insulto y sectarismo que ha hecho imposible cualquier posibilidad de diálogo o enriquecimiento democrático. En realidad, dicho comportamiento ha corrompido cualquier atisbo de democracia que hubiera podido existir en la cultura política de la ultraderecha española.
Es un espectáculo que debería ofender a cualquier demócrata en nuestro país el ver a los profesionales de Canal 9 denunciar las enormes manipulaciones de esa televisión en el momento en el que son expulsados. ¿Por qué no lo denunciaron cuando ello estaba ocurriendo, que era cuando los mismos profesionales, que ahora se quejan, estaban transmitiendo aquellas mentiras que ocultaban hechos verídicos de los cuales ellos eran conscientes?
Se me dirá que si lo hubieran hecho, se les habría penalizado. Pero esta explicación no justifica su comportamiento. ¿Se utilizaría la misma justificación si la persona que diera este argumento fuera un torturador en las celdas de la policía, que le despedían debido a los recortes del personal policial? Pues bien, el sistema actual, que esconde una dictadura mediática, se reproduce mediante represión, no solo física sino también intelectual. Y los medios están jugando un papel clave en la reproducción de esta represión intelectual.
También se me podría decir (como se me ha dicho) que Canal 9 era público y las izquierdas deben apoyar a los medios públicos. Este argumento, para ser válido, tendría que tener en cuenta la naturaleza democrática de dicho instrumento público, lo cual es fácil de mostrar su inexistencia mirando la limitadísima diversidad ideológica existente en el medio. Y ahí, muchos pecan de escasa vocación democrática. TV3, el primer canal de la televisión pública catalana, promueve en sus programas de economía una visión ultraliberal que sistemáticamente promociona el punto de vista del mundo del capital a costa del mundo del trabajo. En el programa Lecciones de Economía, de casi una hora de duración, constantemente se presenta la visión empresarial de la vida económica, presentando por ejemplo a las compañías eléctricas como víctimas del gobierno (sí, ha leído bien) en el rechazo de este último al crecimiento del precio de la electricidad (uno de los más altos de la UE-15).
Podría justificarse este apoyo a TV3 (como yo hice recientemente) por también tener programas (muy pocos), en el canal secundario de Televisió de Catalunya, de gran interés político-social. Pero el problema mayor persiste: la utilización de un medio público por una ideología concreta que aparece con abusiva claridad en los informativos. Esta falta de profesionalidad debería ser denunciada por las izquierdas, que permanecen calladas por miedo (y existe mucho miedo y temor a criticar a los medios), por oportunismo y por confusión. Es sorprendente la falta de respuesta de las izquierdas hacia la falta de diversidad de los medios, siendo España el único país de la UE-15 en el que no hay ningún mayor medio escrito u oral de izquierdas. Y las izquierdas tienen responsabilidad en ello.
Fuente: nuevatribuna.es
Trabajadores de Panrico, abandonados a su suerte
13 de Janeiro de 2014, 15:12 - sem comentários aindaLa cogida y la muerte
Por Jesús Martínez, Periodista
En la línea de metro hasta Sagrera (L5) los monaguillos de la pobreza pasan el cepillo.
En la parada de Sagrada Família se sube un chico con una guitarra, rezagado, acompañado de una niña de manos frías como la estación de esquí de La Molina: “Pero mira cómo beben los peces en el río…”. Se baja en la parada de Hospital de Sant Pau.
En Hospital de Sant Pau se sube una mujer atascada en la vejez, pese a los cincuenta años que debe de tener. Alarga las vocales, como un tiple: “Dos mecheros un eeeuro. Para cocina, por favooor. No tengo que comer, por favooor. Madre de cuatro niños, por favooor”. Se baja en Camp de l’Arpa.
En Camp de l’Arpa se sube una jovencita con un gran malestar: “Perdonad, tengo un niño pequeño. ¿Me podrían ayudar para un poco de leche?”. Se baja en Sagrera.
Y en Sagrera se sube un grupito de adolescentes que le dan a la lengua, y junto a la cantante Miley Cirus, a la “tontita” de la Jenny de su clase y a la “prepotencia de los padres”, se cuela en la conversación esta frase: “El banco ha subastado su casa, por las deudas”.
Para ir al Polígon Industrial del Besòs es necesario coger la línea de metro hasta Sagrera, y allí hacer transbordo hasta Bon Pastor (L9 y L10).
En la parada de Bon Pastor, la pegatina: “¡Panrico, en lucha!”.
Para ir al Polígon Industrial del Besòs es necesario activar el GPS del teléfono móvil. Si no necesario, sí conveniente. Hacen que te pierdas las avenidas largas y el escaso alumbrado público (la moda de las lámparas de vapor de sodio, con unos cromatismos amarillos insuficientes). Lo que sí que desprende luz, como el Pompidou-Metz, y lo que sí que brilla como el objetivo de un paparazzi, es el Bazar Bon Pastor. La fábrica Wang Bao S. L. provee de árboles de Navidad (de 12 a 55 euros), pastorcitos (1,20 euros) y monigotes en forma de muñecos de nieve (0,60 euros).
En el Bazar Bon Pastor se venden los imanes de santos por 0,80 céntimos (para encontrar trabajo, rezar a San Judas Tadeo; lo tienen).
“No sabemos dónde está la planta de Panrico, aquí no”, se te quita de encima la dependienta.
En la calle Caracas, 9, en el Polígon Industrial del Besòs, la oscuridad.
A las seis de la tarde del sábado 21 de diciembre del 2013, el sábado anterior a la Navidad, las sombras invaden la salida del centro de distribución logística de la empresa de bollería industrial Panrico (una imagen de Donuts pegada a la persiana recuerda su época de gloria). Esta industria especializada en repostería se fundó en 1962.
El centro se encuentra entre dos locales: por un lado, la firma de logos corporativos Roura & Cevasa, empapelada con estos mensajes de sus trabajadores: “Traslado forzoso=expediente encubierto barato” (“garantía de solvencia”, según su web). Y por otro lado, una firma de especialistas en limpieza de naves y locales comerciales (“desmontar todo tipo de muebles y tabiques y retirarlos al vertedero autorizado”).
Pero a esa hora, en ese día, sólo quedan los restos de lo que en algunos momentos fue una resistencia numantina. Algo similar al patio de butacas del teatro Apollo, en el West End de Londres, después de que se le viniera encima el techo de escayola.
Cerrado el centro de distribución de Panrico, las pegatinas de los sindicalistas de Comissions Obreres de Catalunya se han concentrado en este punto: “Panrico, en lluita”, con las letras de color rojo sobre fondo blanco. Y la pintada, “organitza’t i lluita”, del PCPC (Partit Comunista del Poble de Catalunya) i de la JSPC (Joves Comunistes del Poble Català). Abandonada, igual que el paso fronterizo entre España y Francia en Col de Perthus, la garita construida con tablones de madera, con bidones y con cartones de la multinacional de impresoras Hewlett Packard, cartones de aguas Veri y cartones de la envasadora Serviplast.
Suelo de palés, un sofá de tres plazas raído y unas varillas metálicas como pértigas que apuntalan la casamata.
Dos pancartas, como banderas blancas, indican los límites del vado que los trabajadores conquistaron, y del que se han retirado vencidos y humillados. En una pancarta: “Volem una solució”. Y en la otra: “Directivos, nos hacéis pobres para haceros más ricos…”.
Cerca del centro de distribución de Panrico, una nave con este nombre: “Esperanza”.
A las seis de la tarde del sábado 21 de diciembre del 2013, nadie pasea por Caracas, 9, en el Polígon Industrial del Besòs. La oscuridad.
*
A las seis de la tarde del viernes 3 de enero del 2014, unos cuarenta trabajadores en huelga hacen el segundo turno de guardia (de 14 a 22 horas; hay un turno de noche y otro de mañana) en el Polígon Industrial Santiga. La planta de producción de Panrico de Santa Perpètua de Mogoda, con 351 empleados, es la principal y la más moderna de las nueve fábricas del Grupo, y el centro neurálgico de las casi cien delegaciones en la península Ibérica. Los piquetes intentan proteger sus derechos, y mantienen parada la línea, proceder que la empresa considera que es “ilegal”.
Para ir al Poligon Industrial Santiga, donde se ubica Panrico, es necesario coger la carretera que va de Sabadell a Mollet del Vallès, y no apartarse de la estela que dejan las pancartas y los lemas pintados en las paredes de hormigón: “Solidaritat amb els treballadors de Panrico”, firmado por la Coordinadora Sindical de Sabadell; “[consejero delegado de Panrico, Carlos] Gila, cabrón, ¡nuestros hijos no ríen, lloran!”; “No a los recortes”; “Esclavos, no”; “Jóvenes, uníos a la lucha”; “Ni ERO ni acomiadaments”; “Seguimos luchando”; “Repartir el treball, repartir la riquesa”; “Sobran fuerzas para protestar, tú eliges”.
A las seis de la tarde del viernes 3 de enero del 2014, dos viernes después de Navidad, el árbol con los adornos de las Fiestas se ha plantado en el agujero de un neumático Bridgestone.
Pasada la señal de prohibido conducir a más de 30 km/h, en la pendiente que sube a la planta de Panrico, coronada por un gigantesco anuncio de Donuts, un improvisado belén con José de Nazaret, la Virgen María y el Niño Jesús. El establo se ha levantado con las tablas de los palés de madera que acarrean las carretillas elevadoras. Sobre la carretera B-140, en la Sábana Santa esta reivindicación: “Los trabajadores de Panrico os deseamos Felices Fiestas”.
La plantilla de Panrico en Santa Perpètua de Mogoda ha construido dos casetas enfrente de la factoría. Organizados como los hombres de Vasco de Gama que zarparon hacia la indostánica Calicut, la sección de carpintería hace tantos prodigios como MacGyver y como el Niño Jesús del belén que han montado. Uno de los parados de Panrico le da al serrucho: “Estamos reforzando los tablones, preparándonos para las lluvias. Ayer por la noche el viento casi se llevó la carpa”. La alcalde del Santa Perpètua de Mogoda, Isabel Garcia Ripoll (ICV-EUiA), les ha regalado las lonas que les sirven de habitáculo.
En la caseta de una de las bandas de la carretera que rodea el complejo fabril, los sofás de estos puestos de vigilancia han sido recogidos de la basura. En medio, una estufa de leña como la de Nuremberg, del cuento de Ouida. La línea eléctrica, la han cogido de Panrico. En el corcho, el llamamiento: “Importante: repartir octavillas”.
En la caseta de la otra banda, a resguardo los libros (con la elegía Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, de Federico García Lorca, cuyos versos comienzan con “La cogida y la muerte”) y las figuritas artesanales que se venden en los mercadillos dominicales, y cuya venta ayuda a llenar la hucha de la solidaridad.
Un ángel caído del cielo compró en el supermercado una paletilla de jamón. Para la caja de resistencia.
“Es duro, muy duro. En 1972, yo empecé a trabajar en Panrico, como pastelera, cuando tenía 14 años. Aquí conocí a mi futuro marido, Francisco Mesa, del turno de la mañana. Esta es mi vida. Aquí he depositado mis esperanzas. Y ahora nos maltratan”, se doblega Gertrudis Hernández (Linares, Jaén, 1951), que se bebe un vaso de agua, como los peces del villancico. “Tengo tres hijos, todos en paro. Alguna tarde, mi hija nos trae unas madalenas, para merendar aquí, con las compañeras, mientras hacemos fuerza para ver si la empresa cede. Porque esto es un tira y afloja. Pero ya no sé, llevamos once semanas aquí, tres meses como quien dice, y todo sigue igual. Ninguna novedad. No sé, sí que vienen televisiones y otros periodistas, pero ¿para qué? Todo sigue igual. Esperaba que ocurriera un milagro, pero ahora espero que no acabe todo tan mal. No sé, lo que el destino me depare. Y no me hagas caso, que soy muy de soñar despierta. Nunca me hubiera imaginado que esto acabaría así. El Gila ese que es un bicho malo…”
En septiembre del 2013, el consejo de administración de Panrico nombró al economista de la Universidad de Harvard Carlos Gila “primer ejecutivo” del grupo de alimentación. Le describían como “experto en reestructuración de compañías”. De su cabeza es la propuesta de despedir a 259 asalariados. “¿La razón? La razón es que no existe razón alguna. Así de claro. Su excusa es que salimos muy caros. Tonterías. Lo que realmente quieren es externalizar la producción y hacer contratos precarios. Lo de siempre. El dinero que se ahorran se lo reparten entre el resto de ejecutivos, gente con la idea de hacer dinero”, esgrime, como si fuera la Quinta Enmienda, Alfredo Acosta (Órgiva, Granada, 1961), del área de almacén, pegado a su jersey el lema “Panrico, en lucha”. “Y como les ha sorprendido que no aceptemos sus propuestas, el castigo es irnos a la calle, sin negociación que valga.”
La empresa ha demandado a los trabajadores y les reclama cuatro millones de euros.
Por su parte, Inspecció de Treball, que depende del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, ha abierto un expediente sancionador a la empresa por vulnerar el derecho de huelga.
Este reportero ha escrito a la compañía para solicitar su versión del conflicto laboral, sin que haya obtenido respuesta.
A las siete de la tarde del 3 de enero del 2014, un guardia de seguridad intenta apartar los bidones que bloquean la calle. Los cuarenta obreros de este turno, que desean conservar su puesto de trabaja, le plantan cara. El guardia de seguridad les amenaza, apuntándoles con el dedo, como si disparara.
“¡Mercenarios, dónde se ha visto, que nos faltéis así al respeto! ¡Sois unos mercenarios, eso es lo que sois!”, le increpa uno de los sindicalistas de Panrico.
La empresa ha contratado a cuatro seguratas para que vigilen la maquinaria. Por su actitud agresiva, los trabajadores han puesto una denuncia: “Cuando íbamos al parque logístico de Zona Franca para impedir que los camiones de otras plantas de España descarguen la bollería, nos decían que nos iban a dar una paliza, que nos iban a matar…”.
Dos patrullas de los Mossos de Esquadra acuden a las casetas, alumbrando las casamatas con sus “luciérnagas” (faros, que iluminan como las velas del Janucá). Median con los trabajadores. Se comprometen a dialogar con los miembros de la seguridad privada a cambio de que los huelguistas no caigan en las provocaciones. Parlamenta con ellos Ginés Salmerón (Sabadell, 1958), presidente del comité de empresa, de Comissions Obreres de Catalunya, que inicia su narración como si cantara la Odisea, de Homero, como un viaje al pasado, muy lejano, muy lejano, muy lejano: “Cuando empezamos la negociación, aprobaron el expediente de regulación de empleo…”.
En total, unos cuatro mil trabajadores elaboran en España pan de molde con corteza, pan de molde sin corteza, Bollycaos, Donuts, Donettes, Grisines, Dip-Dip… No se han solidarizado con Panrico.
Ginés Salmerón, que entró en Panrico en 1975, fuma, y se refugia en las caladas que amamantan la bronquitis. Se resiste a la crucifixión: “Hemos ido a un montón de charlas y asambleas para hacer un llamamiento al boicot. Cada vez que alguien compra un donut, nos están poniendo de patitas en la calle”.
“En suport a la lluita de les treballadores i treballadors de Panrico. Con la huelga indefinida de Panrico.” El miércoles 18 de diciembre del 2013, en el Centre Social de Sants, en Barcelona, se contó con la participación de los trabajadores de Panrico.
“Cero despidos, cero rebajas”, aparecía en el subtítulo (los ceros, con forma de dónut).
En Co-aliment, el badulaque del cruce de las calles Guadiana y Ferreria, en Sants, dos dónuts (“elaboración y servicio diarios”) cuestan 1,56 euros.
El señor de cara cobriza, aletargado, como emporrado, más lento que un procesador Intel de tercera generación, y pesaroso, te vende bien el producto: “Sí, yo he preguntado al comercial si hay donuts. Él me ha dicho que se ve que los trabajadores están en huelga. Pero hoy no huelga. Hoy sí hay donuts”.
Un sindicato con las cuentas claras
13 de Janeiro de 2014, 15:09 - sem comentários aindaCCOO. - Tal y como anunciamos, CCOO hace pública su información económica, el estado de nuestras cuentas y el origen de nuestros recursos
El sindicato tiene una responsabilidad contraída con la afiliación y la sociedad en general, que se concreta entre otras muchas cuestiones en la obligación de gestionar los recursos de acuerdo con las normas internas y externas, con la mayor eficiencia, solidaridad y cooperación posibles entre sus estructuras, a las que hay que añadir la máxima transparencia en todas sus actuaciones, y también en la administración de los recursos económicos.
La diversidad de recursos que gestionamos es amplia, diversidad que se sustancia, entre otras, en las cuotas de nuestra afiliación, los recursos obtenidos de la prestación de servicios que realizamos, la actividad de nuestras fundaciones y empresas, los programas subvencionados, y los recursos humanos del sindicato.
Cualesquiera que sean los recursos administrados, y más allá de la coyuntura de cada momento, nadie con una mínima dosis de objetividad, puede dudar de algunas de las señas de identidad histórica de CCOO, ampliamente contrastadas, como son la honradez y la transparencia, en toda y cada una de sus acciones, también en la gestión económica.
En los propios Estatutos de la CS de CCOO se establece que CCOO, como principio rector y seña identitaria, asume sus responsabilidades y traza su línea de acción con independencia de los poderes económicos, del Estado y de cualquier otro interés ajeno a sus fines, y también de los partidos políticos.
Son ese escenario y esas reglas de juego, las que asumimos voluntariamente en el marco de cada Congreso Confederal, como máximo órgano de decisión del conjunto de la organización.
De esta convicción nacen las propuestas que hemos venido planteando y que completamos con el compromiso, acordado en el Plan de Acción de nuestro 10º Congreso Confederal, de:
? Hacer públicas, a través de nuestra página web, la información económica y financiera, el estado de las cuentas y el origen de los recursos del conjunto de organizaciones confederadas.
? Remitir al Tribunal de Cuentas la memoria económica anual, una vez auditada externamente e informada por la Comisión de Control Financiero de CCOO.
Con el objeto de dar cumplimiento a dichos objetivos, en el último mandato, hemos seguido trabajando en las herramientas confederales administrativas y tecnológicas, fundamentalmente en las diseñadas para una mejor gestión de los recursos; sabiendo que además de la voluntad política, la implementación de instrumentos más adecuados a los objetivos fijados pueden mejorar el funcionamiento de CCOO. Para ello es necesario, además, el compromiso de su aplicación universal por parte de todas nuestras organizaciones, sin excepción.
Por ello hemos convenido, en el conjunto de la organización, que es imprescindible la cooperación y el compromiso para avanzar en la gestión eficiente de los recursos, entendiendo que si bien las normas y herramientas son medios y no fines, su uso desde la transparencia y el conocimiento que aportan, garantizan una mayor eficacia en la gestión de los recursos, mejorando nuestra organización y prestando mejor atención, dando más y mejores servicios a nuestra afiliación, y defendiendo mejor los intereses de los trabajadores y trabajadoras.
Pero además, la transparencia no puede ser una mera declaración de principios, sino que tiene que venir acompañada de medidas de control tanto interno como externo, como las que hemos venido aplicando durante muchos años.
Hemos de afirmar que, si bien la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de obligatoria aplicación a las organizaciones sindicales, y por tanto también a CCOO, lo será en un plazo de 2 años desde su publicación, el sindicato no quiere esperar hasta ese momento, y por ello estamos actuando en el objetivo de aplicar los términos de la misma a la información de nuestra gestión económica.
Queremos informar y explicar a nuestra afiliación y al conjunto de la sociedad, que CCOO tiene una clara voluntad de ser absolutamente transparente con los recursos que gestiona, porque se lo debe a los trabajadores y trabajadoras que han venido depositando su confianza en nosotros, y no para dar cumplimiento a una futura obligación, sino para hacer efectivos los compromisos de nuestra organización hacia sus afiliados.
Una tarea difícil, que tiene que ver con la complejidad organizativa del sindicato, que confedera a 31 organizaciones, cada una de ellas con un CIF distinto, y por tanto con personalidad jurídica propia. Comprende en su ámbito de actuación a diversas entidades con autonomía económica propia, y a su vez un red organizativa, diversificada tanto a nivel territorial (provincias, comarcas, islas?) como sectorial (sectores, subsectores, agrupaciones?..), y que desciende hasta las secciones sindicales de empresa o centro de trabajo. En definitiva, múltiples realidades distintas, con distinto grado de madurez organizativa y de gestión.
Es por todo ello que entendemos que la información que pretendemos hacer pública a través de nuestra web, necesita cubrir una serie de fases, alguna previa a la presentación de las Cuentas Anuales de la Comisión Ejecutiva Confederal en la página web, y otras posteriores a dicha actuación.
El pasado mes de Diciembre, como primera fase del proceso, se presentaron ante el Tribunal de Cuentas del Estado, las Cuentas Anuales de la Comisión Ejecutiva Confederal, acompañadas del Informe de Auditoría Externa realizado por profesionales independientes.
La segunda fase es la de publicación en la página web de la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO, no sólo de la información económica, sino también de aquella otra que consideramos relevante para acompasar la gestión de los recursos con diversas cuestiones que permiten identificar claramente qué es el sindicato, qué objetivos se ha impuesto y qué actividades lleva a cabo para cumplir con la labor social que le es propia.
En una siguiente fase se publicarán las Cuentas Anuales, junto a los informes de control internos y externos precisos, acompañados de una memoria de actividad de los distintos ámbitos de actuación del sindicato, con el objetivo de que la ciudadanía conozca las acciones que realizamos, que conllevan una ejecución de recursos, y producen unos resultados de alcance colectivo o general.
Por último, de forma paulatina, aunque sin pausa, se irá incorporando idéntica información a la facilitada por la Comisión Ejecutiva Confederal, por parte de la totalidad de las organizaciones confederadas, en sus respectivas páginas web.
Reivindicar el sindicalismo
13 de Janeiro de 2014, 15:07 - sem comentários aindaLos autores defienden a las centrales frente a "la campaña de desprestigio de la derecha"
Por Rodolfo Benito Valencianos e Pere J. Beneyto
La denuncia de irregularidades en la gestión de fondos públicos, en la gestión de Expedientes de Regulación de Empleo en Andalucía, ha elevado considerablemente el tono y el impacto de una campaña de acoso y desprestigio global del sindicalismo (acusado de anacrónico, disfuncional, poco representativo, subvencionado, etc.) impulsada desde hace tiempo por la derecha política, económica y mediática e incrementado notablemente desde el acceso al gobierno del PP, como estrategia complementaria a sus planes de gestión conservadora de la crisis, desregulación laboral y desmantelamiento del Estado de Bienestar.
Cierto es que hay que contribuir a un completo esclarecimiento de las cosas (acceder al informe de los EREs de Andalucía elaborado por CCOO en www.ccoo.es), a la par que denunciar las burdas manipulaciones que se vienen realizando en torno a la actividad y gestión económica de las organizaciones sindicales. Así como desactivar los tópicos sobre los que se ha construido una imagen distorsionada del sindicalismo, lo que exige de las propias organizaciones sindicales un mayor esfuerzo de transparencia, también en lo que es su actividad cotidiana y de los poderes públicos, agentes sociales y medios de comunicación un debate abierto y riguroso, al que pretendemos contribuir con estas reflexiones.
Legitimidad. Desde mediados del siglo XIX, el sindicalismo ha actuado como un auténtico prescriptor social, diagnosticando injusticias, promoviendo derechos, organizando protestas y elaborando propuestas dirigidas a poner en valor el trabajo y defender a los trabajadores, contribuyendo con ello a que buena parte de las demandas y reivindicaciones obreras de ayer, en materia de derechos, condiciones de trabajo y protección social, formen parte hoy de las Constituciones políticas y los sistemas de bienestar social de la Europa democrática.
A lo largo de ese proceso, la contribución de los sindicatos ha sido clave para la creación y desarrollo de los modernos sistemas de relaciones laborales (derecho del trabajo, negociación colectiva, instituciones de mediación) y protección social (prestaciones por desempleo, pensiones de jubilación, cobertura sanitaria) destinados a equilibrar colectivamente la profunda asimetría y desigualdad que caracteriza el contrato individual entre empresas y trabajadores.
Representatividad. Actualmente, el sindicalismo es, con sus más de sesenta millones de afiliados entre trabajadores en activo, parados y jubilados, el mayor movimiento organizado de la Europea comunitaria, habiendo participado de forma decisiva en la construcción y desarrollo de su modelo social.
Sobre una población asalariada de casi ciento ochenta millones de personas en el conjunto de la UE-28, la tasa media de afiliación sindical es del 23,4% según datos oficiales de la Comisión Europea, porcentaje que se dobla a través de la representación electoral en los centros de trabajo y triplica por la cobertura de la negociación colectiva desarrollada entre sindicatos y patronales.
Para el caso español, la fuente más rigurosa sobre afiliación sindical es la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo que desde 1999 venía realizando el Ministerio de Empleo y cuya última edición, publicada en mayo de 2011, calculaba una afiliación total de 2.824.000 trabajadores, equivalente al 18,9% de la población asalariada, siendo este el universo de referencia adecuado y no el total de la población, como hace una reciente encuesta del CIS (Barómetro de noviembre’2013).
Desde el inicio de la actual crisis económica, de efectos sociales devastadores para el trabajo y los derechos laborales, la afiliación sindical habría disminuido en torno al 10%, porcentaje inferior al de la caída del empleo (-18’5%), mientas que en la fase expansiva del ciclo el crecimiento de ambas variables fue muy similar, situándose en torno al +75% entre 1995 y 2007
En la actualidad, la tasa de afiliación directa en nuestro país resulta ligeramente inferior a la media europea, aunque similar a la de Alemania (18%) y muy superior a la de Francia (8%), Estados Unidos (11%) o Japón (15%).
Por su parte, el modelo español de relaciones laborales, fijado por la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores, amplia la representatividad de los sindicatos a través de las elecciones sindicales que se realizan cada cuatro años en más de 100.000 empresas con la participación de 7.000.000 de trabajadores, hasta situarla en torno al 60% sobre el conjunto de la población asalariada (hay que tener en cuenta que las empresas de menos de 6 trabajadores/as no tienen derecho a representación), superior incluso a la media europea en dicho ámbito.
Intervención. En el marco de unas relaciones laborales asimétricas, el sindicalismo asume las funciones de agregación y defensa de los intereses del conjunto de los trabajadores ante las contrapartes empresarial y política, mediante los correspondientes mecanismos de negociación y gestión del conflicto.
En el caso concreto de la negociación colectiva, se trata de casi 6.000 convenios de diferente ámbito que, hasta la reciente reforma conservadora que trata de limitar su eficacia, regulaban las condiciones de trabajo de más de 12.000.000 de trabajadores, lo que sitúa la tasa de cobertura en torno al 90%, siendo una de las más altas de la Unión Europea.
Cabe señalar, a este respecto, que si bien los beneficios de dichas negociaciones (salarios, regulación de jornada, promoción profesional, salud laboral y demás prestaciones sociales) son de cobertura universal y alcanzan al conjunto de los trabajadores, estén o no afiliados, los costes materiales y humanos (30.000 negociadores sindicales, más los correspondientes asesores técnicos) son asumidos exclusivamente por los sindicatos.
Además de las funciones centrales de negociación colectiva y defensa cotidiana de las demandas obreras en los centros de trabajo, los sindicatos realizan otras de ámbito y orientación diferentes, desde las ya clásicas de asesoramiento legal a otras de más reciente implementación, como las de prestación de servicios (formación, orientación profesional, cooperativas de vivienda, etc.), prevención de riesgos laborales y representación institucional a nivel estatal, autonómico, local y sectorial.
Así, por ejemplo, sólo para la asesoría legal de los trabajadores, tanto a nivel individual como colectivo, solo CCOO mantiene una red superior a las 100 asesoráis jurídicas, con casi 300 puntos de consulta, con abogados y asesores especializados que intervienen anualmente en 300.000 conflictos (individuales y colectivos), en tarea de asesoria y ante los tribunales, en defensa y promoción de los intereses de los trabajadores.
Es ahí donde reside la legitimidad de ejercicio de los sindicatos que, junto a la de su origen y representatividad, los define como actores fundamentales de las relaciones laborales democráticas y factores decisivos en la lucha por la justicia social, especialmente necesarios para hacer frente a una ofensiva conservadora que ha generado retrocesos de diez años en términos económicos y salariales y de más de treinta en materia social y de derechos.
Rodolfo Benito es Secretario Confederal de Estudios de CCOO. Presidente de la Fundación 1º de Mayo.
Pere J. Beneyto es Profesor de Sociología del Trabajo de la Universidad de Valencia.