Por Rubén Zamora, Integrante de la Delegación de Paz de las FARC-EP

 Altos funcionarios del gobierno estiman que "el proceso de paz está casi en un punto de no retorno", lo que indicaría que habrá acuerdo pronto.  Es lo que se puede leer en el positivismo mediático aunque en la realidad política esa posibilidad se ve algo distante, a juzgar por el contenido de las reformas que el gobierno puso en trámite en el parlamento nacional.

Ninguna reforma en trámite se parece a lo acordado en La Habana, lo que pone en evidencia que la expansión de la democracia por ahora queda postergada como una grave constancia de que el gobierno nacional  se resiste a remover las causas del alzamiento armado, dándonos la razón a quienes por las armas o por el camino de la lucha social y política, reivindicamos la democracia como un primer paso para la reconciliación nacional.

Es positivo alentar la esperanza de paz luego de 50 años de guerra; lo que es incorrecto, ética y políticamente, es crear falsas expectativas  de paz cuando al país se le imponen  políticas reaccionarias que profundizan la violencia, la pobreza y la desigualdad social. Y es peor, que se diga que estamos a un paso de lograr la paz cuando el terrorismo de Estado se ensaña contra los defensores de DD HH, y líderes de movimientos políticos y sociales.

No vengan a decirnos que más allá del paramilitarismo no está la mano tenebrosa de empresas transnacionales, de algunos grupos empresariales de etiqueta nacional, de latifundistas, de instituciones del Estado y de políticos de derecha que participan del conciliábulo que sumergió al país en la guerra interna. Este asunto hay que resolverlo sin  más dilaciones.

Está claro que el paramilitarismo es apenas un instrumento de algunos factores de poder, que cuando no actúa directamente, en su nombre lo hacen algunos comandos de las fuerzas armadas o de la policía. Por ello la solución está en manos del Estado y no en otras.

Activos como están los enemigos de la paz es imposible pensar que se ha avanzado tanto como para decir que estamos transitando ya hacia lo que suelen llamar el "posconflicto", cuando en la realidad se está es escalando la confrontación bajo cálculos aritméticos porfiados e ilusorios en los que proyectan, que a más insurgentes muertos, más condiciones se le pueden imponer a las FARC-EP en la Mesa de diálogo.

La confrontación armada debe cesar para alivio sobre todo de la población que padece su rigor, pero no basta con ello. Desde ya se deben implementar políticas para la normalización nacional que implican esfuerzos integrales y simultáneos. Es decir, un compromiso de todos los factores de poder con la solución política al conflicto. Dicha normalización debe ser consecuencia de la solución de grandes problemas  políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales que configuran el gran mapa de la desigualdad y la pobreza. Pero esta no se ve en el horizonte del gobierno nacional.

Si los factores de poder político y económico dominantes no transigen para lograr soluciones de fondo a las causas de la rebelión armada y de la inconformidad social, objetivamente la paz no está a la vuelta de la esquina como lo pregona el gobierno. Es más probable que pronto digan que la guerrilla dio un paso atrás y que por nuestra culpa no se logró el propósito nacional de la reconciliación. Pero quiénes son realmente los responsables: ¿quiénes abogamos por el armisticio y los cambios que benefician al pueblo, o quienes persisten en el guerrerismo mientras se entregan nuestras riquezas naturales a las transnacionales?   

La transparencia con el país en este proceso de conversaciones está en el ensamble de la voluntad política manifiesta y la acción política concreta para implementar lo que se le ha prometido a Colombia. Lo demás, es baratija demagógica.

Tomado dePaz FARC-EP