Me parece increíble cómo en pleno siglo XXI, con todo el nivel de desarrollo de las comunicaciones que llegan casi a todos los rincones, sigamos teniendo prácticas tan insanas, tan retrógradas, no sólo de violar los derechos humanos sino incluso desapareciendo personas.

De manera permanente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha venido denunciando la gravedad de este tipo de delitos, no solamente por el daño que causa en las familias sino por el efecto que causa en la sociedad. La desaparición forzada tiene un mensaje político claro que tiene que ver con sembrar el miedo, va dando lecciones para que la gente no reaccione y, por eso es que me asusta que haya estados que piensen que una solución política a cualquiera de sus problemas sea la desaparición forzada de personas. El Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos.

En el caso de México está claramente establecida la responsabilidad del Estado por este crimen, más allá de lo que diga el Procurador General de la República que “no es el Estado de México sino Guerrero, porque funciona de manera distinta al Estado” ¡pero sí fue por orden del alcalde de Guerrero, quien envió a la guardia municipal a detener a los jóvenes para que ellos a su vez, los entreguen a un grupo del cartel de narcotraficantes Guerreros Unidos!

Este nivel de convivencia entre el Estado, que está siendo cómplice, realmente es para asustarnos. Yo me imagino que, como ciudadano mexicano, ya no solamente te tienes que cuidar de los grupos de los narcos sino también del propio Estado que te puede detener y luego te va entregar a los cárteles como si no importaras; entiendo también que ese nivel tiene que ver con años de corrupción y de complicidad.

De México conocemos lo que sucedió con las mujeres de Juárez que empezaron a desparecer y cientos de ellas aparecieron muertas, pero no conozco a ningún responsable que esté en la cárcel por ese crimen. Hemos venido conociendo de otros crímenes productos de narcotráfico, de personas que aparecen colgadas en puentes, asesinados como si nada; y tampoco hay responsables que hayan sido detenidos. Hay una evidente complicidad del estado y si no hay responsables durante tantos años de violencia, algo raro está pasando ahí.

Quienes son el objetivo de crímenes y la desaparición forzada son los invisibles de siempre; hablamos de gente muy pobre, campesinos, estudiantes provenientes de universidades nacionales, gente de nivel socioeconómico muy bajo, que quizá no tiene acceso para llegar a instancias de poder del Estado para denunciar estos crímenes. Así piensan los criminales. Creen que nadie va protestar. Si la familia va por ahí a poner la denuncia la amenazan o detienen y nada va a pasar, pues no van salir en los medios de comunicación. Eso es lo que piensan quienes operan estos tipos de crímenes. Lo que ellos no esperan es el nivel de reacción, como pasó en La Cantuta; los familiares nos organizamos, fuimos permanentemente a los medios de comunicación aunque no sacaran nada, buscamos otros poderes del Estado. En 1992 no había Congreso de la República, sino hasta el año 93 que empezó a funcionar el Congreso Constituyente Democrático (CCD). De alguna de manera vas capacitándote, formándote en lo que son tus derechos, vas buscando aliados.

Y ha ocurrido ahora en Ayotzinapa. Los padres de estos chicos son todos campesinos que, tal vez, no tengan educación primaria ni secundaria pero han sabido fortalecerse y hablan en los medios de comunicación, lideran las marchas de solidaridad y de denuncia y han salido casi a enfrentarse al estado mexicano al decir “Nosotros no reconocemos la información que ustedes están brindando, queremos confiar en gentes que hemos elegidos como nuestros peritos (argentinos) para que nos den la identificación de nuestros familiares”. Creo que este afán del estado de tapar los crímenes revela que se sienten poderosos y los demás no cuentan.

A mí me da mucho gusto cuando veo que la gente se empodera y es capaz de salir en circunstancias adversas; levantarse todos los días pensando que tienes un familiar desaparecido es difícil, no solo porque tienes sentimientos de angustia o de rabia sino porque no encuentras repuestas. Son procesos sicológicos, pese a ese sufrimiento, al ir adelante y tomar acciones en México, lo que sucede tiene que ver con la fuerza misma de salir a denunciar.

En el caso La Cantuta hubo diez víctimas, un profesor y nueve estudiantes, que en un primer momento fueron sacados por la noche de la universidad y fueron llevados a la zona de Huachipa, donde fueron asesinados y luego enterrados el 18 de julio. Al siguiente día, fueron re-enterrados de una manera mucho más “cuidadosa”: fueron rociados con cal para ayudar a la desaparición rápida de los cuerpos. De ese lugar fueron desenterrados en abril del año 93, cuando la investigaciones del CCD apuntaban hacia a los militares y había mucha presión. Recordemos que el general Hermosa Ríos sacó los tanques a las calles de Lima tras declarar que el Congreso está tratando de mancillar el honor de los militares acusándolos de crímenes. En ese momento Hermosa Ríos le ordena a Martin Rivas desaparecer cualquier evidencia del crimen de La Cantuta; el grupo Colina va a Huachipa, saca los cuerpos y los lleva a quemarlos a Cieneguilla. Por eso en Huachipa sólo se halla la mitad de un cuerpo de mujer, de la cintura para abajo, y el cadáver de mi hermano, que fue el único cuerpo que dejaron en Huachipa. El gobierno de Fujimori mandó a hacer los exámenes de ADN en Inglaterra pero hasta hoy no hemos sabido los resultados. Nunca nos informaron si se identificó a alguien porque en ese momento habían disputas de competencia de fueros, militar y común. Se presume que se perdió o alguien lo perdió a propósito, no sabemos qué fue, que pasó. Nunca nos comunicaron nada.

Cuando obtuvimos la sentencia de la Corte Interamericana en la que ordena la identificación de las víctimas, hubo una exhumación de los cuerpos que estaban en el cementerio El Ángel. Fue el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), la institución encargada de hacer la investigación de los cuerpos por ADN. En realidad, por la calidad misma de los restos no se pudo obtener un ADN positivo para las víctimas. Solo arrojó el número máximo de víctimas: eran cinco; el resto está en calidad de desparecidos y faltan cuerpos. Por eso entiendo el drama de los familiares de Ayotzinapa. Sé que se han encontrado ocho bolsas con cuerpos calcinados y espero que en algún momento se pueda identificar a alguno de ellos, lo que es bien difícil, y el dolor de la familia se va prolongando porque no se sabe qué va a pasar. Si no hay resultados la angustia puede tornarse en un estado de rabia.

En estas últimas elecciones ha habido serias denuncias respecto a lo que ya viene ocurriendo en nuestro país con un narcotráfico cada vez más poderoso que va copando espacios políticos, frente a lo cual no estamos reaccionando todavía. En regiones como Ayacucho, Huánuco o Amazonas, con candidatos regionales o municipales acusados por narcotráfico, el Estado no está reaccionando. Miremos al VRAEM, donde un grupo de narcosenderistas comete crímenes atroces contra miembros del ejército y la policía, están plenamente identificados pero el Estado se muestra incapaz para capturarlos. ¿A quién le conviene ese foco de senderistas? ¿Hasta dónde llegan estas redes del narcotráfico que hace imposible su captura?

No estamos muy lejos de vivir lo que está viviendo México, hay que ponerle un alto a ese nivel de crimen organizado. Tienen poder económico y militar porque cuentan con armas y además tienen poder político; el crimen organizado facilita el proceso deshumanización y esto es lo que en el Perú deberíamos evitar.

Cuando estamos hablamos de impunidad estamos hablamos en sus diferentes formas, una manera de impunidad es de un estado que no quiere hacer nada, que oculta sus crímenes, que estigmatiza a sus víctimas como culpables de algo para pasar por alto los crímenes que comete.

En el caso de Fujimori es un tipo de impunidad que se perpetúa, que se prolonga porque aquí nuestro poder judicial que cuyas instancias son las fiscalía, los juzgados, la corte superior y suprema, a veces socava lo bien hecho, recibiendo peticiones fuera del marco de la ley. La Corte Suprema ratificó la condena de Fujimori a 25 años de cárcel por homicidio calificado con agravantes de crímenes de lesa humanidad, esta es la última instancia que todos los peruanos tenemos para cerrar un caso judicial; sin embargo, en el caso Fujimori se le saca la vuelta cada vez que se puede a todo este proceso, estamos nuevamente poniendo denuncias ante el Tribunal Constitucional, las dos o tres que puso su anterior abogado Nakasaki las perdió, pero estamos viendo nuevamente como ante el poder judicial algunos magistrados que son amigos del fujimorismo están tratando de beneficiar al condenado Fujimori de estos crímenes. En principio, la legislación no permite una revisión de la condena salvo que haya pruebas nuevas y no las hay, tampoco existe la figura jurídica de cumplir condena con el arresto domiciliario porque es para personas que están en proceso y no es el caso Fujimori. En el caso Cantuta tenemos una mala experiencia con la agente Haydee Terrazas del grupo Colina que estaba cumpliendo arresto domiciliario y se escapó, hasta hoy día nadie nos responde por esta persona que nunca fue recapturada y tampoco sentenciada, entonces, ¿quiénes son los responsables de haberla dejado salir de su casa y está como “no habida”?

Creo que la gravedad del hecho es, ¿cuál es el mensaje que se deja al ciudadano? no importa que robe, no importa que mate, al final aquí no pasa nada y eso es lo peligroso, más allá que se vulnere mi derecho y el derecho de mi familia, la justicia como tal, está dando un mensaje que a quienes cometen crímenes no solamente quien comete delitos por violación de derechos humanos sino también por corrupción y Fujimori también tiene sentencias por estos delitos y de decirle que puede ir a su casa pasar ahí sus días tranquilos sin que la justicia realmente se cumpla.

Este pedido de Fujimori con solemnidad y de pena que ha dado desde el momento en que él fue extraditado, porque por él no hubiera pasado ni un día en la cárcel, hoy, él debe cumplir su condena, tiene que aprender a ser responsable por sus actos, todos debemos saber respetar la justicia nos puede gustar o no, pero son las instancias del propio estado quienes han dado su veredicto, no lo hemos dado nosotros como familiares, lo ha dado una tribunal imparcial, ratificado por la Corte Suprema. Pero cada vez que se tocan estos tipos de solicitudes debemos estar atentos porque a veces nuestra legislación sigue funcionando a favor del reo o a los culpables de estos crímenes, nos exponen emocionalmente otra vez volver a pensar que puede haber impunidad, volver a tomar acciones legales, es como una historia sin fin, que no se acaba nunca y la verdad es que yo pensaba que se acababa con la sentencia, los familiares en estos cuatro años no tenemos un momento de tranquilidad porque sino nos damos cuenta ya puede estar libre por un indulto, además hemos visto en la última campaña presidencial a un Fujimori muy activo, muy metido en la campaña política de su hija sosteniendo reuniones con sus partidarios, distribuyendo material de propaganda.

Debemos preguntarnos por el derecho que tenemos las victimas y cuál es el mensaje que se quiere dar a la sociedad y después nos quejamos por qué elegimos delincuentes, claro si todo este sistema está para beneficiar a estos delincuentes... ¿qué más podemos esperar?

*Tania Temoche Periodista, gestora cultural y emparejada con la poesía.

Publicado en https://ojoconelhorizonte.lamula.pe/2014/11/13/las-heridas-abiertas-de-la-cantuta-a-ayotzinapa/taniatemoche/