La oposición obtuvo las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, que constituyen mayoría calificada, mas no un poder supraconstitucional.
La derecha venezolana se proyecta todopoderosa tras obtener mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Con un discurso revanchista, los diputados electos crean una confusa matriz de opinión sobre el alcance de sus atribuciones y silencian que en el país coexisten cinco Poderes Públicos que se retroalimentan entre sí.
Después del 6D, la oposición cambió el discurso y promesas de campaña electoral; ahora regresan las viejas amenazas hacia el pueblo venezolano. ¿Cuáles son los verdaderos intereses de la oposición en el Parlamento?; el voto castigo: ¿mito o realidad?
El guion del “carmonazo”
Los diputados electos de la oposición (112) mantienen un discurso revanchista que evoca al “Carmonazo”, cuyo nombre proviene de Pedro Carmona Estanga, el presidente de Fedecámaras en 2002 que se autojuramentó como presidente de la República, tras el golpe de Estado de la derecha que ocasionó la muerte a 19 venezolanos. Uno de los puntos principales del decreto de Carmona fue la disolución de la Asamblea Nacional de Venezuela y la destitución de funcionarios del Poder Público Nacional.
13 años después la derecha concibe ese hemiciclo como la trinchera para atacar al Gobierno de la Revolución Bolivariana: “Si el Gobierno no cambia, cambiaremos al Gobierno”, dijo Henrique Capriles, gobernador de derecha, quien además perdió dos elecciones presidenciales (2012 y 2013). Carmona convocó a elecciones legislativas en los ocho meses siguientes a abril de 2002, de cara a reformar la Constitución de 1999, cuyos estatutos fueron producto de las ideas del pueblo.
El analista político y profesor universitario Luis Pino, en entrevista para la web de teleSUR, considera que uno de los fines principales de la derecha es regresar a la Constitución de 1961. La nueva mayoría calificada que tiene la oposición le abre la posibilidad de enmendar la Constitución del 99.
El pueblo, tras aprobar la enmienda mediante un referendo en ese año, dictó una carta magna con libertad de credo; con el ejemplo histórico de los aborígenes; consagró el Poder Ciudadano y el Electoral; refundó la República democrática, participativa y protagónica; y otro conjunto de enmiendas que fundaban las bases del respeto a los derechos humanos.
“No hay ninguna diferencia entre el discurso del Carmonazo, presidido por Fedecámaras y Venamcham, y el de la derecha tras ganar el 6D. Planifican un golpe de Estado parlamentario contra el presidente, porque es muy difícil que tengan la capacidad electoral para ganar un referendo”, expresó el analista Luis Pino.
Fedecámaras, conglomerado de empresas privadas, también regresa al contexto del 6D. El presidente de la organización, Francisco Martínez, le exigió a la recién electa mayoría opositora en el Parlamento la “modificación” de la Ley de Precios Justos y de la Ley Orgánica del Trabajo, ambas de corte social y priorizan las necesidades socio económicas de los venezolanos.
El decreto del “Carmonazo” contó con más de 300 firmas de entre políticos de derecha, empresarios y sindicalistas. Entre ellos, el exgobernador del estado Zulia e imputado por delitos alusivos a la corrupción, Manuel Rosales; la exdiputada de derecha María Corina Machado; y Leopoldo López Gil, papá del opositor Leopoldo López, condenado a más de 13 años de cárcel por delitos como instigación al odio.
Mayoría calificada, no supraconstitucional
De acuerdo a declaraciones del abogado constitucionalista Hermánn Escarrá, en el proceso constituyente de 1999 se reordenó el poder legislativo de manera que la democracia no recayera sólo en ese órgano. Las facultades parlamentarias van desde garantizar la descentralización, pasando por las leyes Orgánicas, habilitantes y leyes especiales, hasta el nombramiento y supervisión de los otros poderes del Estado, pero no de forma absoluta.
El diputado electo por la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Henry Ramos Allup, afirmó que “el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los magistrados son un organismo subordinado” al Parlamento, sin embargo, el abogado constitucionalista Jesús Silva explicó en entrevista exclusiva para la web de teleSUR que las pretensiones de la bancada opositora son ilegales.
El poder legislativo no puede cambiar de forma unilateral a los representantes de los demás poderes, sino que requiere el aval de otro poder público, cada caso estipulado de forma específica en la Carta Magna.
“Si la AN desea remover al Poder Ciudadano, tiene que pasar por un pronunciamiento del TSJ. En el caso del Poder Electoral, tiene que pasar por el TSJ. En el caso del TSJ tiene que pasar por una calificación del Poder Ciudadano”, explicó el Defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, en rueda de prensa.
En cuanto a la posibilidad de remoción de otros integrantes de poderes públicos, no basta la votación de las dos terceras partes del cuerpo legislativo. En cualquier caso la Asamblea Nacional no puede actuar sola en la destitución de los representantes de poderes públicos. La mayoría calificada de la oposición consta de las dos terceras partes del Parlamento, es decir, 112 diputados, de los cuales 109 son propiamente de la MUD y tres son representantes indígenas apoyados por la derecha. Con mayoría calificada se pueden derogar o reformar leyes orgánicas, como la Ley del Trabajo y la Ley de Educación.
El mito del voto castigo
Las elecciones parlamentarias de Venezuela se desarrollaron en un contexto de férrea guerra económica. La oposición usó el desabastecimiento y las colas para adquirir alimentos como un argumento contra el Gobierno, y allí sustentó su campaña electoral, o “campaña de guerra”, como la definió el presidente Nicolás Maduro.
La oposición atribuye el 112 – 55 al “voto castigo” del chavismo a los gobernantes chavistas, pero las cifras contradicen esa versión. La derecha obtuvo 7.720.501 votos en las elecciones del 6D, sólo 357.121 votos más que en las presidenciales de 2013. El oficialismo obtuvo 5.608.950 votos el 6D, 1.978.629 de votos menos que en las elecciones presidenciales de 2013. Es decir, se registra una abstención del pueblo chavista y un crecimiento de sólo 4.8 por ciento en la oposición.
Desde hace dos años Venezuela es blanco de ataques económicos conjugados por el sector privado, así como también agresiones internacionales, principalmente desde el Gobierno estadounidense. El Gobierno venezolano reconoció que ha cometido errores, y a partir de esa premisa puso en marcha las asambleas populares, que recaban las iniciativas del pueblo en función a mejorar la gestión de calle. Así como también blindar los derechos del pueblo ante la nueva mayoría parlamentaria de la oposición.
El pueblo legislador es una figura prevista en la Constitución venezolana, en la que los ciudadanos pueden proponer iniciativas de leyes, formas de control político y administrativo e intervenir en los debates de la Asamblea Nacional.
Los planes de la derecha en la Asamblea Nacional
La campaña electoral de la oposición se centró en ofrecer un “cambio” al desabastecimiento, pero después de ganar han dejado claro que su mayoría calificada no es la solución a la guerra económica que afecta al pueblo.
Las prioridades de la oposición son: “liberar” a quienes ellos llaman “presos políticos”; derogar la Ley del Trabajo y la Ley de Precios Justos, y anular otras medidas de corte social impulsadas desde el Parlamento.
Con la promulgación de la Ley de Amnistía para los fines que plantea la derecha, estarían violando la Constitución, debido a que establece que las amnistías están prohibidas cuando hay violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad, debido a que supondría el perdón de crímenes contra el pueblo.
Según el artículo 187 de la Carta Magna, la AN tiene potestad de decretar amnistías generales, que deben ajustarse a los límites establecidos en la Constitución: no hay amnistía para quienes cometan delitos de lesa humanidad.
La Corte Penal Internacional define los delitos de lesa humanidad como un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
Tomado de Noticias 4F