El socialismo cubano y la corrupción

Numerosos trabajos de carácter crítico hemos leído sobre este tema: ninguno, sin embargo, con esta profundidad de análisis y, lo que es mejor, con numerosas propuestas de solución como este que hoy presento a la consideración de los lectores de mis blogs:

El socialismo cubano y la corrupción

Por Ernesto Escobar Soto*

Se requiere la creación de un entorno cada vez más democrático en
el que se estimule la crítica revolucionaria, el debate franco y se
escuchen las sugerencias del pueblo para hacer realidad
lo que expresara Fidel de «cambiar todo lo que deba ser cambiado»

Desde hace algún tiempo, en diversas ocasiones,  el Dr. Esteban Morales ha alertado públicamente, con coraje y pasión, sobre el espinoso tema de la corrupción. Del mismo modo el Dr. Luis Toledo Sande, en varios de sus artículos, ha expuesto con agudas valoraciones su reclamo a afrontar este complejo y peligroso entramado de ilegalidades. Sin intenciones académicas incursiono brevemente en tan dificultoso contenido con algunas sugerencias y el propósito de estimular el análisis y una mayor comprensión sobre un tema cardinal para la Revolución.

 La corrupción burocrática es consustancial a los Estados y sistemas en los que señorea la propiedad privada, sustentadas en la ideología del despojo y la explotación de las mayorías. De disímiles maneras consigue introducirse en el sistema político de un país y en sus componentes de gobierno. Este fenómeno imperó en el periodo de la República neocolonial. La degradación era tal que en la década del 50 Fulgencio Batista, ocupando la presidencia de la República, estableció íntimas relaciones con la mafia italoamericana, a la que le permitió controlar los casinos de juego de los grandes hoteles de La Habana y el negocio del tráfico de la droga hacía Estados Unidos. Después de 1959, los representantes de la mafia fueron expulsados del país, se prohibieron los juegos de azar y ante el avance revolucionario la corrupción perdió fuerzas. Bajo distintas formas pudo sobrevivir y reacomodarse gracias a diversos factores.

En el proceso de construcción del socialismo no desaparecen por decreto las condiciones que servían de base a la corrupción y que caracterizan al capitalismo: la nueva sociedad hereda fuertes rezagos de la conciencia y la cultura burguesas. Se debe señalar también que tras la nacionalización de las grandes empresas capitalistas cubanas y extranjeras, medida imprescindible para comenzar a edificar el socialismo, se declaró como una verdad absoluta el equívoco enunciado de que la propiedad estatal adquiría la condición de ser la propiedad de todo el pueblo. En la práctica los trabajadores y el pueblo en general no las sintieron como suyas y no las protegieron como era de esperar. Con la posterior nacionalización de todos los pequeños negocios (acción determinada principalmente por objetivos políticos e ideológicos ante las agresiones de los Estados Unidos y el anhelo de hacer avanzar con mayor rapidez el proyecto socialista), surgió para el Estado la irrealizable tarea de administrar desde una pequeña barbería hasta enormes empresas. En medio del torbellino revolucionario, por inexperiencia y marcado idealismo, no se advirtió el rol que debían desempeñar los sistemas contables y los asesores jurídicos. Se hizo presente la poca exigencia de los jefes por la disciplina laboral y el cumplimiento de los planes, la deficiente planificación y organización, las fallas en los controles administrativos.

Luego de 1990, a causa de la intensa crisis económica que provocó la desaparición de la URSS y sus efectos desmoralizadores en el orden ideológico, así como al recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos, la población cubana comenzó a sufrir extraordinarias penurias y escaseces. Cuba rechazó la aplicación de las conocidas fórmulas neoliberales, lo que hubiera acabado con la Revolución. La dirección del Partido aplicó una consecuente y audaz política de principios en defensa de la soberanía nacional y por la preservación de las conquistas alcanzadas en salud, en educación, empleo e igualdad social, y desafió a la inevitable hostilidad de los grandes centros de poder. En ese titánico esfuerzo se vio obligada a ejecutar diversas medidas que provocaron el aumento de las diferencias sociales entre la población.

Fue entonces que, por primera vez desde 1959, la corrupción comenzó a revelarse con pujanza no conocida hasta entonces en la Cuba revolucionaria, lo que se expresó en el hurto de productos de los almacenes y comercios, el acaparamiento y reventa de mercancías, la exigencia de comisiones y dádivas por parte de funcionarios para viabilizar tramites y gestiones, el soborno a inspectores y otros, como el elaborar falsos informes y estadísticas, acompañados de una progresiva pérdida de valores morales, en muchos casos encubierta con la excusa de que "era necesario luchar por cualquier medio para solucionar los graves problemas que afectaban la vida". Estas ilegalidades, habitualmente de pequeño monto, multiplicadas de manera sostenida en el tiempo, provocan severos perjuicios económicos al país y afectan la moral del pueblo.

Es opinión generalizada que este fenómeno de la corrupción abarca actualmente a un segmento no desdeñable de la población: cuadros, funcionarios, gerentes, y lo más peligroso, se presenta en no pocos trabajadores y hasta en sectores claves como el del magisterio. Ejemplos notorios fueron la venta de exámenes de ingreso a la Universidad consumado por varios funcionarios y profesores, o los actos delictivos cometidos por directivos de los servicios comunales en la capital. Se extendieron prácticas corruptas en el comercio minorista  (bodegas, carnicerías, panaderías, etc.) gracias a las “ventas a granel”, a pesas engañosas, con el contubernio de inspectores corrompidos y a la falta de control administrativo. Existen grandes tiendas por departamentos, hoteles, restaurantes y bares, en las que gerentes corruptos cobran una suma diaria por piso o por área para “dejar hacer” a sus subordinados y estos a su vez repiten estas mañas con los empleados. En bares y restaurantes se hallan empleados que sustituyen las mercancías, llámese bebidas alcohólicas, productos alimenticios y otros por las que ellos previamente han comprado a menor precio o que han sido extraídas de hoteles de zonas turísticas y de otras entidades del Estado. Este actuar de diferentes formas se repite en almacenes y tiendas dedicadas al comercio de otros productos, los que luego son vendidos en las cercanías de las propias entidades. Para que esto suceda, debe haberse creado previamente un amplio armazón de relaciones dolosas que lo permitan.

El mundo global y neoliberal, en el que campea el capital financiero, está inmerso en un proceso hasta ahora indetenible de descomposición económica, política, social, cultural y moral, acompañado de la destrucción del hábitat planetario. Esta crisis general que lo abarca todo, también se expresa en un extraordinario acrecentamiento de la corrupción e impera y alcanza plenamente a gobiernos, poderes parlamentarios y judiciales, órganos de seguridad, gran parte del tejido social, el sistema financiero internacional, y en los vergonzosos vínculos que se forman entre las instituciones oficiales con el narcotráfico y el crimen organizado. La corrupción para el sistema capitalista se ha convertido en una práctica delictiva admisible y hasta necesaria. Valorando sus dimensiones y la influencia que ejerce este fenómeno en nuestra sociedad, no es posible, ni merece siquiera comparar la situación de Cuba con lo que acontece en esos países. Pese a esto, el fenómeno de la corrupción requiere ser valorado como el principal enemigo capaz de envenenar el sistema socialista cubano y destruirlo. Además, es notorio que tiende a unirse y formar estrechas alianzas con la subversión política [1].

 El Socialismo es un proyecto en el que su principal protagonista es el pueblo, por lo que la conducta transparente y honesta de quienes son sus servidores públicos, adquiere una connotación especial. En este concepto incluimos con sentido amplio a los dirigentes del Gobierno y del Estado, a los funcionarios de la administración pública y también a los directores y gerentes de empresas estatales, quienes con su ejemplo  influyen y determinan en la moral de los trabajadores y del pueblo en general. Ocupar un cargo de servidor público es un inmenso honor, pero al mismo tiempo los responsabiliza con el deber de mantener una conducta honesta.

 En Cuba, aunque se han adoptado importantes acciones por el más alto nivel del PCC, del Estado y del Gobierno, como la creación de la Contraloría General de la República, y leyes como la de Control Interno, y las acciones ejecutadas por instituciones como los tribunales, la fiscalía y la policía y otras para enfrentar este fenómeno, se mantienen numerosas vulnerabilidades y aún no se aprecia que se logre revertir de manera significativa la situación. En nuestro país están ocurriendo sucesos trascendentales que obligan, sin dilaciones ni dudas, a actuar de inmediato. Adoptada la acertada y estratégica decisión de que se realicen cambios en los cargos de primer nivel cada una decena de años y luego de 50 años bajo la dirección de los líderes históricos de la Revolución, se aproxima la renovación generacional; de igual modo, el pasado 17 de diciembre se inició el proceso para restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y, como han señalado sus voceros, el asedio contra la Revolución se concentrará en las vías de la subversión política; al unísono se desarrollan otras acciones medulares como las de estimular la inversión extranjera y la aprobación de la apertura de pequeños negocios privados, se trabaja en la unificación de las dos monedas, al tiempo que se labora en el acelerado incremento del turismo. Estas acciones con certeza propiciarán el desarrollo de la economía cubana, pero de igual modo crearán un panorama social, económico y político mucho más complejo.

En el proceso de crear un socialismo cada vez más Democrático y de Derecho, única forma de garantizar la continuidad de la Revolución (responsabilidad que por el acontecer histórico le corresponde cumplir a una nueva generación), el tema de la corrupción solo puede ser concebido revolucionando nuestros objetivos y procedimientos y así, expresarlos con  la mayor claridad posible en las modificaciones que se propondrán a la Carta Magna. Esta lucha no puede circunscribirse a la labor de algunas instituciones, hay argumentos suficientes para que la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) elabore un programa institucional e integral que adopte la forma de proyecto de Ley, para imbricar de forma sistémica al pueblo y a todas las instituciones del Estado y el Gobierno. La Contraloría es y debe ser la institución responsabilizada ante las máximas autoridades y la población, en velar por el cumplimiento de esta Ley.

La nueva Constitución y la (posible) Ley Institucional de enfrentamiento a la corrupción, como es usual deberán ser debatidas, enriquecidas y aprobadas por la población. No podemos dejar de señalar la indispensable actualización del Código Penal, para que esta legislación se ponga a tono con la lucha contra la corrupción, así como es tarea a priorizar el justo y necesario fortalecimiento de los Tribunales, la Fiscalía y la Policía. No se requiere justificar la jerarquización para afrontar de todas las maneras posibles el lavado de dinero y el narcotráfico, e impedir que crezcan y se organicen en nuestro país por su enorme poder de corrupción. Otra de las ideas indispensables a considerar en la Ley Institucional de enfrentamiento a la corrupción (y de su Reglamento), sería la de determinar el decisivo papel que jugarían los trabajadores en los centros de trabajo, la población en las cuadras, y las organizaciones de masas y sociales, así como el rol a desempeñar por los medios periodísticos en cuanto a criticar y divulgar los hechos de corrupción; uno de los aspectos a incluir sería el de definir las vías para las quejas y denuncias de la población comenzando con la creación de un sitio WEB nacional abierto a la población, y en cada organismo central del estado y en los diferentes niveles, sin olvidar la recepción de las cartas por correo y las llamadas telefónicas, y lo de regular el consiguiente e inexcusable proceso de investigación y respuesta.

Se deben estudiar los planes de otros países contra la corrupción (casi siempre fallidos) que ofrecen importantes opciones a aplicar en Cuba, por ejemplo, la declaración oficial de los patrimonios personales y familiares de los servidores públicos y su información pública antes de ocupar el cargo y al finalizar en sus funciones; la creación de un fondo de viviendas de protocolo, propiedad del Estado para que sean ocupadas oficialmente por los funcionarios del primer nivel al ser designados en elevados cargos y solo mientras se desempeñen como tales, pues entonces pasarían a ser ocupadas por los funcionarios  que los sustituyen; el control de manifestaciones de nepotismo y la definición de las instancias en cada nivel que velarán, revisarán y aprobarán o no, los procesos de los hijos y familiares cercanos de los altos funcionarios en  activo, para optar por plazas de elevadas responsabilidades y/o sustanciosos ingresos financieros. Se debía estudiar el instituir los exámenes por oposición y su previa divulgación pública para optar por cargos de funcionarios en la administración pública, velando por la limpieza de los pasos que se ejecuten para ello. La aplicación de este programa conllevaría también la obligación de organizar un sistema informatizado de control y chequeo sistemático a nivel nacional para velar por su cumplimiento.

Otros aspectos a tener en cuenta serían la actualización de los Códigos de ética, así como de las Normas que regulan los procesos de firma de contratos de inversiones, las licitaciones, los estudios de mercado que preceden a las operaciones de compras de productos, y otros que nuestras administraciones ejecutan en su práctica diaria en Cuba y en el extranjero y que en no pocas ocasiones han sido violados (no se debe dejar en el tintero las disposiciones para fiscalizarlas sistemáticamente). Con el objetivo de darle un sentido armónico a este gran propósito es determinante la participación de los dos Ministerios de Educación, e incluir como disciplina el tema del enfrentamiento contra la corrupción en los programas docentes por su significado estratégico en la educación de los niños, jóvenes y el pueblo. Hay criterios de que parte de la solución para impedir la continuidad de las anomalías conocidas en el sector del magisterio, radica en hacer participar a los padres y para ello se deben crear, lograr que funcionen y elevar la autoridad de los Consejos de padres, los que además de ocuparse conjuntamente con el claustro de profesores del rendimiento académico de los alumnos, la calidad de la enseñanza, la disciplina y la cooperación con el centro escolar, contribuirían a velar por la ética y la lucha contra todo tipo de irregularidades.

Otros primordiales aspectos a considerar serían la reorganización total del criticado sistema de inspectores a todos los niveles, que incluye la selección, verificación, evaluación y capacitación, la asignación de salarios que se correspondan con sus labores y el establecer los mecanismos de control sistemático y contra chequeo para garantizar la depuración permanente de los deshonestos (aplicar el principio de que todo el que inspecciona debe a su vez ser objeto de chequeo); la solución de una vez por todas del serio y viejo problema de la falta de especialistas en contabilidad, con la elevación de sus ingresos, autoridad y capacidades técnicas; el imperioso fortalecimiento, en todos los sentidos, de los asesores legales que prestan servicios a las empresas; y la continuación de los planes de formación y superación de los cuadros en contenidos de economía, contabilidad y leyes.

 Un tema que reviste una gran importancia y está previsto para cuando se eleve sustancialmente el salario de los trabajadores es, además, el de aumentar de manera adecuada el de los altos funcionarios y directores de empresas, lo que les permitiría vivir en base a sus ingresos acorde con sus significativas responsabilidades. De esta forma los estimularemos y se les podrá exigir con mayor energía que cumplan con eficiencia sus labores, a lo que acompañará la prohibición legal de las llamadas “gratuidades” y el uso indebido de recursos estatales tan comunes hoy.

 Es esencial el uso de las Ciencias Sociales para realizar investigaciones y sugerencias sobre estas problemáticas, valorar los resultados de la aplicación de las medidas que se acuerden, así como de su posterior seguimiento. Muchos consideran que se requiere pasar a una etapa de mayor severidad en cuanto la aplicación de la Ley de Control Interno y reclamarles a las direcciones de organismos y empresas incumplidoras que deben solucionar en plazos determinados las deficiencias que les son señaladas de manera reiterada años tras año. En la generalización en todo el país de la útil  experiencia aplicada en Artemisa y Mayabeque de concentrar a las diferentes oficinas administrativas que prestan servicios de trámites, se requerirá el examen previo y la revisión a fondo de las plantillas de algunos de esos organismos dadas sus negativas prácticas ampliamente conocidas por el pueblo.

 El Estado cubano ha expuesto que mantendrá el control de las grandes empresas, el comercio exterior, las inversiones extranjeras y el comercio mayorista (se ha informado públicamente el interés de desarrollar el mercado mayorista en asociación con empresas extranjeras), por la importancia estratégica de estos sectores económicos se necesitará reforzarlos con los más capaces y honestos cuadros e instituir un  férreo control contable y organizativo para evitar que se extienda en ellos la corrupción. Por otra parte, es sabido que en ningún país del orbe se logra impedir el hurto en los comercios minoristas: las grandes cadenas, calculan estas pérdidas y las cargan a los precios a los clientes. En Cuba se transita por la transformación de los comercios minoristas en cooperativas (estas son la mejor solución socialista a este problema). Esperamos que cuando se organicen los comercios mayoristas también se conviertan en cooperativas las tiendas en CUC, las farmacias, los restaurantes y bares en divisas, y las gasolineras. Queda pendiente la crítica situación de las panaderías, bodegas y carnicerías, debido al papel que juegan en relación a la libreta de abastecimiento a la población.

Una segunda tarea que complementa la anterior consiste en el traspaso (en arrendamiento) de las más pequeñas unidades a sus propios trabajadores. Estas dos medidas liberarán al Estado del enmarañado problema de administrar miles de medianos y pequeños negocios, lo que deberá mejorar la calidad del servicio que prestan y eliminarán este tipo de hurtos que perjudica a la economía del país y a la población. Esta nueva situación no exime a estudiar el tema de la defensa del consumidor, es algo que se requiere hacerlo y hacerlo bien en el futuro. Existen manifestaciones de ilegalidades de otro tipo, que degradan y corrompen al pueblo como son el juego de bolita y las peleas de gallos y perros en las que se apuesta dinero. Son transgresiones de la ley muy difíciles de erradicar. Por su carácter contribuyen a estimular peligrosas tendencias marginales en algunos segmentos sociales, por lo que es una necesidad luchar contra ellas y evitar que ante la vista de todos sigan proliferando.

Sería imprescindible que cada institución nacional analizara con profundidad aquellas disposiciones legales o administrativas que provocan ilegalidades y corrupción por ser ilógicas o debido a la imposibilidad de hacerlas cumplir. Pueden ser ejemplo de ello, las prohibiciones (ya suprimidas) de la venta de las viviendas y autos por sus propietarios, o la compra de celulares. Otro caso menor que sirve de muestra, ha sido la venta de piezas de repuesto para los autos. Para las entidades estatales se fijaba un precio, en cambio a los propietarios particulares se les imponía uno superior, lo que se convirtió de inmediato en fuente de corrupción.  Existen opiniones sobre la instrucción que prohíbe la entrada en el país de ropa y otros productos que precisa la población. Es sabido que esta disposición ha sido continuamente violada y que es causa de corrupción. En este caso, tal vez la solución sea el determinar el pago de la sobrecarga por el viajero.

En consonancia con las acciones que se adopten sería preciso, con vistas a comenzar el próximo quinquenio, actualizar y uniformar los métodos y los mecanismos de cómo se realizarán en cada nivel los nuevos procesos de selección, verificación, evaluación, ratificación, promoción y sustitución de los cuadros, funcionarios y gerentes, para evitar el mantener o promover a los corruptos y garantizar la transparencia y la pureza de los que ocuparán esos cargos en esa casi ya inmediata y trascendental etapa.

Es válido recordar que el Che en una ocasión señaló que los cuadros corruptos podían ser sustituidos, pero había que preservar en primer lugar la honestidad de los trabajadores. Es conocida la formulación de Carlos Marx  «El hombre piensa como vive». La conciencia social está determinada por las condiciones económico-materiales de la sociedad. Es imprescindible insistir en que el hombre requiere satisfacer las necesidades esenciales de su familia y las propias para resguardar su virtud y su dignidad, y rechazar las incitaciones que ofrece la corrupción [2].

No podemos permitir que la corrupción se amplíe y forme un sólido estamento que daría al traste con la Revolución. Los que se han acostumbrado a beneficiarse de las ilegalidades, nunca apoyarán nuevos mecanismos de control y tratarán de frenar con argucias de disímiles formas, cualquier esfuerzo dirigido a la adopción de medidas para enfrentar la corrupción [3]. El momento es el de exigir la actuación honesta de los servidores del Estado, el de instituir la participación popular en este empeño, el de terminar de crear un orden basado en el derecho y elevar la conciencia jurídica de la población, el de aplicar la pauta moral de que ante la ley todos somos iguales.

 Cuba socialista, por sus impares condiciones, quizás sea uno de los pocos países del mundo que puede ganar este desafío, solo si  reorganiza todas sus fuerzas, se apoya en las reservas morales existentes, en los funcionarios honestos y desarrolla una interactiva labor concientizadora sobre este tema. Debemos actuar ahora, mañana sería tarde.

NOTAS:

[1] El mejor ejemplo se aprecia en la desaparición de la URSS. La nación que tuvo el extraordinario mérito de realizar la gran revolución de Octubre, derrotar al fascismo alemán y alcanzar enormes logros y conquistas se desmoronó. Su socialismo Estatal, no resistió el empuje de la alianza del burocratismo corrupto y oportunista en contubernio con la subversión política.

[2] Solo el desarrollo de la economía socialista permitirá en el futuro elevar el nivel de vida de los cubanos, pero existe un criterio general que en las condiciones actuales la rebaja de los precios de las mercancías, especialmente las que se venden en CUC, y los producidos por la agricultura, y una mayor subvención por parte del Estado de algunos de los productos agrícolas e industriales que forman parte esencial de la canasta familiar, contribuiría a paliar las severas dificultades económicas de gran parte de la población.

[3] «En 2012, cuando la dirección del Partido Comunista Chino propuso implantar en el país un sistema para hacer pública la información sobre bienes de los funcionarios y controlar la objetividad de esos datos, contra esa propuesta votó el 98,7%, casi todos los delegados de la Asamblea del Pueblo de toda China. Eran esos los "datos primarios", al momento de encabezar la nación el Presidente chino Xi (Jinping). La magnitud de la amenaza exigía una respuesta a gran escala, y no se hizo esperar » según Ígor Pankratienko,en su artículo China: la gran depuración, de la publicación rusa Stolietie del 6 de mayo de 2015.

*Ernesto Escobar Soto. Escritor y periodista. Es autor de la novela El largo regreso de José publicada por la editorial Letras Cubanas en 2014.