Guatemala, 17 ago (PL) La Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop) demandó juicio y castigo para los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de tres campesinos guatemaltecos y la violación de los derechos humanos de pobladores de comunidades del norteño departamento de Alta Verapaz.

"Instamos a la sociedad a condenar los hechos (ocurridos en las localidades de Semococh, Monte Olivo y 9 de febrero) y a exigir que la seguridad -pagada con nuestros impuestos- esté dedicada a proteger a la población civil y no a las industrias y capitales nacionales y transnacionales", manifestó la Congcoop en un comunicado.

El 14 y 15 de agosto pasados, recordó la coordinación, la Seguridad del Estado, a cargo de militares retirados, destacó alrededor de mil agentes de la policía, además de civiles parapoliciales, para desalojar de sus tierras a los habitantes de la comunidad 9 de febrero en Cobán, Alta Verapaz.

Los manifestantes indicaron que esa comunidad habita allí desde hace 50 años y que el Estado nunca legalizó las tierras a su favor, pese a la cantidad de solicitudes al respecto.

Sin embargo, denunciaron que posteriormente han aparecido los "propietarios" de la tierra, entre ellos una empresa de recursos hídricos (Hidro Santa Rita), que pretende usufructuar las aguas del Río Dolores, propiedad de la sociedad guatemalteca y de los q´eqchíes de las comunidades 9 de febrero y Monte Olivo en particular.

Durante la agresión referida, la Guardia Armada del Estado, capturó a cuatro mujeres, de y un menor de edad de Monte Olivo, mientras que en la aldea de Semocohoc agredieron con armas de fuego a indígenas q´eqchíes desarmados con saldo de tres muertos y 22 detenidos.

"Nuestros impuestos son utilizados para dar seguridad a los capitales de inversión, mientras la sociedad permanece a merced de la delincuencia", manifestaron los miembros de la Congcoop.

La Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Flavia Pansieri, manifestó preocupación respecto al asesinato de 18 defensores humanitarios durante 2013 en Guatemala.

En conferencia de prensa anterior dijo que durante su visita al país recibió información sobre casos de amenazas, ataques y campañas de desprestigio contra los defensores de los derechos humanos.

Un día después de las declaraciones de Pansieri, más de 300 policías lanzaron gases lacrimógenos y golpearon a pobladores de La Puya, localidad ubicada a 10 kilómetros al noroeste de esta capital, que se opone a un proyecto de extracción minera.

Fuente Prensa Latina

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