Por Salim Lamrani*

El Pacto Presupuestario Europeo: Una política de austeridad
contra el interés general y condenada al fracaso

Se trata de una política de austeridad contra el interés general del país y está condenada al fracaso.

El gobierno socialista de François Hollande se apresta a adoptar por vía parlamentaria el Pacto Presupuestario Europeo, también llamado Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG) el cual, además de instaurar definitivamente una política de austeridad, atenta contra la independencia de Francia, que ya no podrá decidir soberanamente sobre su presupuesto nacional

La Francia de François Hollande, está a punto de ratificar el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG) impuesto por la Alemania de Angela Merkel y adoptado a nivel europeo. Este texto introduce la llamada “regla de oro”, en adelante obligatoria para todos los países miembros de la Eurozona, e instaura de facto una política de austeridad, impidiendo que los Estados presenten un presupuesto con un déficit superior al 0,5% del Producto Interior Bruto.[1]                                                                
           
Adoptado el 2 de marzo de 2012 por Nicolas Sarkozy y otros 24 dirigentes europeos, el TECG se someterá pronto al Parlamento francés dominado por el Partido Socialista, mediante un procedimiento de mayoría simple de las dos asambleas, sin que el tratado se haya modificado en ningún aspecto. La regla de oro se transformaría entonces en ley y prohibiría todo déficit público, so pena de graves sanciones por parte de la Unión Europea. [2]

Más grave aún, Francia pierde gran parte de su soberanía con el TECG. El Parlamento francés tendrá que someter, de modo obligatorio, su presupuesto anual a la Comisión Europea, ninguno de cuyos miembros salió por sufragio universal, que podrá realizar los arbitrajes que juzgue necesarios, sin tener que rendir cuenta alguna a los ciudadanos, y por lo tanto decidirá el futuro de la nación. Así, el TECG hace obligatoria la aplicación de las políticas de austeridad en Europa, sin que se pueda explorar ninguna vía alternativa. [3]

Para Francia, mientras que el país se encuentra al borde de la recesión y que convendría lógicamente inyectar fondos en la economía, el regreso al equilibrio presupuestario que impone el TECG, que implica volver a un déficit de un 3% en 2013, significa que 33.000 millones de euros que redistribuye el Estado tienen que sacarse de la economía nacional. Eso sería válido sólo si se confirmasen las hipótesis de crecimiento de alrededor del 1%, lo que no parece que será el caso, por lo que en realidad supone que el Estado reducirá inevitablemente sus gastos públicos, lo que tendrá un impacto social. [4]

Del mismo modo, para alcanzar el equilibrio presupuestario en 2017, como se comprometió el presidente francés François Hollande, habría que retirar 60.000 millones de euros de la circulación económica. L          o que equivale a la mitad de la suma que prevé el Plan de Reactivación, de 120.000 millones de euros (inferior al 1% del PIB europeo), que adoptó la Unión para todos los países de la Eurozona, destinado a estimular el crecimiento.[5]

El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) se destina oficialmente a brindar ayuda a los países en dificultades. No obstante, sólo concierne a las naciones que adoptaron el TECG. Se trata en realidad del medio que utilizan los partidarios del neoliberalismo, abanderados por Angela Merkel, para imponer políticas de austeridad que además de tener graves consecuencias sociales en las poblaciones son económicamente ineficaces. [6]

En efecto, dondequiera que se aplicaron los planes de austeridad, sea en Grecia, Italia, Irlanda, Portugal o España, la crisis de la deuda, lejos de desaparecer, se ha agravado y las condiciones de vida de los habitantes se han deteriorado considerablemente, con un explosión del desempleo y una destrucción organizada del sistema de protección social y del Estado del bienestar.

Los ejemplos más emblemáticos son Grecia y España, donde se impusieron por la fuerza esas recetas de choque. Los resultados son catastróficos desde el punto de vista político, económico y social.

Así en Grecia, tras la aplicación de nueve planes de austeridad con un alza masiva de los impuestos, entre ellos el IVA, un alza de los precios, una reducción de los salarios (¡hasta un 32% del salario mínimo!) y de las pensiones de retiro, un retraso de la edad legal de la jubilación, destrucción de los servicios públicos de primera necesidad como la educación y la sanidad, supresión de las ayudas sociales y privatización de los sectores estratégicos de la economía nacional (puertos, aeropuertos, ferrocarril, gas, agua, petróleo) la producción cayó un 20%, explotó el desempleo y la crisis de la deuda empeoró. En efecto, hoy ésta es superior a lo que era antes de la intervención de las instituciones financieras internacionales en 2010.[7]

Tras el desastre griego causado por las políticas de austeridad de la Troika (Banco Central Europeo, Unión Europea y Fondo Monetario Internacional), ahora es España la que se encuentra al borde del abismo. Se ha aplicado por la fuerza al pueblo español la misma terapia de choque con las mismas consecuencias desastrosas. El gobierno de Mariano Rajoy ha impuesto a los ciudadanos “un plan de rigor colosal” según el diario económico francés La Tribune, con una disminución de los gastos de 102.000 millones de euros hasta 2014: reducción drástica del número de funcionarios, de los presupuestos de educación y sanidad y disminución de los salarios, alza de los impuestos incluido el IVA y reducción de las prestaciones familiares, de los subsidios de desempleo y de las pensiones de jubilación entre otras. Todo ello en un país golpeado por una tasa de desempleo record del 25%, con una explosión de la pobreza. Por su lado la Comisión Europea, lejos de preocuparse de las consecuencias sociales y humanas que engendran estas medidas, “se congratula de la adopción de España del plan plurianual”.[8]

El TECG, que impone políticas de austeridad como única norma posible, está condenado al fracaso y agravará inevitablemente la crisis económica en Europa, ya en plena recesión. En efecto, el concepto de la “regla de oro” resulta dudoso ya que al reducir la capacidad de endeudamiento de los Estados les priva de toda posibilidad de realizar inversiones que estimularían el crecimiento. Las consecuencias sociales ocasionarán una crisis política de envergadura cuyo desenlace nadie puede predecir, en un contexto de resurgimiento de la extrema derecha en todo el continente.

El gobierno socialista de François Hollande tiene la obligación moral de someter el TECG al pueblo por referéndum después de un amplio debate público. Está en juego el porvenir de la democracia en Francia, ya sensiblemente quebrantada por la adopción por vía parlamentaria del Tratado de Lisboa en 2007, mientras que el pueblo lo había rechazado dos años antes por referéndum.

 Notas

[1] Unión Europea, 2012. «Le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance» (sitio consultado el 29 de agosto de 2012).
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Jean-Luc Mélenchon, «Discours de Jean-Luc Mélenchon en clôture des estivales citoyennes du Front de Gauche», Le Parti de Gauche, 26 de agosto de 2012.  (sitio consultado el 29 de agosto de 2012).
[5] Ibid.
[6] Conseil de l’Europe, «Le CADTM dénonce la campagne de désinformation sur la dette grecque et le plan de sauvetage des créanciers privés», 2012. «Mécanisme européen de stabilité», (sitio consultado el 29 de agosto de 2012).
[7] Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers monde (CADTM), , 10 de marzo de 2012. (sitio consultado el 29 de abril de 2012).
[8] La Tribune, «L’Espagne s’impose un plan de rigueur colossal», 3 de agosto de 2012.

*Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos y profesor encargado de cursos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV y en la Universidad Paris-Est Marne-la-Vallée.  Periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Página Facebook: https://www.facebook.com/SalimLamraniOfficiel

Original en portugués en Operamundi


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