Por Ronnie Huete S.
El autor de este artículo es corresponsalía voluntaria de la revista Caros Amigos editada en são Paulo, Brasil para Centroamérica, la organización Casa Mafalda São Paulo, Brasil , La Agencia informativa Latinoamericana Prensa Latina, Kaos en la red y El portal http://desacato.info editado en Florianópolis, Brasil.
Periodista y cooperante
Latinoamérica, 1 de oct. Ser obrero, campesino, minero, indígena o afrodescendiente en Honduras, aún se paga con la tortura, si logra escaparse de la muerte.
Pese a que la nación latinoamericana está suscrita a varios convenios internacionales para prevenir los tratos crueles inhumanos o degradantes, las prácticas que utilizaron elementos del ejército de Honduras el día 4 de septiembre de 2014, para interrogar a un joven minero en el municipio del Corpus, en el departamento de Choluteca, aplasta las leyes internacionales, para irrespetar los derechos humanos de quienes viven en comunidades aisladas.
El Corpus, es un municipio boscoso situado al sur de Honduras a tres horas del Distrito Central de esa nación, cuya carretera lo hace intransitable y en donde el preciado mineral del oro, sumado a la ambición de grupos inhumanos, causó la muerte de 8 mineros, hace aproximadamente tres meses.
Este acontecimiento conmocionó al país centroamericano, puesto que los esfuerzos por rescatar con vida a los mineros soterrados fueron mínimos.
A casi tres meses de este lamentable hecho, elementos del ejército capturaron a un joven mineros, forzándolo a tirarse a la tierra, con manos atadas y con su cabeza tapada con una capucha negra, mientras el otro elemento del ejército rociaba agua en el rostro de los detenidos.
Estas descripciones fueron publicadas en medios de comunicación locales de Honduras, y las características a las que fueron sometidos los mineros son una clara tortura de interrogación, como se realiza en naciones en guerra.
Ante este acontecimiento el Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), confirma el grave error que se ha cometido en política de seguridad pública por parte de este gobierno, al otorgarles funciones policiales a los militares, según un comunicado redactado por el CPTRT el 01 de agosto de 2013.
La guerra no declarada en Honduras, está siendo más evidente. La información de los mineros víctimas de tortura en el Corpus se hizo pública después de 27 días de haber sufrido este vejamen. Este dato envuelve en un misterio, a los elementos del ejército de Honduras que están involucrados en esta tortura.
Esta guerra que es dominada por quienes controlan el oligopolio financiero y mediático en Honduras, mediante la utilización de las armas a través de los aparatos de seguridad del Estado, está rebasando los limites.
Esto se confirma aún más con lo sucedido la mañana del 1 de octubre de 2014, en la carretera situada en los Laureles, en donde la Policía Militar requirió un alto aún autobús conocido como “rapidito” en Honduras, sin embargo el autobús no se detuvo, por lo que los miembros de la Policía Militar procedieron a dispararle, hiriendo de gravedad a cuatros pasajeros que se transportaban en esta unidad de transporte.
Según la versión del conductor del transporte urbano, no se detuvo de inmediato debido a la velocidad con la que conducía por la carretera, pero asegura que acataría la orden de la Policía Militar.
El CPRT también denuncia que cuatro agentes de la Policía Nacional y doce militares, en estado de ebriedad hirieron de bala a tres habitantes del municipio de Wampusirpe, la Mosquitia, departamento de Gracias a Dios, hechos ocurrieron el día sábado 27 de septiembre.
Sumado a los altos grados de criminalidad que ha puesto a Honduras entre los países más peligrosos del mundo, estos recientes hechos, exponen la vida de cualquier ciudadano que pertenece a más del 80 por ciento de la población hondureña que vive empobrecida, como resultado de las políticas recalcitrantes del sistema económico con que es gobernada está pequeña nación centroamericana.
Sin embargo estos acontecimientos no ocurren en las familias que poseen el control oligopólico financiero y mediático, puesto que su escudo de inmunidad radica en la supuesta justicia que ellos mismos redactan a su favor.
Es condenable que estos hechos de tortura acontezcan en una nación que supuestamente sus gobernantes, se jactan de una fantástica democracia, alejada de toda violación de derechos, pero para desgracia de los seres humanos que habitan en las Honduras, la impunidad, la tortura, y la alevosía son parte de la agenda informativa del país centroamericano.
Pareciese que estos acontecimientos son el preámbulo de un nuevo ataque contra el pueblo desarmado, o una tapa mediática para distraer a sus sufridos ciudadanos condenados a seguir viviendo en el miedo, o expresar su repudio de estos hechos que incendian más la guerra no declarada, que refleja con todo el cinismo del mundo la tortura como un hecho que los militares tienen el derecho de hacer con cualquier civil desarmado.
Cualquier atentado o amenaza para el autor de este artículo es responsabilidad de quienes representan y gobiernan el Estado de Honduras o sus invasores.
El autor de este artículo es corresponsalía voluntaria de la revista Caros Amigos editada en são Paulo, Brasil para Centroamérica, la organización Casa Mafalda São Paulo, Brasil , La Agencia informativa Latinoamericana Prensa Latina, Kaos en la red y El portal http://desacato.info editado en Florianópolis, Brasil.
Fuente; CPTRT
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