El diario The Washington Post reveló ayer la existencia de un programa secreto de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) por el cual el gobierno de Washington ayudó a las autoridades de Colombia a asesinar a al menos 24 líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mediante un sistema de rastreo por GPS y el uso de bombas de alta precisión. Según la información hecha pública por el rotativo, el programa arrancó en 2000, tiene un presupuesto millonario y aún desconocido, que no forma parte del llamado Plan Colombia, y podría seguir en operación, lo que supone su continuidad entre las presidencias de George W. Bush y Barack Obama.

 El diario pone especial énfasis en la participación de esa agencia estadunidense en el bombardeo que derivó en el asesinato de Raúl Reyes –el principal negociador de las FARC–, ocurrido en la localidad ecuatoriana de Sucumbíos en marzo de 2008. Dicho episodio, cabe recordarlo, constituyó no sólo un crimen de Estado –el asesinato a mansalva de una veintena de personas, entre ellas cuatro estudiantes mexicanos–, sino también derivó en un conflicto internacional entre Bogotá y sus vecinos Venezuela y Ecuador, por la incursión militar ilegal en el territorio de este último país.

 En retrospectiva, la información difundida por el Post termina por dar la razón a los señalamientos formulados en su momento por el mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, quien desde un principio habló de un bombardeo realizado "con tecnología de punta, seguramente con la colaboración de potencias extranjeras", y corrobora el papel desempeñado por la CIA, desde los años 50, como la dependencia que se encarga de hacer las tareas sucias que la Casa Blanca prefiere mantener en secreto, como una de las principales exponentes del terrorismo de Estado y como una de las entidades más peligrosas para la estabilidad mundial.

 Por lo que hace al gobierno de Uribe, la información difundida denota el grado al que llegó la liquidación de la soberanía de esa república suramericana durante la gestión del ex mandatario (2002-2010), periodo durante el cual ese país se sumergió en un clima de violencia cada vez más confuso en el que participaron organizaciones políticas armadas, bandas de narcotraficantes, escuadrones de paramilitares y el mismo gobierno. El empeño de Uribe Vélez en una estrategia contrainsurgente que incluyó la violación masiva de derechos humanos y la conversión de ese país en violador de la legalidad internacional estuvo alentado, de acuerdo con lo que hoy se sabe a partir de la información publicada por el Post, por el gobierno de Estados Unidos. En un ejemplo más de la doble moral característica de Washington, Álvaro Uribe concluyó sus días al frente de la Casa de Nariño en medio de acusaciones de funcionarios y legisladores estadunidenses por los atropellos cometidos por su gobierno en el contexto de la política de un plan de contrainsurgencia del gobierno colombiano alentado por la propia Casa Blanca.

 Por último, la información de que el mencionado programa secreto de la CIA pudiera seguir en marcha tendría, en caso de ser cierta, implicaciones desastrosas para el complicado proceso de paz que se desarrolla desde hace más de un año entre el gobierno de Bogotá y las FARC, el cual ha estado marcado por la continuidad de acciones bélicas por parte de ambos bandos.

 Corresponde a los ciudadanos colombianos exigir a su gobierno un esclarecimiento contundente en torno a lo publicado por el diario estadunidense y, si es el caso, el cese de las operaciones conjuntas entre Washington y Bogotá, las cuales constituyen un lastre fundamental para poner fin al conflicto armado más antiguo del hemisferio.

 Tomado de La Jornada, columna de Opinion sin firma

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