Por Salvador Capote*

Las indagaciones del Comité Nacional por la Liberación de los Cinco y de los abogados de la defensa, han puesto al descubierto que varias decenas de periodistas de Miami recibían dinero, a través de Radio Martí, para crear ilegalmente una atmósfera mediática adversa a los cinco patriotas cubanos, antes, durante y después del juicio arbitrario en el que, por razones políticas, fueron éstos condenados a injustas y desmesuradas condenas. 

 El gran número de periodistas y las  altas cifras de pago puestas al descubierto reflejan sin embargo solo una ínfima parte de la realidad, pues el “Broadcasting Board of Governors”, agencia oficial de propaganda del gobierno de Estados Unidos, se niega obcecadamente y en forma que obstruye el debido proceso de los Cinco, a revelar los nombres de todos los periodistas que fueron contratados y la magnitud de los pagos recibidos, en contra de lo que establecen las leyes de este país. 

 Pero aunque todo indica que solamente ha salido a la superficie la punta del iceberg, este fragmento que ya conocemos es más que suficiente para que podamos afirmar que nunca antes en la historia judicial de Estados Unidos el espacio mediático en torno a un proceso  ha sido tan invadido y controlado por el gobierno y que nunca este espacio se ha viciado tanto con el fin de asegurar oscuros objetivos políticos. En pocos meses fueron publicados miles de artículos en la prensa escrita e innumerables comentarios en la radio y la televisión, saturados de mentiras,  manipulaciones y tergiversaciones. Y nunca fue tan abarcadora la guerra mediática contra acusado alguno. Todos los artículos, todos los comentarios de esa avalancha mediática tenían el objetivo de condenar a los Cinco. Ningún artículo, ningún comentario a favor. Sin excepciones. El juicio a los Cinco en Miami no puede calificarse de otra manera que de linchamiento mediático. El gobierno que los juzgó fue el que financió al mismo tiempo la creación de la atmósfera  necesaria para condenarlos. 

 Miami era precisamente la única ciudad de Estados Unidos donde era imposible celebrar un juicio justo. En ninguna otra, un número tan escandaloso de periodistas se hubiera plegado tan fácilmente a las intenciones del gobierno. En ninguna otra, el miedo hubiese paralizado toda posible voz disidente. Solo aquí, en Miami, la ciudad del maniqueísmo político absoluto, era posible utilizar secreta y pródigamente fondos federales para lograr una condena mediática tan coordinada, eficaz y unánime. 

 ¿Qué singularidad existe en esta margen del estrecho de la Florida  que durante tantos años sólo  ha permitido un periodismo mediocre, siempre al servicio de las peores causas? La explicación no consiste solamente en el incentivo económico  representado por los ingresos adicionales a través de Radio y TV Martí, o de agencias gubernamentales como USAID, interesadas en promover la subversión en Cuba. Ni siquiera es fenómeno reservado a motivaciones ideológicas. La respuesta hay que buscarla en el entramado social de Miami que impide un periodismo profesional, independiente. Los pocos que lo han intentado a través de una prensa o una radio alternativa han tenido y tienen todavía  que pagar un alto precio por ello.

 El periodismo en Miami no tenía los grados de libertad de las actuaciones individuales sino que, con toda seguridad, todos estos periodistas eran miembros o mantenían vínculos con alguna o algunas de las más de 200 organizaciones cubano-americanas cuyas agendas –con frecuencia de índole explícitamente terrorista- son impuestas a todo lo que se relaciona con Cuba. Su actuación  no sólo estaba determinada por el pago que recibían sino por la disciplina inherente a la militancia en estas organizaciones, algunas de las cuales, además, contrataban espacios en la radio y la televisión y poseían sus propios órganos de prensa. La condena a los Cinco tenía rango de consigna, era parte importante del credo, de las letanías anticastristas que recitaban diariamente –y todavía recitan- los comunicadores. En los medios de Miami, el mercenarismo no era excepción sino regla de vida.

 Por otra parte, al igual que en el caso del niño Elián, la amenaza de represalias paralizó toda iniciativa racional.  La demonización de los Cinco se convirtió en parte importante de la plataforma de propaganda de los congresistas cubano-americanos y de otros funcionarios y políticos del Sur de la Florida. Los que, como Janet Rino, propiciaron el regreso a Cuba del niño con su padre, tuvieron que enfrentarse a la difamación y al voto de castigo. Igualmente, salvo en los medios alternativos, ninguna voz se alzó –alzarse era suicida-  para defender a los Cinco. Años más tarde, Oscar Corral vio su prestigio personal enfangado y su carrera profesional destruida por haber sido el primero en denunciar el pago del gobierno a diez periodistas de Miami.

 Las interconexiones sociales existentes  hacían imposible el ejercicio de un periodismo mínimamente objetivo en todo lo que estuviese de algún modo relacionado con el tema cubano. Era el clásico dilema del látigo y la zanahoria. La zanahoria era el pago que recibían del gobierno, y el látigo la posible pérdida del empleo, la exclusión  y el temor a represalias aún mayores. Entraba en juego, ciertamente, el dinero que podían ganar pero, también, y en forma no menos determinante,  la posición social y el salario que podían perder. 

*Bioquímico cubano, actualmente reside en Miami. Trasmite con cierta regularidad por Radio Miami el Programa “La Opinión del Día”, que aparece poco después en laradiomiami.com. Es colaborador de Areítodigital.net; participa, con la Alianza Martiana, en la lucha contra el Bloqueo impuesto a Cuba por Estados Unidos.

 Imagen agregada RCBáez

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Un reto al periodismo / Ricardo Alarcón

El Gobierno de Estados Unidos incurrió en flagrante violación de la Constitución y las leyes para asegurar las injustas condenas a los Cinco patriotas cubanos que pronto cumplirán 14 años de castigo arbitrario e ilegal. No fue un hecho aislado sino un empeño sistemático que abarcó todo el tiempo del proceso contra los Cinco y en el que invirtió muchos millones de dinero público. Acerca de su duración, las personas involucradas, el volumen de recursos utilizados y otros aspectos importantes de esta operación sólo se tiene una información muy parcial.

 Comoquiera que esa conducta obligaría a las autoridades - tanto a los tribunales como al Ejecutivo - a disponer la inmediata liberación de nuestros compañeros, Washington ha conspirado también para ocultar lo que hizo, incurriendo en un delito adicional, el del encubrimiento.