Sea quien sea o Cultura revolucionaria indetenible

Por Luis Toledo Sande*

En el Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, que aprobó los Lineamientos para encauzar reajustes vitales en el país, el presidente Raúl Castro planteó la necesidad de limitar la duración de la permanencia de los cuadros en los más altos cargos nacionales, y anunció que él mismo daría el ejemplo en el cumplimiento de esa norma. Además, en aquel y en otros foros relevantes arremetió contra la corrupción, que el Comandante en Jefe Fidel Castro había señalado, por encima incluso de la hostilidad imperialista, como un mal capaz de derrocar al proceso que dio a Cuba independencia nacional y justicia.

Con respecto a ese tema el general Raúl Castro no se quedó en desaprobar cierta corrupción “menor” más o menos generalizada, sino que arremetió contra los bandidos de cuello blanco aspirantes a adueñarse del país. Un hecho de tanta gravedad tendrá lugar central en las preocupaciones por las cuales, de modo tajante, planteó que las leyes deben castigar con la correspondiente severidad a quien se corrompa, sea quien sea. Queda claro, pues, el llamamiento a aplicar tan necesaria vara de medir a quienes se desempeñen en todos los niveles de dirección del país, con independencia de su biografía y del aval que tengan, aunque una y otro se valoren como proceda en un juicio legal y moralmente equilibrado.

En Cuba parecía impensable que se limitara el tiempo de permanencia en altos cargos, dada la costumbre de ver a la nación bajo la guía de una dirección histórica, en la cual se daban por resumidas las mejores intenciones y la mayor entrega a las necesidades de la patria heredada y de la sociedad en construcción. Y aunque no estuviera escrito, en el espíritu de una Revolución legítima que triunfó por la vía armada parecía arraigarse el concepto según el cual dicha limitación era propia de la llamada democracia burguesa.

Pero desde los primeros momentos la Revolución reconoció como su autor intelectual a José Martí, quien, lejos de ignorar la democracia conocida en su tiempo, señaladamente en las entrañas del monstruo, repudió sus manquedades sinceramente, y no solo en teoría. Obra suya, las Bases del Partido Revolucionario Cubano, fundado por él, fijaron normas que bajo su dirección se cumplieron: elecciones anuales y dirigentes sometidos al control de los electores, ante los cuales debían rendir cuenta periódica.

En general, la permanencia ilimitada en un cargo -sobre todo si es de alta jerarquía- puede favorecer nociones y prácticas que el propio Martí condenó en “Nuestra América”, ensayo cardinal que desbordó el tema de la independencia política. En ese texto sostuvo que, para defender de veras a los humildes, se requería afianzar un “sistema opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores”: no solo rechazar los intereses de estos, sino también la herencia de sus hábitos en el ejercicio del poder. Además, la permanencia ilimitada en los cargos, no solo en los de mayor nivel, puede generar una inercia paralizante por el exceso de confianza en la autoridad de la cual se está investido, y por la pérdida de acertados reflejos creativos frente a los movimientos de la realidad, siempre cambiante.

Añádase que la autoridad administrativa, y dentro de ella la gubernamental, incluye facultades en el manejo de recursos, y en ese camino se puede llegar a la pérdida de barreras entre el buen uso del mando y su distorsión, tanto como -salvo tal vez en casos de honradez y voluntad misional proverbiales- entre el buen empleo de los recursos y su utilización caprichosa, para no hablar de posibles inmoralidades. Hasta la “legitimación por méritos”, o de manera especial ella, puede generar torcimientos fatídicos, si la autoridad desemboca en desafueros que quien los comete llega a considerar expresiones naturales de sus prerrogativas, y la población los acepta como atributos propios del mando.

¿Qué decir si la autoridad se enreda con el sentido de casta -tendencia que parece universal en la especie humana- y la contamina el germen de la corrupción? A las deformaciones posibles en quien dirige se unirá entonces la complicidad de los dirigidos u ocupantes de puestos intermedios que aspiren a recibir beneficios, o pretendan llegar ellos mismos a posiciones que les faciliten obtenerlos. Agréguense pizcas de otros ingredientes parecidos, o concomitantes, y estarán servidas la impunidad y el nepotismo, y rejuegos con sesgo mafioso, para solo mencionar algunas de las aberraciones contrarias a un proyecto que se proponga cultivar la justicia social, aspiración entorpecida o impedida por el individualismo y la herencia de siglos de desigualdad en el mundo.

La actualización que se plantea para el modelo económico cubano está abocada a lo que, dado el afán de rectificar hipertrofias centralistas implantadas en especial desde 1968, pudiera considerarse una especie de nueva ofensiva revolucionaria en otra dirección. La plausible voluntad de no subrayar el peso de la propiedad privada, independientemente de su tamaño, puede mover a preferir términos como cuentapropismo y cuentapropista; pero la verbalización no basta para impedir los efectos prácticos de la realidad, más terca que el lenguaje, y a la larga, si no a la corta, más influyente que él. Ni siquiera de las cooperativas hay que esperar un sentido de colectivismo comparable con el buscado a base de la socialización que se intentó a partir de aquel año, y sobre cuya relativa, real o supuesta inoperancia, así como sobre las causas de esta, habría mucho que decir, e indagar.

Para hacer frente al crecimiento del individualismo -que puede prosperar asimismo con el uso ineficiente o corrupto de la propiedad social- se necesita fomentar una plena cultura revolucionaria, que no solo concierne a lo gremial o ministerialmente llamado cultura, sino a los más profundos conceptos y a las prácticas sustanciales de la existencia y la conducta diarias. Aunque el bolchevique Lenin no esté de moda, conviene recordar su concepto de moral socialista, que él no veía como cuestión de moralina o mojigatería, herencia de tabúes medievales, sino como la actitud y el pensamiento de respeto a la propiedad social.

Tratándose de un proyecto justiciero como el que debe seguir identificando al experimento cubano, quien dice propiedad social dirá también utilidad colectiva de los bienes. El desiderátum atañe también a los recursos que sean patrimonio privado y deban dar a la nación no únicamente el beneficio trazado por la política tributaria, sino el de la honradez, norma que el país necesita que florezca en todos los órdenes, y que en el ejercicio de la autoridad estatal únicamente se puede ignorar so peligro de desastre. La propia contribución al fisco se desangra si los encargados de controlarla e inspeccionarla subordinan su responsabilidad a la obtención de ganancias personales, egoístas, basadas en el soborno y la connivencia, males que están lejos de ser fantasmagorías imaginadas.

Cuidar los recursos sociales, entre ellos los derivados de la práctica tributaria, es una responsabilidad de las instituciones y autoridades gubernamentales y estatales, que no producen los bienes y los servicios, sino dirigen su producción y los administran. En cambio, tienen especiales responsabilidades con la nación, con el pueblo, y en particular con la masa de trabajadores, que son quienes en realidad producen, crean.

En todos los niveles, la responsabilidad de esas instituciones y autoridades debe estar sujeta a control, a fiscalización, tareas, también vitales, cuyo cumplimiento resulta inviable sin la consagración de quienes asumen la misión de dirigir y administrar. En ese terreno compete a la participación popular un papel fundamental, decisivo, que los hábitos burocráticos y los interesados en mantenerlos pueden entorpecer o impedir, con las costosas consecuencias que de ello cabe esperar para el país, o que están a la vista.

La mera existencia de los mecanismos y los funcionarios encargados de luchar contra la corrupción -por muy bien estructurados que estén los primeros, y muy bien preparados los segundos- no basta para que esa lucha se libre como lo necesita el país. Urge asegurar y desarrollar, con educación, vigilancia y leyes, y castigo cuando sea menester, una moral colectiva que los desequilibrios económicos y los malos manejos administrativos pueden quebrantar gravemente, minándola hasta diluirla en la resignación y la complicidad, cuando no en la comisión directa y consciente de prácticas corruptas.

Si el concepto no fuera algo así como un espacio ocupado, y viciado por orígenes e interpretaciones de diversa índole, cabría decir que se requiere una cultura de revolución permanente. Para evitar confusiones, dígase que en un proyecto como el cubano, máxime en las actuales circunstancias, es cuestión de vida o muerte sembrar y fomentar cada vez más una cultura revolucionaria de la honradez y la eficiencia, virtudes que deben marchar juntas. Sin ellas, ¿adónde iría a parar el país, a qué manos?

No hay que pretender la honradez de ángeles etéreos, a los que en la tierra acabarían robándoles las alas, ni la eficiencia en el sentido que a esa meta vital pudieran imprimirle tecnócratas y pragmáticos, desentendidos de la médula social de un proyecto justiciero que también debe atender los requerimientos de la economía. Pudiera parecer cosa sencilla, pero es sumamente compleja. Contra su logro actúan intereses y rutina, picardía e inercia, en una trama que abarca el conjunto de resortes que la sociedad necesita para funcionar y generar la actitud, los bienes y los servicios indispensables para la buena marcha nacional.

De ahí la importancia de castigar legalmente -según corresponda- a quien incurra en la corrupción, sea quien sea. Igualmente, sea quien sea debe responder por las consecuencias de las decisiones que tome en el ejercicio de la autoridad de la cual esté investido, y más aún si las toma explayando sus prerrogativas personales en detrimento de la estructura institucional que, empezando por la Constitución, el país debe cuidar a todos los niveles. Así como incluso en los más altos cargos la permanencia de un cuadro, sea quien sea, debe estar sujeta a límites -sin creer que ello basta para lograr lo que la nación necesita-, el dirigente o funcionario ha de responder por los resultados de sus decisiones, sea quien sea.

No basta valorar las intenciones y el esfuerzo personal, pues las circunstancias, por lo general mutantes y ariscas, pueden entorpecer en gran medida el éxito de una decisión dada. Pero se debe hacer la valoración justa que cada caso requiera o merezca, y determinar en qué medida han causado estragos el voluntarismo, la tozudez, el desconocimiento de los factores con que se ha de contar, tanto como la falta de previsión o la insuficiente vigilancia que cada quien debe mantener en las funciones a su cargo. Tras más de medio siglo potenciando, con grandes esfuerzos e inversiones, los niveles de instrucción de la ciudadanía, hay motivos y derecho para valorar también con rigor el peso de la ignorancia, o la falta de preparación, en el incumplimiento de las tareas.

No es cuestión de promover persecuciones asfixiantes, ni tampoco de menospreciar los daños que por error, acomodo a las prerrogativas, autoritarismo o desidia alguien cause al país en su desarrollo y su destino a largo plazo, o en la cotidianidad. Ello puede ocurrir en el terreno de la conducción política, o en frentes más específicos, dígase por ejemplo una industria o servicios vitales, para no hablar de los valores imprescindibles si se busca cimentar la civilidad y la ética en el funcionamiento social. Se habla de elementos fundamentales -o que se relacionan directamente con ella- en la cultura de un país, si se quiere que de veras esta sea revolucionaria, aún más si se pretende que alcance el grado requerido para cultivar desde las raíces la justicia social y la felicidad del pueblo.

También en ello se requiere el debido cambio de mentalidad, el cual no se conseguirá sin incluir la adecuada proporción en el cambio de mentes. Por muy brillante y creativo que sea, y muchos méritos que tenga, nadie se libra de los designios de la biología y de lo permitido por el cuerpo, único soporte para la instalación del cerebro y sus ramificaciones. Pretender otra cosa puede convertir los propósitos emancipadores en consignas, candor estéril o trivialidad repetitiva, mientras apremia que cada ciudadano, sea quien sea, cumpla plenamente las responsabilidades propias de su cometido individual, de su papel como parte de una colectividad dada y del país todo, así como sus derechos y deberes de reclamar el mejor funcionamiento de instituciones y autoridades, y velar por él.

Sin la generalización de esa actitud -que es profundamente un hecho cultural y no puede confiarse a la espontaneidad ni a las meras convocatorias verbales, aunque sean sabias? no podrán cumplirse satisfactoriamente los llamamientos hechos por el Comandante en Jefe de la Revolución y por el actual presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y primer secretario del Partido. Es necesario pensar con intensidad, con sentido de urgencia, no solo considerando el presente, sino, todavía más, con vistas al futuro, que está en juego.

(Detalles en el órgano, XIII)

Publicado en CUBARTE, el 2012-09-14

Imagen agregada Foto Ismael Francisco CUBADEBATE

Enviado por su autor:

*Filólogo e historiador cubano: investigador de la obra martiana de cuyo Centro de Estudios fue sucesivamente subdirector y director. Profesor titular de nuestro Instituto Superior Pedagógico y asesor del Legado Martiano en los planes de enseñanza de Cuba; asesor y conductor de programas radiales y de televisión. Jurado en importantes certámenes literarios de nuestro país.  Conferencista en diversos foros internacionales; fue jefe de redacción y luego subdirector de la revista Casa de las Américas. Realizó tareas diplomáticas como Consejero Cultural de la Embajada de Cuba en España. Desde 2009 ejerce el periodismo cultural en la Revista Bohemia.
Entre los reconocimientos que ha recibido se halla la Distinción Por la Cultura Nacional.
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Fiscal General puede exigir a Jueza que anule caso de los Cinco, afirman abogados (+ Fotos y Video)

El Fiscal General de los Estados Unidos tiene la potestad de solicitarle a la Jueza Joan Lenard, de Miami, que desestime los cargos contra los Cinco cubanos condenados en 1998 en esa ciudad, aseguraron abogados norteamericanos este lunes.

En conferencia vía internet Washington-La Habana, los juristas explicaron la importancia de la Moción pendiente aun de decisión de la Jueza para desestimar las condenas que pesan contra Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González y René González, y la solicitud al Tribunal para que permita un discovery (exhibición de documentos) con nuevas evidencias sobre la mala conducta del gobierno norteamericano frente a este proceso judicial.

Los Cinco cubanos han permanecido por 14 años injustamente encarcelados en los Estados Unidos y continúan siendo privados de los derechos humanos más elementales, reconocieron los participantes en este intercambio abierto a la prensa, que también tuvo la oportunidad de hacer preguntas a los panelistas.

El gobierno norteamericano -destacó el abogado de Gerardo Hernández, Martin Garbus-, pagó a ciertos periodistas para que contaminaran la sede donde se realizó el juicio, lo cual imposibilitó que los acusados cubanos recibieran un juicio justo e imparcial en Miami.
“Algo como esto nunca ha ocurrido en la historia de la jurisprudencia de EEUU. Muchos de estos periodistas habían estado presos en Cuba por terrorismo y también, en EEUU. Solamente necesito una hora para demostrarle a la Jueza que el gobierno de EEUU contaminó al jurado”, añadió Garbus.

El abogado de Gerardo Hernández, que ha representado entre otras muchas personalidades a Nelson Mandela, Samuel Becket, Al Pacino y Lenny Bruce, aseguró que “le estamos pidiendo al gobierno (de EEUU) que nos dé el resto de los documentos sobre el pago a los periodistas, informes que tiene Radio Martí y el Departamento de Estado”.

Garbus aseguró que la Jueza Lenard había ordenado que ninguno de los litigantes comentara sobre el caso: “Sin embargo, ella no sabía que EEUU estaba pagándole a ciertos periodistas para decir mentiras sobre Cuba y los Cinco. Muchos de los artículos de estos periodistas parecen haber sido escritos por una sola persona y firmados por varias”, comentó.

“El proceso contra los Cinco es una vendetta política, y la campaña de propaganda política que orquestó el gobierno contra ellos lo demuestra claramente. Contribuyó a lo que un panel de tres jueces en Atlanta llamó una ‘tormenta perfecta de prejuicios’, que violó los derechos constitucionales al debido proceso de ley en el caso de los Cinco cubanos”, señaló el abogado José Pertierra, moderador del panel en Washington.

Raymond Steckle, abogado internacional, reconoció que “esto tiene que ver con la libertad de la prensa y también el derecho constitucional a un juicio imparcial y justo. Gerardo Hernández vs. United States es un caso que ilustra la corrupción de nuestro gobierno. Esta corrupción es una ofensa contra Gerardo y contra nuestra sociedad. Es indignante que la Fiscalía se haya opuesto al cambio de sede, mientras que su cliente (el gobierno) estaba pagándole a periodistas para que contaminaran el proceso”.

Ramsey Clark, ex Fiscal General de los Estados Unidos, aseguró que el proceso seguido contra Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González y René González es “una corrupción de la justicia. El gobierno estaba envenenando el pozo, mientras que los fiscales tenían la obligación de hacer un juicio justo”.

Ante la pregunta de qué habría ocurrido si un caso así se hubiera presentado cuando él era Fiscal General de EEUU, Clark aseguró: ”Si yo fuese el Fiscal General hoy y me entero de esta campaña de propaganda durante el proceso de los Cinco, tendría que desestimar los cargos. Cualquier Fiscal General debiera hacer lo mismo”, aseguró.

Pertierra comentó que “desde el principio el gobierno ha dicho que este no es un caso político. Estos documentos que ha presentado Garbus desnudan la verdad, demuestran que el gobierno de los Estados Unidos a propósito contaminó la ciudad de Miami con propaganda contra los Cinco. Tenemos una expresión en la ley que dice: res ipsa loquitor -”la cosa habla por sí misma”. Estos documentos hablan por sí mismos”.

Gloria la Riva, coordinadora del Comité Nacional de Estados Unidos para la liberación de los Cinco, instó a la comunidad internacional a estudiar los documento legales del caso, exponerlos, llevarlos a los medios de comunicación y demandar justicia por los Cinco antiterroristas cubanos.

DESDE LA HABANA

 

La periodista Aleida Godínez complementó con sus vivencias lo planteado por Garbus, alegando que el gobierno estadounidense conocía muy bien qué clase de periodistas estaba contratando para cumplir su mandato de influenciar negativamente a los miembros del jurado en el juicio contra los Cinco.

Visiblemente emocionada, Adriana Pérez O´Connor, esposa de Gerardo Hernández, condenado a dos cadenas perpetuas más quince años, expresó que era “extremadamente doloroso hablar del tema de los Cinco” pues nunca creyó que después de catorce años estuviera declarando y denunciando todas las arbitrariedades acaecidas en el caso de los Cinco.

Adriana apeló al presidente Obama para “limpiar la imagen de la justicia estadounidense” y analizar y decidir sobre la vida de Gerardo quien está condenado a morir en prisión, y la de sus cuatro compañeros.

Entre los asistentes estaban familiares de los Cinco Héroes, miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en La Habana, personalidades de la cultura cubana y periodistas. El periodista y profesor universitario Raúl Garcés moderó el panel en la capital cubana.

EEUU SE NIEGA A NEGOCIAR

Cuba está dispuesta a dialogar con Estados Unidos para buscar una solución al caso del norteamericano Alan Gross, sentenciado aquí por actos contra la integridad de la isla, ratificó durante la videoconferencia Josefina Vidal, directora de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Vidal aseguró que hasta el momento no hemos recibido respuestas; sólo hemos escuchado algunas declaraciones públicas en las que el gobierno estadounidense dice no tener nada que conversar al respecto.

Con esa postura Washington deja claro que no es Cuba la que no muestra disposición a abordar el tema, añadió la funcionaria de la Cancillería, quien consideró la propuesta de la isla como un primer paso encaminado a buscar una solución al caso del contratista.

Gross, condenado en 2011 a 15 años por el delito de “Actos contra la Independencia o la Integridad Territorial del Estado”, mantiene una salud normal y realiza regularmente intensos ejercicios físicos.

La funcionaria informó además que el prisionero recibió tres visitas de su esposa en los primeros días del mes en curso. (Con información de Prensa Latina)

Tomado de Cubadebate

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