América Latina y la segunda vuelta en Brasil
18 de Outubro de 2014, 23:29 - sem comentários aindaPor Manuel E. Yepe
El triunfo de la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, candidata a la reelección por una coalición encabezada por el Partido de los Trabajadores en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil fue holgado, pero insuficiente para evitar una ronda decisiva entre los dos candidatos más votados.
Casi todas las encuestas acerca de la intención de votos para esa primera vuelta le daban el triunfo. Inicialmente se pronosticó una carrera sumamente disputada con Marina Silva, pero, a partir de que la campaña de Dilma radicalizó su orientación de izquierda se debilitó la posición de la candidata del Partido Socialista y al final, la victoria de Dilma tuvo como su más cercano opositor al candidato del PSDB Aecio Neves, a quien se le presagiaba el tercer lugar.
Preguntados por sus preferencias en caso de una eventual segunda vuelta, los encuestados evidenciaron un claro favoritismo por Dilma Rousseff sobre Marina Silva y, con margen más amplio aún, sobre Aecio Neves, si el oponente fuera éste.
Para esta vuelta decisiva programada para el 26 de octubre, la opción es bien simple. Sólo habrá un candidato de la izquierda y otro de la derecha. Uno representa las aspiraciones de las grandes masas populares y otro que responde a los intereses conservadores del sistema capitalista.
Los conservadores apoyan sus esperanzas en el hecho de que aunque la votación por Dilma fue superior a la de Neves, que fue segundo, y a la de Marina Silva, que quedó tercera, la suma de los votos a favor de ambos en la primera vuelta superó en más de 13 millones el número de sufragios que tuvo Dilma.
Obviamente, nadie piensa que todos los votos que lograron estos dos candidatos opositores se habrán de unir mecánicamente contra Dilma. Sería lógico que los militantes y simpatizantes del PSDB respaldaran al candidato de su partido, pero no lo sería en el caso de los militantes, simpatizantes y aliados del PS en la primera vuelta, quienes asumirán una orientación política propia, aunque influidos probablemente por llamados que, a título individual o grupal, hagan algunos de los líderes de su partido.
Las posibilidades electorales de Aecio Neves, el candidato de la derecha, dependen de cuánto pueda edulcorar sus programas a fin de captar el sufragio de la ciudadanía incauta, porque Neves es el candidato de los bancos privados nacionales y extranjeros, las empresas periodísticas, un segmento anti PT del empresariado nacional, las clases medias altas y parte de los sectores medios que se ven reflejados en los modelos de consumo y la política de los más ricos. Pero sus ofertas promocionales tienen que cuidarse de no amenazar la vigencia de las injustas relaciones capitalistas de explotación que han logrado sobrevivir el período de los gobiernos de izquierda cuya continuidad Dilma Rousseff encarna.
Neves representa la política brasileña tradicional, vinculada estrechamente con el neoliberalismo, el predominio del capital financiero, y la orientación al desarrollo de alianzas y relaciones más estrechos con Estados Unidos y las naciones industrializadas en detrimento de los nexos con Latinoamérica y el Tercer Mundo.
Neves es partidario de las políticas de libre comercio, en especial de tratados de librecambio con las naciones más ricas.
Fue gobernador del estado de Minas Gerais durante dos periodos y se atribuye a su mala gestión el hecho de que, en ese estado que se consideraba feudo político de su familia, la candidata Dilma Rousseff venciera por amplio margen al del PSDB en la reciente primera vuelta de las elecciones y que el candidato a gobernador del PT derrotara por amplio margen al del PSDB.
Se espera que la batalla electoral sea muy dura, dado que lo que está en juego es la continuidad de un proyecto de país que inició Lula da Silva y Dilma Rousseff promete profundizar y mejorar. La alternativa que encarna Aecio significa el retorno a una fórmula ya probada durante los dos mandatos presidenciales de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), cuyos resultados defraudaron a la mayoría de los brasileños.
La gestión global que promete Dilma tiene el sólido respaldo de una ejecutoria que llevó a Brasil a convertirse, de oscuro aliado menor de Estados Unidos, sin peso internacional significativo, en la prestigiosa séptima economía mundial que es hoy, con liderazgo no solo regional, sino global como miembro del grupo BRICS de países en vías de desarrollo llamado a contrarrestar la hegemonía unipolar imperialista.
En el terreno de la política continental, la dupla Lula-Dilma representa la defensa de la soberanía e independencia, el apoyo a la unidad e integración de América Latina y el Caribe, la solidaridad con Venezuela, Cuba y los demás procesos anti neoliberales de la región, y a favor de la paz mundial.
Octubre 18 de 2014.
Enviada por su autor
La persecución financiera contra Cuba (II) 1981-2000: las presiones contra Cuba se recrudecen
18 de Outubro de 2014, 22:13 - sem comentários ainda
La administración neoconservadora de Ronald Reagan, que asumió la presidencia en enero de 1981, se ocupó de desmantelar algunas medidas positivas de las administraciones previas [1] y adoptó otras que abrieron el camino a sus agudas manifestaciones actuales.Una de las de más largo alcance, rápidamente adoptada, fue incorporar a Cuba a partir de 1982, sin razón alguna, al listado, que anualmente elabora el Departamento de Estado, de países patrocinadores del terrorismo internacional, lo que sirvió de fundamento a las medidas que acometería la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, además de cumplir una función propagandística y de aislamiento internacional.
Desde finales de los años 90 ha sido la justificación de una nueva hornada de dañinas medidas en la persecución financiera a nuestro país.
En el periodo abril-junio de 1982 se elaboraron nuevas regulaciones sobre los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba, regresándose a la situación anterior de licencias específicas, y se hicieron más estrictas las regulaciones de gastos, tronchándose una importante fuente de entrada de divisas. En 1989 se hicieron aún más restrictivas.
A partir de 1986 se dio inicio a la más organizada de las persecuciones contra las gestiones financieras y comerciales del país, con las emisiones por parte de la OFAC de las denominadas Listas de Nacionales Especialmente Designados (Specially Designated National, SDN). Con respecto a Cuba, entre 1986 y 1989, el Departamento del Tesoro emitió siete listas consecutivas, para un total de más de 230 entidades, prácticamente de todos los continentes. Al calificarse como “designadas cubanas”, ninguna persona natural o jurídica, bajo la jurisdicción de Estados Unidos, podía mantener vínculos económicos o financieros con entidades o individuos incluidos en estas listas. Con mayor fuerza que en cualquier periodo anterior, la cruzada anticubana en la esfera comercial y financiera comenzó a tener en la OFAC su principal instrumento.
Una enmienda, aprobada el 23 de agosto de 1988 por el Congreso, instruyó a la Administración a recrudecer las medidas contra Cuba a través de una mayor aplicación de la Ley de Comercio con el Enemigo y de una mayor interacción de la OFAC “con otras agencias federales”. Esta mayor interacción permitiría la recopilación de toda la información disponible sobre la red comercial internacional de Cuba, para contribuir a la elaboración de sus listados de “designados cubanos” y perfeccionar el trabajo “conjunto e integrado” de la OFAC y las otras agencias. De esta manera, se lograba un reforzamiento más efectivo de la guerra financiera.
Un resultado de ello fue el incremento de la obstaculización de las exportaciones cubanas de azúcar y de níquel, con su consiguiente afectación a la entrada de divisas. Como modalidad de “bloqueo por acuerdos”, Estados Unidos comenzó a exigir a Italia, Holanda, Francia, Japón e incluso a la Unión Soviética poco antes de su desintegración, y posteriormente a Rusia, que ninguna de sus exportaciones a territorio o intereses norteamericanos podía contener níquel de origen cubano. Para el año 2000, este tipo de bloqueo impedía el acceso de este producto al 40 % del mercado mundial. Con respecto al azúcar, tal medida se instrumentó a partir de la Ley de Seguridad Alimentaria de 1985, y como castigo a las violaciones de la exclusión del sistema de cuotas en el mercado de Estados Unidos.
A partir de esos antecedentes, en octubre de 1992 fue aprobada por el presidente Bush la Ley para la Democracia en Cuba, conocida como Ley Torricelli. En esos momentos, con el derrumbe del campo socialista y la desaparición de la URSS, Cuba necesitaba reorientar su comercio hacia mercados de países capitalistas (Europa, Canadá y América Latina) y existía una tendencia ascendente en el comercio con subsidiarias de empresas norteamericanas. Se requería también reorientar el mercado de fletes y recurrir a otras navieras que no eran las que tradicionalmente se habían utilizado de los países socialistas europeos. Todo ello fue prohibido o perseguido por esta Ley, en un claro ejercicio de extraterritorialidad. Solo en el primer semestre posterior a su promulgación, el principal autor de este acto legislativo, el senador Robert Torricelli, se ufanaba de haber encarecido en un 15 % el costo de las relaciones económicas externas cubanas.
Para enfrentar este doble bloqueo, para Cuba se hacía imperativo incentivar la inversión extranjera directa. A partir de 1994 esta se expandió notablemente en las esferas de los servicios, construcción de viviendas, inmobiliarias, telecomunicaciones y otras. Precisamente contra ello se dirigió la denominada Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas, Ley Helms-Burton, de marzo de 1996, que se trazó como objetivo principal impedir la participación de aquella inversión extranjera en el proceso de reanimación económica del país: su título I, estableció la retención de pagos a instituciones financieras que concedieran créditos a Cuba, un chantaje financiero violatorio del Derecho Internacional.
Sus títulos III y IV se proyectaron contra la inversión extranjera en el país, en aras de lograr su colapso financiero, también violando principios y conceptos internacionalmente reconocidos. El fundamento de su extraterritorialidad fue denunciado en la Organización de Naciones Unidas por Cuba, en el año de su promulgación, como una selectiva y discriminatoria interpretación del concepto de la soberanía de los Estados, que a partir de entonces ha sido el patrón de las presiones contra el país en el terreno económico.
Otra legislación del 24 de abril de 1996 (Ley de Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva) abriría la ruta, actualmente muy transitada, para llevar la guerra financiera contra Cuba aprovechando su inclusión en el listado de países patrocinadores del terrorismo. Esta Ley ampliaba las excepciones a la inmunidad, en tribunales estadounidenses, de los estados extranjeros que estuviesen en aquel listado. A esta línea de actuación le dio continuidad la Ley Ómnibus de Asignaciones Suplementarias y Emergencias Consolidadas, de 1998, que permitía la ejecución de sentencias a costa de los fondos de estados “patrocinadores del terrorismo” y la Ley de Protección a las Víctimas del Tráfico y la Violencia, del 28 de octubre del 2000, que estableció la posibilidad de ejecutar fallos judiciales a costa de los fondos congelados del Estado cubano.
Este andamiaje jurídico ha abierto el camino a espurios fallos contra Cuba en tribunales federales, en demandas presentadas por ciudadanos estadounidenses, supuestas víctimas del “terrorismo” cubano, que ha traído consigo el despojo a Cuba de los fondos congelados en bancos de aquel país y la persecución de otras fuentes.
La Ley Ómnibus de Asignaciones Presupuestarias para el año fiscal 1999 incluyó doce enmiendas encaminadas a reforzar las sanciones impuestas por el Título IV de la Ley Helms-Burton y se extienden al resto del mundo, y se amplió el bloqueo sobre los fondos de instituciones crediticias internacionales para concertar cualquier asistencia o reparaciones a Cuba. Particularmente aguda fue su Sección 211, violatoria del Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en la Organización Mundial del Comercio, y que es en esencia una guerra contra marcas o nombres comerciales de productos cubanos del primer nivel, tales como el ron Havana Club o el tabaco Cohiba. El objetivo principal fue crear obstáculos al desarrollo de las inversiones extranjeras en Cuba que estén asociadas a la comercialización internacional de productos cubanos de reconocido prestigio.
Otro endurecimiento de la política del bloqueo (Enmienda Stanford, aprobada en la Cámara el 20 de julio del 2000), dio al traste con las propuestas para favorecer la venta de alimentos y las visitas libres de norteamericanos a Cuba.
Pero las medidas más insólitas estaban aún por venir.
* Autor de Bloqueo. El asedio económico más prolongado de la historia, Editorial Capitán San Luis, La Habana, 2003. Primer investigador en el Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado.
** Funcionaria del MINREX.
[1] Levantamiento de prohibiciones de viajar a Cuba; autorización para envío de remesas a familiares; autorización del comercio, bajo licencia, con subsidiarias norteamericanas en terceros países, entre otras, se comenzaron durante las administraciones Ford y Carter, por cambios positivos en la correlación de fuerzas tanto a nivel internacional como de América Latina y el Caribe.
Publicado en Periódico Granma
La persecución financiera contra Cuba (I): Las primeras manifestaciones
18 de Outubro de 2014, 20:51 - sem comentários aindaPor Andrés Zaldívar Diéguez y Gretter Alfonso Guzmán
La persecución financiera contra Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos dura ya más de 55 años. La misma intenta frenar los créditos que pudiese recibir nuestro país en condiciones favorables; la movilización de capitales externos; las inversiones extranjeras directas; la inserción cubana en la economía mundial, así como los ingresos por exportaciones de bienes y servicios. Es una necesidad de primer orden, por tanto, conocer los antecedentes y desarrollo de esta política, la cual ha reforzado su carácter extraterritorial y se ha aplicado en estrecha interacción con otras modalidades del bloqueo.
LAS PRIMERAS ACCIONES
Las finanzas externas fueron el primer blanco de la guerra económica contra Cuba, materializada con la negativa a un empréstito solicitado por el Banco Nacional de Cuba en febrero de 1959 para estabilizar las finanzas internas, en precario estado después del robo de más de 400 millones de dólares del tesoro público por personeros de la dictadura batistiana.
Estados Unidos rechazó las racionales fórmulas de pago ofrecidas a ciudadanos estadounidenses por las nacionalizaciones de propiedades en Cuba, resultantes de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria promulgada el 17 de mayo de 1959, e intentó imponer condiciones (pago “pronto, adecuado y efectivo”) imposibles de satisfacer. Los nacionales de otros países, también afectados, que se acogieron a la fórmula ofrecida por Cuba, hace ya muchos años recibieron justa compensación. La “deuda” cubana fue creada artificialmente por el gobierno de aquel país para ser utilizada como mecanismo de presión con fines políticos.
Fue al calor de la operación subversiva que comenzó a organizarse en agosto de 1959 y concluyó en Girón, que se dieron pasos prácticos para impedir las entradas de divisas. Su más importante medida, las reducciones y posterior corte definitivo en marzo de 1961 de la cuota azucarera cubana en el mercado estadounidense, hubiese bastado para destruir la Revolución si no se hubiese contado con la solidaridad del antiguo campo socialista.
La finalidad perseguida, descrita por el subsecretario de Estado Lester Mallory en abril de 1960 mantiene plena vigencia: “El único medio previsible para enajenar el apoyo interno es a través del desencanto y el desaliento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas [...]. Una línea de acción que tuviera el mayor impacto es negarle dinero y suministros a Cuba, para disminuir los salarios reales y monetarios a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.[1]
Las afectaciones a la producción azucarera se habían iniciado desde octubre de 1959 con el bombardeo de centrales azucareros y el lanzamiento de sustancias incendiarias a plantaciones cañeras.
El 29 de septiembre de 1960, el gobierno de Estados Unidos suspendió las operaciones de la planta de concentrado de níquel en Nicaro y al día siguiente el Departamento de Estado recomendó a los ciudadanos norteamericanos “abstenerse” de viajar a Cuba, paso inicial de su prohibición absoluta. Se dejaron de ingresar millones de dólares, dado que el turismo estadounidense era el de mayor cuantía. El 19 de octubre de 1960 el Departamento de Estado anunció “medidas generales de control a fin de prohibir las exportaciones norteamericanas a Cuba”, que dio inicio al bloqueo.
MEDIDAS DE LA OPERACIÓN MANGOSTA Y DE LA POLÍTICA “DE MÚLTIPLE VÍA”
El paso decisivo en la oficialización del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba lo realizó el presidente John F. Kennedy, al dar cumplimiento a la Sección 620 (a) de la Ley de Asistencia Exterior, de septiembre de 1961, mediante la Proclama Presidencial 3447, del 3 de febrero de 1962. Su raíz genéticamente subversiva se percibe si se conoce que fue el resultado de una de las 33 medidas (la número once) de la Operación Mangosta.
El documento rector de la Operación Mangosta explicaba la finalidad de las presiones económicas: “La sublevación necesita un movimiento de acción política […] La acción política será apoyada por una guerra económica que induzca al régimen comunista a fracasar en su esfuerzo por satisfacer las necesidades del país […]”.[2] Medidas específicas de la operación perseguían dificultar la entrada de divisas resultantes de la exportación de productos tales como azúcar, níquel, tabacos, frutas y otros, así como encarecer los fletes. Es de esta Operación la formulación de que la Revolución podía ser debilitada “si el flujo de dólares hacia el país se elimina a través de la pérdida de las líneas de crédito”.
El fracaso de la Operación Mangosta trajo consigo una nueva política subversiva contra Cuba, conocida como “de Múltiple Vía”. En su contexto, el 8 de julio de 1963 el Departamento del Tesoro, apoyándose en la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, puso en vigor las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos, que le confirieron al bloqueo sus rasgos fundamentales, en particular la gran preeminencia dada a las presiones financieras. Su aplicación trajo consigo el congelamiento de los fondos cubanos en bancos de Estados Unidos; la prohibición de todas las transacciones financieras y comerciales que no estuvieran bajo licencia; la prohibición de exportaciones cubanas a Estados Unidos; la prohibición a cualquier persona de cualquier nacionalidad y lugar de establecer transacciones no autorizadas con Cuba en dólares estadounidenses, e hicieron suyas las regulaciones sobre exportaciones a Cuba emitidas por el Departamento de Comercio.
Pocos días antes, el 18 de junio de 1963, el presidente Kennedy había aprobado una denominada “Política encubierta y programa integrado de acción hacia Cuba”, a cargo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), con seis direcciones de trabajo. Una de ellas fue denominada “Acciones de obstaculización en la economía sobre una base incrementada”, a todas luces el complemento, con medios y métodos encubiertos, de las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos. Aquellas acciones, en conjunción con las sanciones norteamericanas abiertas, “causarían un efecto adverso en la economía cubana, con un máximo impacto si se combinaban con las acciones de sabotaje”, lo que sería supervisado “por un comité inter-agencia con autoridad para llamar a la rápida acción de los órganos participantes”. [3]
La IX Conferencia de Consulta de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada en Washington el 26 de julio de 1964, llamó a la interrupción de todo intercambio comercial directo o indirecto con Cuba. La no pertenencia de Cuba a la OEA le impedía recibir fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Unido a ello y al amparo en su poder de veto sobre el Fondo Monetario Internacional, a partir de 1964, Estados Unidos logró que Cuba se viera privada de fondos del Banco Mundial. Con ello se cerró toda posibilidad de utilización de los mecanismos financieros internacionales del sistema capitalista.
Según la Enmienda Hickenlooper, de octubre de 1964, ningún tribunal norteamericano podía dictar sentencia a favor de los intereses de otros estados, cuando se tratase de nacionalizaciones de propiedades norteamericanas a partir del 1ro. de enero de 1959, incluso ni aunque fuera invocando un principio clave del Derecho Internacional tal como la doctrina del poder soberano.
A fines de 1964, el Departamento del Tesoro congeló los fondos en Estados Unidos del Banco del Atlántico, de México, por realizar operaciones, en dólares estadounidenses, con nacionales cubanos. A pesar de las protestas gubernamentales mexicanas, los fondos no fueron desbloqueados hasta el cese de aquellas operaciones.
En 1965 se modificó el sistema del grupo de países del Departamento de Comercio, en países de grupos T, V, W, X y Z. Cuba fue ubicada en el grupo Z, categoría más restrictiva.
En 1969, el Departamento de Comercio enmendó sus disposiciones sobre exportaciones. Con Cuba su política fue cierre total.
Durante esta primera etapa, quedaron sentadas las bases de la persecución financiera contra nuestro país, la cual se puso de manifiesto desde antes del establecimiento oficial del bloqueo. Posteriormente se sustentó en leyes y regulaciones administrativas que todavía hoy continúan en vigor.
* Autor del texto Bloqueo. El asedio económico más prolongado de la historia, Editorial Capitán San Luis, La Habana, 2003. Primer Investigador en el Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado.
** Funcionaria del MINREX.
[1] Department of State: Foreign Relations of United States, 1958-1960, volume VI, Cuba, United States Government Printing Office, Washington, 1991, “Memorandum From the Deputy Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs (Mallory) to the Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs (Rubottom), Washington, April 6, 1960”, p. 886.
[2] Department of State: ob. cit., volume X, Cuba 1961-1962, 1996, “The Cuba Project”, January 18, 1962, pp. 713.
[3] Department of State: ob. cit., 1961-1963, volume XI, Cuban Missile Crisis and Aftermath, 1996, “Paper Prepared by the Central Intelligence Agency for the Standing Group of the National Security Council, Washington”, June 8, 1963, p. 830.
Fuente: Periódico Granma
Fidel: La hora del deber
18 de Outubro de 2014, 11:47 - sem comentários ainda
No tardó nuestro país un minuto en dar respuesta a los organismos internacionales ante la solicitud de apoyo para la lucha contra la brutal epidemia desatada en África Occidental.
Es lo que siempre ha hecho nuestro país sin excluir a nadie. Ya el Gobierno había impartido las instrucciones pertinentes para movilizar con urgencia y reforzar al personal médico que prestaba sus servicios en esa región del continente africano. A la demanda de Naciones Unidas se dio igualmente respuesta rápida, como se ha hecho siempre ante una solicitud de cooperación.
Cualquier persona consciente sabe que las decisiones políticas que entrañan riesgos para el personal, altamente calificado, implican un alto nivel de responsabilidad por parte de quienes los exhortan a cumplir una peligrosa tarea. Es incluso más duro todavía que la de enviar soldados a combatir e incluso morir por una causa política justa, quienes también lo hicieron siempre como un deber.
El personal médico que marcha a cualquier punto para salvar vidas, aun a riesgo de perder la suya, es el mayor ejemplo de solidaridad que puede ofrecer el ser humano, sobre todo cuando no está movido por interés material alguno. Sus familiares más allegados también aportan a tal misión una parte de lo más querido y admirado por ellos. Un país curtido por largos años de heroica lucha puede comprender bien lo que aquí se expresa.
Todos comprendemos que al cumplir esta tarea con el máximo de preparación y eficiencia, se estará protegiendo a nuestro pueblo y a los pueblos hermanos del Caribe y América Latina, y evitando que se expanda, ya que lamentablemente se ha introducido y podría extenderse en Estados Unidos, que tantos vínculos personales e intercambios mantiene con el resto del mundo. Gustosamente cooperaremos con el personal norteamericano en esa tarea, y no en búsqueda de la paz entre los dos Estados que han sido adversarios durante tantos años sino, en cualquier caso, por la Paz para el Mundo, un objetivo que puede y debe intentarse.
El lunes 20 de octubre, a solicitud de varios países del área, tendrá lugar una reunión en La Habana con la participación de importantes autoridades de los mismos que han expresado la necesidad de dar los pasos pertinentes para impedir la extensión de la epidemia y combatirla de forma rápida y eficiente.
Los caribeños y latinoamericanos estaremos enviando también un mensaje de aliento y de lucha a los demás pueblos del mundo.
Ha llegado la hora del deber.
Fidel Castro Ruz
Octubre 17 de 2014
9 y 23 p.m.
¿Cerca de la Paz?
18 de Outubro de 2014, 1:11 - sem comentários ainda
Ninguna reforma en trámite se parece a lo acordado en La Habana, lo que pone en evidencia que la expansión de la democracia por ahora queda postergada como una grave constancia de que el gobierno nacional se resiste a remover las causas del alzamiento armado, dándonos la razón a quienes por las armas o por el camino de la lucha social y política, reivindicamos la democracia como un primer paso para la reconciliación nacional.
Es positivo alentar la esperanza de paz luego de 50 años de guerra; lo que es incorrecto, ética y políticamente, es crear falsas expectativas de paz cuando al país se le imponen políticas reaccionarias que profundizan la violencia, la pobreza y la desigualdad social. Y es peor, que se diga que estamos a un paso de lograr la paz cuando el terrorismo de Estado se ensaña contra los defensores de DD HH, y líderes de movimientos políticos y sociales.
No vengan a decirnos que más allá del paramilitarismo no está la mano tenebrosa de empresas transnacionales, de algunos grupos empresariales de etiqueta nacional, de latifundistas, de instituciones del Estado y de políticos de derecha que participan del conciliábulo que sumergió al país en la guerra interna. Este asunto hay que resolverlo sin más dilaciones.
Está claro que el paramilitarismo es apenas un instrumento de algunos factores de poder, que cuando no actúa directamente, en su nombre lo hacen algunos comandos de las fuerzas armadas o de la policía. Por ello la solución está en manos del Estado y no en otras.
Activos como están los enemigos de la paz es imposible pensar que se ha avanzado tanto como para decir que estamos transitando ya hacia lo que suelen llamar el "posconflicto", cuando en la realidad se está es escalando la confrontación bajo cálculos aritméticos porfiados e ilusorios en los que proyectan, que a más insurgentes muertos, más condiciones se le pueden imponer a las FARC-EP en la Mesa de diálogo.
La confrontación armada debe cesar para alivio sobre todo de la población que padece su rigor, pero no basta con ello. Desde ya se deben implementar políticas para la normalización nacional que implican esfuerzos integrales y simultáneos. Es decir, un compromiso de todos los factores de poder con la solución política al conflicto. Dicha normalización debe ser consecuencia de la solución de grandes problemas políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales que configuran el gran mapa de la desigualdad y la pobreza. Pero esta no se ve en el horizonte del gobierno nacional.
Si los factores de poder político y económico dominantes no transigen para lograr soluciones de fondo a las causas de la rebelión armada y de la inconformidad social, objetivamente la paz no está a la vuelta de la esquina como lo pregona el gobierno. Es más probable que pronto digan que la guerrilla dio un paso atrás y que por nuestra culpa no se logró el propósito nacional de la reconciliación. Pero quiénes son realmente los responsables: ¿quiénes abogamos por el armisticio y los cambios que benefician al pueblo, o quienes persisten en el guerrerismo mientras se entregan nuestras riquezas naturales a las transnacionales?
La transparencia con el país en este proceso de conversaciones está en el ensamble de la voluntad política manifiesta y la acción política concreta para implementar lo que se le ha prometido a Colombia. Lo demás, es baratija demagógica.
Tomado dePaz FARC-EP